La policía brasileña allana residencias de altas figuras políticas
CASO PETROBRAS. Uno de los involucrados fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
La policía federal de Brasil allanó ayer por la madrugada los hogares y viviendas de altas figuras políticas en medio del caso de corrupción Petrobras. Uno de los involucrados fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien este mes inició el proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff.
Cunha es un adversario encarnizado de Rousseff y enfrenta cargos federales de corrupción acusado de haber aceptado al menos US$ 5 millones en sobornos vinculados con un escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Como titular de la Cámara Baja, Cunha tenía la prerrogativa de permitir el inicio del proceso de juicio político contra la Mandataria, cuyo Gobierno es acusado de irregularidades fiscales, como utilizar fondos de bancos estatales para cubrir brechas en el presupuesto.
Cunha, quien niega toda irregularidad, dijo que los millones de dólares que se hallaron en cuentas bancarias suizas vinculadas con él provienen de negociaciones comerciales.
En las redadas, la policía confiscó teléfonos, computadores, documentos y otros elementos, aunque no practicó arrestos. También fueron allanadas las residencias u oficinas de dos ministros del Gobierno y un senador, todos miembros del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Cunha, quien ha sido el miembro más fuerte de la coalición del Partido de los Trabajadores en el Gobierno desde que asumió la Presidencia en 2003, pero que está dividido en facciones a favor y en contra de la Mandataria. El vicepresidente de Rousseff es el titular del PMDB y, de ser sometida Rousseff a juicio político, asumiría la Presidencia.
Mientras tanto, la Corte Suprema podría dictaminar esta semana sobre la legalidad de cómo se formó en la Cámara de Diputados un comité especial para el juicio político. Por decreto de Cunha, se creó sin ningún debate y por votación secreta, y por ahora la mayoría de sus miembros favorecen enjuiciar a Rousseff.
Si dicho comité aprueba el juicio político, entonces sería sometido a una votación en pleno. De ser aprobado por dos tercios de los diputados, Rousseff sería removida del cargo hasta durante seis meses mientras el Senado decide si debe ser removida permanentemente, lo que también requeriría la aprobación de dos tercios de los senadores.