Aceleradamente se trabaja en el Congreso, para despachar pronto la norma que modifica la Constitución y permite la elección democrática de intendentes en todas las regiones. El objetivo es que sea aplicada junto a las votaciones presidenciales de 2017.
Si se cumplen esos plazos, el nuevo gobierno asumirá en 2018 con un nuevo escenario de administración nacional. Tendrá autoridades regionales electas y podrá nombrar representantes propios (delegados, es la denominación más probable) para coordinar acciones con esas nuevas figuras y cumplir tareas como la seguridad pública, que seguirán respondiendo a criterios nacionales unificados.
Se trata de un cambio profundo. Por primera vez se dará opción a los habitantes de cada territorio regional para la autodeterminación política, económica y administrativa de la mayoría de las decisiones que se vinculen con ellos. Por lo mismo, en paralelo a la norma de elección de intendentes, se estudian otras que garanticen disponiblidad de recursos y atribuciones amplias para resolver materias de fomento económico, infraestructura pública y desarrollo social.
Será un paso histórico, anhelado por la mayoría de los regionalistas, sin distinciones ideológicas, pero que implica desafíos mayores. Del compromiso para asumirlos, dependerá el resultado que se logre. Los parlamentarios deben esforzarse con generosidad y sin temor a perder poder, para que la nueva ley otorgue atribuciones reales y amplias a las nuevas autoridades. Los partidos, deben garantizar que propondrá a sus mejores cartas (que conozcan y vivan de verdad en cada zona) como candidatos. Y la comunidad, que tantas veces ha escuchado culpar al centralismo por el estancamiento local, deberá informarse y participar.
Esto último no resultará sencillo. Habrá que hacer esfuerzos para superar argumentos hoy muy frecuentes como: "no voto, porque no sirve de nada; para qué otra elección, es solo gastar dinero; más gente para pagarle sueldos millonarios…", que surgen en el escenario actual de desconfianza y desprestigio de la política y las instituciones.
Se vuelve urgente, entonces, reforzar la formación cívica en todos los niveles, para que este primer paso descentralizador se dé con verdadera representatividad.