Mabel González

Por 16 votos a favor, la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó ayer al senador Jaime Orpis a raíz de la investigación que se desarrolla por el caso Corpesca.

La medida, que había sido solicitada por la Fiscalía Nacional, fue tomada después de más de tres horas de alegatos entre la persecutora a cargo del caso, Ximena Chong; la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre; el representante del Servicio de Impuestos Internos (SII), Manuel Navarrete, y el defensor del parlamentario, Carlos Cortés.

Con esta resolución, el legislador -que no estuvo presente en la audiencia- puede ahora ser formalizado por parte de la fiscal Chong.

La Corte desaforó al político por los cuatro cargos que el Ministerio Público le imputa: lavado de activos, delito tributario a través de boletas ideológicamente falsas, fraude al Fisco y cohecho. Este último es el único delito que Orpis no ha reconocido.

En la audiencia, tanto Chong como la abogada del CDE calificaron a Orpis como un "empleado remunerado" de la empresa Corpesca, ya que según detallaron, recibía unos $ 5 millones mensuales.

La defensa del ex militante UDI rechazó las acusaciones enfatizando que lo señalado por la fiscal y la representante del CDE es "absolutamente falso". "Si uno lee la historia de la ley (de Pesca) ve que el senador actuó en forma independiente, en contra de los intereses de la empresa (Corpesca) y en función de su cargo", aseveró Cortés.

Pese a ello, la Fiscalía reiteró las imputaciones y Chong argumentó que "el Ministerio Público no ha realizado esta solicitud (de desafuero) con una finalidad espuria (...) Estos son hechos graves, de alta corrupción pública y alta criminalidad económica".

La persecutora indicó que, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas entre 2009 y 2013, Orpis obtuvo fondos que alcanzan los $ 264 millones, aproximadamente $ 5,2 millones por mes, "para fines personales".

Mientras que Aguirre subrayó que "Orpis se constituyó virtualmente en un empleado de la empresa Corpesca desde 2009 a 2010" y "actuó en directo interés de la empresa, no de un interés social".

Pese a fallar a favor de la solicitud de la Fiscalía, el juez presidente de la Corte, Carlos Gajardo, señaló que hubo diferencias entre los magistrados "en cuanto a considerar el delito de cohecho y el de lavado de activos". Agregó, sin embargo, que "en definitiva, el senador ha quedado desaforado por los cuatro delitos".

La defensa anunció que apelará a la Corte Suprema.

"Orpis se constituyó virtualmente en un empleado de la empresa Corpesca desde 2009 a 2010".

Luppy Aguirre, Abogada del CDE

"El senador actuó en forma independiente, en contra de los intereses de la empresa (Corpesca) y en función de su cargo".

Carlos Cortés, Abogado defensor de Orpis

La Universidad Alberto Hurtado confirmó ayer la salida del sacerdote jesuita Fernando Montes como rector de la casa de estudios, tras 18 años en el cargo.

"Habiéndose cumplido en diciembre de 2015 un ciclo en el proceso de consolidación y madurez de un proyecto educacional altamente valorado por su rol público y vocación de servicio, el directorio ha aceptado la solicitud del rector P. Fernando Montes S.J., de ser relevado del cargo de Rector de esta institución", explicó la institución en un comunicado de prensa, sobre el motivo de la dimisión del sacerdote.

Tras esto, y de acuerdo con los estatutos de la universidad, el plantel informó que ya se constituyó un comité de búsqueda para el nuevo rector.

"En el cumplimiento de su misión, el comité consultará a diferentes personas y organizaciones de la comunidad universitaria, incluyendo a funcionarios administrativos, estudiantes y académicos. Este proceso se ajustará a los plazos y etapas fijados al efecto y que garantizan el normal desarrollo de la actividad universitaria", señaló el plantel en su comunicado.

El sacerdote jesuita Fernando Montes estuvo a cargo de dirigir la casa de estudios desde su fundación, en 1997.

Según indicaron fuentes del plantel a Emol, el ex rector seguiría ligado a la casa de estudios, pero a través de otras funciones.

La Universidad Alberto Hurtado es uno de los planteles privados que adhirió a la política de gratuidad en la educación superior impulsada por el Gobierno para este año.

Al momento de comunicar su determinación, la casa de estudios precisó que "esta importante decisión se toma con plena conciencia de los grandes sacrificios financieros que la universidad deberá afrontar". A fines de diciembre, el rector Montes detalló que el déficit de la universidad por entrar al programa es de $ 1.400 millones, a raíz de que "el Estado fija los aranceles".

Un par de meses antes, el sacerdote reconoció que "si acojo (la política de gratuidad) y no me dan aportes basales, quedo quebrado. Y si no la acojo, tendría en llamas la universidad".