Un total de 1.373 ex agentes del régimen militar liderado por Augusto Pinochet, actualmente enfrentan a la justicia en condición de procesados, acusados o condenados, por su vinculación a delitos de lesa humanidad.

Así lo constató un informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que fue publicado ayer y que detalla que de ese total, 495 se encuentran procesados, 216 en calidad de acusados y 662 están condenados. De estos últimos, 180 están en etapa de sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados en segunda instancia por una Corte de Apelaciones y 334 por sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema.

El informe añade que 163 exagentes recibieron una pena de presidio efectivo. De ese total, actualmente 117 se encuentran en prisión y los demás ya cumplieron sus condenas, murieron mientras las cumplían o poco antes de comenzar a cumplirlas, indica el texto.

Los restantes condenados por la Corte Suprema, que suman 181, recibieron penas sustitutivas contempladas en la ley, como es el caso de la libertad vigilada.

El documento además señala que de los 117 que se encuentran en prisión, 110 cumplen sus penas en el penal Punta Peuco, construido especialmente para condenador por delitos contra los derechos humanos.

De los 117 encarcelados, cinco cuentan con beneficios como salidas dominicales o de fin se semana, mientras otros seis tienen libertad condicional, que se les otorgó al cumplir el porcentaje de condena requerido para ello y otros requisitos como buena conducta o haber manifestado arrepentimiento de sus delitos.

El reporte además indica que hasta el recién pasado 1 de diciembre, el Programa de Derechos Humanos ha presentado 84 nuevas querellas contra exoficiales, en representación de los familiares de 105 detenidos desaparecidos o ejecutados políticos.

La institución es actualmente parte querellante en 942 juicios por un total de 1.762 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Según datos de la Corte Suprema, al pasado 30 de noviembre había abiertas 1.048 causas vigentes por violaciones a los derechos humanos.

El presidente del Senado, Patricio Walker, confirmó ayer que la Cámara Alta realizará sesiones adicionales y suprimirá la semana distrital de enero para alcanzar a aprobar los proyectos pendientes de la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno.

Tras reunirse con el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y el titular de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, Walker anunció que "acordamos por unanimidad con los comités que la última semana de enero va a ser semana de sesión legislativa. Era semana regional, pero queremos cumplir con la meta de aprobar los seis proyectos de ley en materia de probidad y transparencia".

Roberto Angelini declara en calidad de testigo por el caso Corpesca

El empresario Roberto Angelini, llegó al Ministerio Público para declarar en calidad de testigo en el marco del caso Corpesca. El directivo del grupo Angelini fue a entregar su testimonio ante la fiscal Ximena Chong, por la investigación que indaga los presuntos aportes a la ex parlamentaria Marta Isasi y el senador UDI Jaime Orpis en momentos en que se tramitaba en el Congreso la ley de pesca. Ayer también atestiguó en la Fiscalía Centro Norte el gerente general de Corpesca, Claudio Elgueta, quien se retiró sin emitir declaraciones. Elgueta asumió la gerencia en 2013, tras la salida de Francisco Mujica, quien fue imputado en la causa. El 18 de noviembre pasado se conocieron una serie de correos electrónicos entre Isasi y representantes de la pesquera.