La Oficina Comunitaria de Carabineros de Los Lagos realizó una campaña solidaria para ir en ayuda de una niña de 5 años que padece Neurofibromatosis y que producto de su enfermedad debe usar pañales.

Por las condiciones económicas que esto involucra, la madre de la menor, Mercedes Monsalve Veloso, solicitó la posibilidad de realizar esta cruzada que consistió en la recolección de pañales talla "XXG", los cuales fueron reunidos en dependencias de la propia comisaría local.

En total y de acuerdo a lo informado por la institución uniformada, se reunieron 442 pañales desechables y 150 toallitas húmedas las que fueron donadas por particulares, de forma voluntaria. El aporte fue entregado ayer a la familia por parte de personal de Carabineros.

Luego de la denuncia por la tenencia ilegal de alerce de una funeraria de la región, la Corporación Nacional Forestal, la PDI y el Servicio de Impuestos Internos realizaron un operativo fiscalizador dedicado a determinar la legalidad de la madera empleada para la construcción de féretros en funerarias de La Unión.

La acción tuvo un positivo resultado porque las empresas funerarias fiscalizadas cumplían con las normas y pudieron comprobar la legalidad de su materia prima.

Fredy Ortega, director regional de Conaf, manifestó su conformidad con dicho resultado expresando que "un resultado positivo quiere decir que hay interés por cumplir con la legislación forestal por parte de las funerarias y además significa que hemos hecho un buen trabajo en lo relativo a la información".

Por su parte, el comisario (s) de la PDI en La Unión, Alexis Lara, dijo que "este operativo se da en el marco de una investigación por el hallazgo de madera de alerce, presuntamente utilizada para este propósito, y la intervención que se hizo a establecimientos comerciales funerarios buscaba justamente determinar si existía otro incumplimiento legal".

Juan Vargas Oñate

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia absolvió a Jaime Uribe Montiel de la acusación de homicidio frustrado en contra del comisario de Carabineros de Río Bueno, mayor Juan Pablo Ríos, y en su veredicto dado a conocer ayer, sólo lo encontró culpable del porte y tenencia ilegal del revólver calibre 38 que llevaba consigo al momento del incidente registrado en enero pasado como parte del desalojo de una toma en el fundo Lumaco, en Río Bueno.

En ese sentido, los jueces estimaron insuficientes las pruebas y méritos expuestos por el fiscal Sergio Fuentes y los abogados querellantes de la intendencia regional y del propio oficial durante el juicio, como para acreditar que hubo intencionalidad de matar del imputado.

En consecuencia, el tribunal acogió en su resolución, los argumentos de los abogados defensores Pablo Ortega y Karina Riquelme, quienes esgrimieron que el disparo que impactó en el chaleco antibalas del comisario "fue un accidente producto de un forcejeo", cuando Uribe era reducido por otros funcionarios policiales.

También y sobre la convicción que la acusación del fiscal, resultó ser insuficiente y carente de méritos, el tribunal absolvió igualmente a Uribe de las imputaciones de usurpación de terreno y porte y tenencia ilegal de una escopeta calibre 16, con ocho cartuchos.

Por lo anterior, los jueces Ricardo Aravena (presidente), María Soledad Piñeiro y Germán Olmedo, quienes integraron el tribunal, sólo imputaron a Jaime Uribe Montiel, el delito de porte y tenencia ilegal del revólver calibre 38, con su número de serie borrado, y sus seis proyectiles.

El acusado, que estaba privado de libertad desde el 12 de enero, quedó ahora con la medida cautelar de firma y arraigo local, hasta que el próximo martes 24, el tribunal dicte la sentencia definitiva que recaerá en su contra y que podría ser de tres años y un día de prisión con pena remitida, ya que no posee antecedentes penales.

Tras este veredicto, el fiscal Sergio Fuentes informó que esperará la sentencia definitiva que el Tribunal Oral en lo Penal dará a conocer el próximo martes y que recaerá sobre Jaime Uribe Montiel, para resolver si recurre ante la Corte de Apelaciones, para anular el juicio. En tanto, los abogados defensores, Pablo Ortega y Karina Riquelme, reiteraron tras conocer la absolución del tribunal, que la parte persecutora "no iba a lograr configurar el dolo en las acusaciones de usurpación de terreno, ni probar el extremo en el homicidio frustrado".