Pese a que a su salida de la Fiscalía Nacional el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, señaló que había renunciado a su derecho a guardar silencio durante su declaración como imputado por el caso SQM, ayer se conocieron detalles del interrogatorio. Entre ellos, que a la mitad de la diligencia hizo uso de ese derecho.

"He renunciado a mi derecho a guardar silencio. Le he planteado a la Fiscalía que mi declaración sea pública. A su vez, he aportado un conjunto de documentos que creo importantes para la investigación. Confirmo y reafirmo que he actuado de acuerdo a la ley, de manera legal", fueron sus palabras a la salida del Ministerio Público, donde fue interrogado por los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.

El líder del PRO comenzó con una "exposición" respecto a lo que su abogado, Ciro Colombara "consideraba importante aportar a la investigación", según publicó ayer La Segunda.

Sin embargo, su actitud cambió una vez que los persecutores le preguntaron "cómo se gana la vida". Ahí fue cuando el interrogatorio alcanzó su punto de mayor "tensión", según señaló el medio mencionado.

Fue en ese momento que el ex candidato a La Moneda decidió acogerse al derecho a guardar silencio.

Luego tampoco quiso responder cuando se le consultó por los medios de pago a través de los que recibe dinero, negándose a decir si eran en efectivo o mediante depósitos. Asimismo, rechazó detallar en cuántas sociedades participa.

En ese momento, según el vespertino, Colombara manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se desarrollaba, a lo que los fiscales respondiendo que la dirección del interrogatorio lo definen ellos y no los testigos. Ahí fue cuando ME-O pidió un receso, tras el cual dejó de responder las consultas de los persecutores.

Enríquez-Ominami se presentó a declarar el lunes, 54 días después de haber sido citado a atestiguar como imputado. El ex diputado está siendo investigado por los $362 millones que SQM Salar pagó entre 2011 y 2013 a la empresa de su ex mano derecha, Cristián Warner.

El Ministerio del Interior confirmó ayer que la Presidenta Michelle Bachelet decidió proponer al Senado el nombre del abogado Jorge Bermúdez Soto como nuevo candidato a contralor general de la República, en reemplazo de Ramiro Mendoza, quien dejó el cargo en abril de este año.

El nombre de Bermúdez surge dos meses después de que la Cámara Alta rechazara a Enrique Rajevic, carta inicial que había sido respaldada por el ministro del Interior, Jorge Burgos. S u nombre causó controversia por haber colaborado en varias ocasiones con la antigua Concertación por lo que se criticó su falta de "independencia política".

El Gobierno ya envió el oficio al Senado para que se convoque una sesión con el fin de votar la postulación del abogado, quien ayer expuso ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

El nombre de Bermúdez, a diferencia del candidato anterior, generó de inmediato consenso a nivel transversal. Tanto desde la Nueva Mayoría como desde Chile Vamos, valoraron su nominación.

El vocero del bloque opositor y presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseveró que se trata de "un nombre que había estado en la mesa desde hace bastante rato y nosotros siempre manifestamos nuestro mayor interés, porque fuera alguien de la Contraloría, pero personas como Jorge Bermúdez por su independencia, trayectoria, por su calidad académica nos parecían una buen alternativa".

El líder del gremialismo además deslizó que en su opinión, Bermúdez generará consenso al interior de Chile Vamos. "Vamos a evaluarlo junto con nuestras bancadas de la oposición, pero tengo la impresión que es un nombre que tiene aceptación dentro de nuestro sector", sostuvo.

Por su parte el vocero de la Nueva Mayoría y timonel del PPD, Jaime Quintana, afirmó que lo considera "un buen nombre" y señaló que "nos parece que Jorge Bermúdez tiene los méritos, la formación, la trayectoria académica y además el desempeño público que es lo aconsejable siempre en el contralor". El presidente de la DC Jorge Pizarro, en tanto, apuntó sus críticas a la oposición, recordando las razones por las que se rechazó el nombre de Rajevic y argumentando que su caso no es distinto al de Bermúdez. "Me llama la atención que la derecha no haga hoy día los cargos en contra del candidato como si le hizo a Rajevic, porque lo que es válido para uno es válido para otro, y entiendo que el señor Bermúdez tiene incluso muchas más consultorías y asesorías en el aparato del Estado", dijo.

La Cámara de diputados aprobó con 72 votos a favor el proyecto que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que encomiende al Ministro del Interior y Seguridad Pública, el estudio de la viabilidad de establecer sistema de acceso a recintos deportivos, con ocasión de espectáculos de fútbol de alta convocatoria, a través de sistema de identificación de huella dactilar. La medida busca que -a través de la base de datos del Servicio de Registro Civil- se pueda evitar el ingreso de personas con prohibición de acceso a estos recintos, como a su vez, la identificación de personas que efectivamente causen disturbios al interior del recinto.

En concreto, se pide, entre otros puntos, la dictación a la brevedad el Reglamento de la Ley de Derechos y Deberes de los Asistentes y Organizadores de Espectáculos de Fútbol Profesional.

Remueven a jefe policial por incidentes en partido de fútbol

Carabineros habría definido remover al jefe operativo de Valparaíso, coronel Fernando Bywaters, por los incidentes ocurridos el pasado 6 de diciembre en esa ciudad, que terminó con la suspensión del partido entre Colo Colo y Wanderers. A la gravedad de los desmanes se suma la aparición de un informe que advertía previo al partido de la posibilidad de que la hinchada local intentara boicotear el partido que definía en parte quién sería el campeón del Torneo de Apertura, con el objetivo de que Colo Colo no celebrara un posible triunfo en el campeonato en la cancha. Bywaters asumiría así un nuevo cargo en la institución. En total 14 personas fueron detenidas por los incidentes, pero quedaron en libertad, con la medida cautelar de no poder hacer ingreso al estadio Elías Figueroa Brander.