Juan Vargas Oñate

El abogado Eduardo Sánchez, defensor de Rudy Mansilla, la pareja de la ingeniera comercial , María Carolina Hidalgo Aguilera -hallada muerta después de estar desaparecida durante 28 días- manifestó su desacuerdo y cuestionamiento con la forma cómo fueron extraídos desde el río el vehículo y el cuerpo de la profesional, quien estaba en su interior.

Al referirse a la investigación en curso, dijo que de haber estado en ese momento a cargo de la defensa de Mansilla habría señalado sus reparos y apoyado lo que proponía la PDI : "Extraer juntos el vehículo y el cuerpo en su interior, para periciarlos sobre la superficie y no bajo el agua, donde hubo que romper vidrios para retirar los restos de la joven, lo que ya significó alterar el sitio del suceso".

Sin embargo, y consultado sobre la investigación, el abogado dijo visualizar y valorar "la objetividad de la fiscal (María Isabel Ruiz-Esquide) en la investigación, superando la presión y el ánimo de una familia (de María Carolina) que desea cuánto antes que mi representado sea formalizado y verlo perjudicado".

En esta línea, destacó que si bien Mansilla está en calidad de imputado como testigo "no ha sido hasta ahora formalizado y no recae sobre él ninguna medida cautelar, porque si permanece en Panguipulli -pudiéndolo hacer en cualquier otro lugar- es porque ahí tiene un familiar y desea estar cerca y disponible para la Fiscalía, para seguir cooperando, como lo ha hecho desde un comienzo".

Líneas de investigación

A juicio del abogado, la familia Hidalgo Aguilar "no quiere abrirse y tampoco aceptar la posibilidad de una autoeliminación de parte de la joven, algo por cierto muy lamentable y doloroso, pero que es una de las líneas de la investigación que lleva adelante la fiscal".

En este mismo orden, añadió que la familia "se ha quedado con esa alta médica de un tratamiento psiquiátrico que ella dijo haber recibido".

Agregó que por el momento no conoce ningún resultado de las pericias practicadas al cuerpo de la joven y al vehículo, pero recordó el preinforme del Servicio Médico Legal, que ha establecido como "indeterminada" la causa del deceso, "e incluso preliminarmente también, dejando ver que no hay en el cuerpo señales de participación de terceras personas", sostuvo.

Un hombre de 63 años murió trágicamente al volcar en el sector de Puerto Nuevo, en La Unión, una camioneta en la que viajaba como copiloto y que conducía su hijo.

Carabineros identificó a la víctima como Dagoberto Solís Uribe y al conductor como Víctor Solís Vásquez (34), quien sufrió múltiples lesiones y fue hospitalizado en la capital del Ranco. No presenta riesgo vital.

Según la información policial, el conductor de la camioneta patente FFRS-78, al parecer no portaba su licencia de conducir. El accidente ocurrió a las 20 horas del martes.

La víctima fatal falleció en el mismo lugar del accidente, a consecuencia de las graves lesiones producidas por el volcamiento en una zona recta de la ruta T-75, a la altura del kilómetro 5. Carabineros señaló que encontró el cuerpo de Dagoberto Solís Uribe en el asiento posterior del vehículo, presumiéndose que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que el violento impacto del volcamiento lo sacó de donde iba sentado.

La SIAT de Carabineros investiga ahora las causas basales del accidente.

El Sename Los Ríos, por medio de un Programa de Representación Jurídica, presentó ayer seis querellas contra quienes resulten responsables de los delitos de violación y abuso sexual, de los cuales fueron víctimas dos hermanas en Paillaco, y cuyos autores ya están formalizados por el Ministerio Público y en prisión preventiva, en Llancahue.

Desde esta entidad se dijo que con las querellas se persigue obtener las máximas sanciones para los responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores.

De los seis detenidos, cuya identidad la Fiscalía mantiene en reserva por el momento, cinco de ellos están acusados por el delito de violación y uno, por abuso sexual.

También se informó que, tanto para la niña afectada como para su hermana, se han solicitado evaluaciones psicosociales especializadas que permitan realizar un tratamiento de reparación. El Sename, recalcó que continuará estableciendo las medidas necesarias que permitan restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, exigiendo a su vez el máximo rigor de la ley para los responsables.