La presidenta del Partido Socialista, senadora Isabel Allende, dijo que Chile "no está en condiciones de universalizar la gratuidad al cien por ciento" al comentar el fallo del Tribunal Constitucional que calificó de discriminatorios y arbitrarios los criterios para establecer la gratuidad en 2016. "Todas las políticas públicas de nuestro país necesariamente hacen discriminaciones. Uno hace cortes para el ingreso ético familiar, uno hace cortes para recibir subsidios en la vivienda, uno hace cortes para una pensión solidaria", dijo la parlamentaria a radio Cooperativa.

Una aspiración

La ex presidenta del Senado agregó que "nuestro país no está en condiciones de universalizar, como nosotros quisiéramos y a eso aspiramos algún día llegar, la gratuidad al 100 por ciento".

"Es completamente lógico que el Estado también vele y le dé garantías a los estudiantes y a sus familias. No queremos repetir carreras que después desaparecen, universidades que después hay que disolverlas. Es necesario exigir, si avanzamos en gratuidad, también calidad y ciertos requisitos", añadió.

Respecto de las posibilidades legislativas que tiene La Moneda para cumplir con el inicio de la gratuidad el próximo año tras la resolución del Tribunal Constitucional, la parlamentaria PS agregó que "nosotros acordamos de que si fuera por la vía administrativa o fuera vía una ley, aunque tuviéramos que sesionar el día 24 (de diciembre) estamos disponibles para hacerlo".

23 de diciembre la fecha tope en que el TC debe entregar el fallo completo sobre la glosa de gratuidad.

27 de diciembre es la fecha en que comienza el proceso de postulaciones a las universidades.

Mauricio Mondaca

Entregar gratuidad a 315 mil alumnos que pertenecen al 50% más vulnerable del país, matriculados en instituciones acreditadas por cuatro años, sin discriminar entre planteles del Consejo de Rectores o instituciones privadas. Esa es la iniciativa con la que llegó ayer un grupo de parlamentarios de Chile Vamos a una cita con la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

La idea de los dirigentes de oposición es elevar el número de alumnos que accedan a la gratuidad en 2016 de los 200.000 que planteaba el Gobierno hasta al menos 315.000.

¿Cómo hacerlo? Una de las estrategias contempla reasignar los recursos de un fondo de garantía Corfo aprobado este año en la Ley de Presupuestos, que estaba destinado para la compra de colegios subvencionados por la Ley de Inclusión.

"Esto significa que en vez de gastar en comprar fierros y ladrillos de colegios que ya existen, esos dineros vayan a los estudiantes más vulnerables del país sin discriminación arbitraria", dijo el diputado Jaime Bellolio (UDI).

Según el parlamentario, serían alrededor de US$ 400 millones que irían directamente a financiar la gratuidad del 50% más vulnerable, que asistan a instituciones de educación acreditadas.

Bellolio agregó que otra alternativa es crear una beca de gratuidad que cubre la brecha entre el arancel real y el arancel de referencia.

Desde la UDI afirman que la entrada en vigencia de este fondo se podría aplazar en un año con el fin de financiar la gratuidad solo por 2016.

Dudas por beneficiados

El Gobierno manifestó que tras el fallo del Tribunal Constitucional se verá disminuido el número de alumnos beneficiados con la gratuidad, llegando a un piso de 140 mil alumnos de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), 60 mil menos que la propuesta original en la Ley de Presupuesto.

El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Alejandro Santana, comentó que "le hemos entregado al Gobierno un propuesta incluyente, que va en la linea de que todos los estudiantes sean favorecidos y que pertenecen al 50% más vulnerable. Dependemos de la voluntad de la Presidenta".

Los parlamentarios dijeron que buscan un acuerdo con el Mineduc y que la ministra Delpiano gestionará un encuentro con la Presidenta Bachelet para entregarle el documento.

"Estamos disponibles incluso para legislar de manera acelerada el día 21 cuando conozcamos el fallo, siempre y cuando se respete el principio de no discriminación arbitraria que tanto han defendido algunos personajes de la Nueva Mayoría", dijo el diputado José Manuel Edwards (RN).

"En vez de gastar en comprar fierros y ladrillos de colegios que ya existen, esos dineros vayan a los estudiantes más vulnerables del país".

Jaime Bellolio, Diputado de la UDI

"Estamos disponibles incluso para legislar de manera acelerada el día 21 cuando conozcamos el fallo".

Juan Manuel Edwards, Diputado de RN

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó ayer que la gratuidad podría financiarse con parte de los recursos que obtienen las Fuerzas Armadas a través de la Ley Reservada del Cobre. "Si uno hace esta discusión y se deja resguardado lo que necesitan las Fuerzas Armadas, evidente que van a sobrar recursos que pueden tener un fin social, y qué mejor ayudar y contribuir a financiar algunas cosas que hoy día no logra financiar por sí misma la reforma tributaria", dijo el senador luego de reunirse con la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

El timonel del PPD agregó que "una cosa es garantizar las inversiones plurianuales que necesita la defensa chilena, y en eso toda la reserva que corresponda, pero otra distinta es el mal uso de los recursos fiscales como ha sucedido con esta ley", respecto la investigación que llevan adelante la Fiscalía Militar y el Ministerio Público por el supuesto mal uso de recursos en el denominado "Milicogate".

"Otra cosa discutible es si Chile necesita tener US$ 5 mil millones guardados cuando ha renovado gran parte de su flota, del equipamiento que necesita renovar. Aquí hay una discusión muy válida y eso no significa, desde ningún punto de vista, dejar de inyectar los recursos que las Fuerzas Armadas necesitan, pero lo que no podemos tener es recursos de esto para terminar jugándolos en el casino", argumentó.

Quintana se reunió ayer con la jefa del Mineduc para analizar fórmulas para cumplir con el inicio de la gratuidad en 2016, luego del fallo adverso del Tribunal Constitucional.

Para el parlamentario, la propuesta de Chile Vamos es "absolutamente populista" y "no tiene viabilidad alguna".

"Ellos saben perfectamente la situación económica que el país tiene. Ellos fueron los que más insistieron en que el gasto público no podía expandirse más de lo que creció, entonces, yo llamo simplemente a la consecuencia", dijo el senador por La Araucanía respecto de la propuesta.