La Ley 20.850, más conocida como "Ricarte Soto", comenzó a regir ayer para la priorización de cobertura financiera y garantía de oportunidad a los tratamientos establecidos en 11 patologías de alto costo (sobre $ 250 mil al mes).

La primera fase de la norma, que beneficia a 4.400 personas, se publicó ayer en el Diario Oficial, con una vigencia inmediata y hasta el 31 de diciembre de 2016, con $ 30 mil millones para este año, $ 60 mil millones para el próximo y $ 100 mil millones en 2017.

Por esta iniciativa, los pacientes podrán comenzar a ser derivados por sus médicos tratantes a Fonasa, que determinará un prestador encargado de confirmar el diagnóstico y aplicar el protocolo de tratamiento.

Las 11 enfermedades tienen un protocolo que establece las características de las patologías, las prestaciones cubiertas por el Estado, el seguimiento del paciente y las garantías de oportunidad, con plazos que van desde cuatro días hábiles para el diagnóstico a otros 60 para la entrega del tratamiento. "Con la publicación del decreto se inicia el proceso de entrega de medicamentos y de la definición de las enfermedades, es decir, esto ya empieza con la formalidad a través de la ley", dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Periodo de prueba

La secretaria de Estado agregó que habrá un periodo de tres meses de marcha blanca para "establecer los flujos".

La representante de la Alianza Chilena de Pacientes, Cecilia Rodríguez, dijo que "es un primer paso pequeño, pero muy pequeño, aunque no menor. Sabemos que hay muchísima gente, la gran mayoría está fuera de esta ley todavía, por lo tanto hay un largo camino por recorrer en temas de salud".

Para obtener el beneficio, una vez que la sospecha del médico haya sido formalizada a través de un diagnóstico conocido, el paciente pasa a una comisión técnica que autoriza la entrega.

Carolina Collins

El empresario Eliodoro Matte Larraín confirmó ayer su decisión de dar un paso al costado y renunciar a la presidencia del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Su renuncia se produce tras el caso de colusión en el mercado del papel tissue que involucra a SCA Chile y a CMPC, empresa del grupo Matte.

Esa habría sido la razón que justificó que el empresario decidiera dejar su cargo, que ocupaba desde 1987, tras haber sido fuertemente cuestionado por el gremio.

La renuncia se oficializó tras la reunión del CEP que se realizó ayer y a la que asistió Matte, que no realizó declaraciones tras el encuentro. En ella participaron el ex contralor Ramiro Mendoza, y empresarios como Juan Enrique Yarur, Roberto Angelini, Martín Villarino, Wolf Von Appen y Jean Paul Luksic.

Junto con dejar la presidencia del consejo directivo, Matte además renunció a sus cargos en el Comité Ejecutivo y en el Comité de Opinión Pública del CEP.

El director del CEP, Harald Beyer, fue el encargado de confirmar la renuncia del Matte, aseverando que "se analizó la situación del presidente de la institución y no fue necesario hacer ese análisis porque el presidente presentó su renuncia indeclinable a partir de hoy día mismo".

"El consejo agradeció la gestión que por 28 años realizó el presidente saliente, Don Eliodoro Matte Larraín, reconoció que durante su período el CEP creció en términos de importancia, de influencia y que ese crecimiento no habría sido posible sin su liderazgo y entendió las razones de su renuncia", agregó.

Gobierno y el sucesor

El ministro secretario general de Gobierno Marcelo Díaz valoró el gesto de Matte, destacando que el CEP "es una institución privada y nos parece bien que los directivos de las instituciones que puedan verse afectadas por casos complejos como lo es la colusión del papel tissue, permitan que las instituciones puedan seguir su camino dando un paso al costado".

En reemplazo de Matte, el directorio nombró a Enrique Barros Bourie, abogado de la U. de Chile y doctor en Derecho en la Universidad de München, que ingresó al CEP en 1985 como consejero.