El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que la solución a la demanda interpuesta por su país ante la Corte Internacional de La Haya es una salida soberana al mar y "sin compensación" alguna. El canciller culpa a Chile de "postergar unilateralmente" las negociaciones desde hace años y asegura que tampoco hubo "voluntad" de retomarlas durante los intentos realizados con motivo de la visita a Bolivia del canciller chileno Alfredo Moreno en 2014. "La Corte Internacional de Justicia dice que Bolivia nace con mar, ven que hay un problema y por eso se han declarado competentes", afirmó Choquehuanca. Las declaraciones del canciller boliviano se produjeron durante un viaje a España, donde además dijo en entrevista con Efe que "toda crisis es una oportunidad (...) Nosotros lo que queremos no es estar mejor sino estar bien".

Carolina Collins

Para el próximo 19 de enero fue pospuesta la votación de todo lo referido a las sanciones penales que se enmarca en el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, que el Senado revisó ayer en una jornada dedicada a despachar la iniciativa.

Todas las normas relativas a sanciones penales, multas, cárcel o pérdida de escaños, por sobrepasar los aportes y gastos electorales, serán votadas la próxima semana, luego de que el lunes la Comisión de Constitución del Senado analice la redacción de algunos artículos relacionados.

El ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, sostuvo que pese a que respeta todo lo que decida el Senado, le preocupa el retraso del despacho de la iniciativa.

"Si no pasamos la próxima semana (el proyecto) a la Cámara, no vamos a tener ley y si no tenemos ley (...) no tenemos financiamiento para los partidos en enero, que es lo que todos hemos tratado de buscar", afirmó.

Una vez que el proyecto fuera despachado por la corporación, lo que estaba presupuestado para ayer, correspondía que pasara tercer trámite e incluso podría llegar a una comisión mixta después.

Hasta el cierre de esta edición, el Senado había aprobado, entre otras normas, que el Servicio Electoral (Servel) será el encargado de recibir los aportes reservados, los que no podrán superar las 120 UF ($ 3 millones), para luego entregárselos a los candidatos. Uno de los puntos que concentraron el debate fue que se acordó que el trabajo de los voluntarios en las campañas será valorizado; junto a la propuesta de la Comisión de Hacienda, con la que se aprobó que entre los 90 y los 200 días corridos anteriores a una elección, los candidatos presidenciales podrán realizar precampañas.

Así, quienes aspiren a ser candidatos presidenciales "podrán percibir los aportes permitidos y efectuar gastos electorales y límite de este gasto será equivalente al 10% de los valores para la elección", publicó el sitio del Senado.

La instancia parlamentaria además limitó sólo a los candidatos presidenciales el plazo de 200 días para poder recibir aportes, mientras que para los otros cargos se mantendrán los 90 días que estipula la ley.

Otro artículo aprobado establece que "no podrá efectuar aportes a candidato alguno o partido político, los Consejeros del Servel y sus funcionarios directivos, y las personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y residencia en el extranjero".

Los aportes que hagan los mismos candidatos a su campaña no podrá superar el 25% del gasto electoral, 20% en el caso de candidatos presidenciales y 50 UF para los concejales. También se establecieron topes en los aportes a los partidos políticos, que en caso de las personas no afiliadas será de 300 UF al año y de militantes, 500 UF.

Se aprobó que el Servel aportará a los partidos fondos trimestrales para su funcionamiento, inmuebles, y difusión. El aporte anual será de 0,04 UF multiplicadas por el número de votos en la última elección de diputados a favor de candidatos inscritos en algún partido y de independientes asociados a alguno.

"Se avanza en poder separar y sancionar a las personas que incurran en gastos que afecten a la plena transparencia".

Alfonso de Urresti, Senador PS

Cifras muy similares a las registradas en 2014 presentó ayer el Ministerio de Salud, que realizó un balance de donación y trasplante de órganos de 2015. El año pasado se registraron 120 donantes, tres menos que en el período anterior. El jefe de la Coordinadora Nacional de Trasplantes, José Luis Rojas, informó que el 53% de las familias no está a favor de donar órganos, por lo que uno de los principales desafíos de la autoridad es sensibilizar a la población respecto a esta situación. El presidente del Colegio Médico Enrique Paris, sostuvo que "es muy importante que en el seno de la familia esto se converse y además que se respete la voluntad del donante, que es lo más importante, que es lo que no ocurre en Chile". La ministra de Salud, Carmen Castillo, destacó la importancia de mejorar las cifras en la Región Metropolitana, puesto que por primera vez los seis servicios de salud de la capital se vieron superados por departamentos como el de Viña del Mar y Quillota, donde hubo 13 donantes, y el de O'Higgins, que registró 11.

Codelco informó que un trabajador murió ayer mientras realizaba labores en una mina subterránea de la división El Teniente. Eustaquio Moreno Navarro, de 53 años, murió en el yacimiento ubicado en la Región de O'Higgins. Desde Codelco informaron que se suspendieron las faenas en el lugar y que se activaron los procedimientos de rigor. La ministra del Trabajo Ximena Rincón lamentó lo sucedido y anunció una investigación para explicar las circunstancias del accidente. Rincón dijo que el Gobierno trabaja en una política nacional de seguridad que permitirá "a través de un cambio cultural que busque dar un salto hacia la prevención de los riesgos".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer la primera querella por delitos tributarios ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco del fraude al Fisco que se cometió a través de facturas falsas al interior del Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

La acción judicial fue presentada en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Cruz Valverde, quienes fueron denunciados por presuntos ilícitos previstos en el artículo 97, número cuatro, inciso primero, del Código Tributario, normativa referente a la presentación de declaraciones falsas de impuestos y de facilitación de facturas.

Los delitos denunciados habrían implicado un perjuicio fiscal equivalente a $ 158 millones entre los años 2013 y 2014.

Ambos uniformados se encuentran en prisión preventiva por la causa por el mismo caso que en la justicia militar lleva el ministro en visita Omar Astudillo.

La Fiscalía Centro Norte formalizó a Raúl Fuentes y a su hijo César Fuentes, además de Francisco Huincahue, quienes eran proveedores del Ejército.

Por otro lado, el ex jefe de la División de Mantenimiento de esa rama castrense, general (r) Héctor Ureta, reveló la falta de "cualquier mecanismo de control" en el Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, en la comisión investigadora parlamentaria que indaga el caso. Hasta ahora, la institución ha revisado 2.300 facturas ideológicamente falsas por $ 6.600 millones.