El presidente de la comisión investigadora del fraude al Ejército, diputado Jaime Pilowsky (DC), informó ayer que citará al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), luego que el ex jefe de la División de Mantenimiento de la institución, general (R) Héctor Ureta, denunciara el borrado de un computador en medio de la indagación.

"Se ha hecho costumbre botar computadores a canales y borrar los discos duros para esconder información", criticó el parlamentario, quien encabeza la instancia que investiga el caso de desfalco al interior de la institución castrense, relacionado con pagos irregulares por $ 6 mil millones con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

El miércoles, el general (R) Ureta reveló que el software de la Unidad de Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) fue borrado cuando ya se había iniciado la investigación interna. "El hecho se produjo mientras el coronel (Clovis) Montero y el cabo (Juan Carlos) Cruz se encontraban en prisión", detalló el oficial en retiro en su declaración en la comisión.

"Ureta confirmó que se robó información relevante durante la investigación. Mi preocupación es conocer cuáles son los protocolos en materia de informática del Ejército. A partir del 2012 algo pasó en CAF que los controles se diluyeron y pasaron a ser inexistentes para el pago de facturas. Tenemos que saber quién es el responsable", enfatizó Pilowsky.

Los otros citados

El legislador también anunció que serán citados a la comisión los generales (R) Jorge Salas (2012) e Iván González, quienes encabezaron la unidad donde se produjo el fraude.

Además, serán invitados los responsables del área de informática de la institución con el fin de saber qué trabajo están haciendo para recuperar la información del computador borrado cuando ya habían sido detenidos el general Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz.

Los integrantes de la comisión investigadora pedirán esta semana una entrevista con el ministro en visita Omar Astudillo para entregarle los antecedentes reunidos.

El diputado RN Nicolás Monckeberg opinó que la declaración de Ureta desmiente las versiones del Ejército.

Mabel González

El Gobierno valoró ayer la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del informe sobre el caso Caval, pero desestimó la presión que establece el documento para pedir la salida del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme.

Tanto el ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, como el titular de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, subrayaron que el futuro del funcionario será definido por el Ejecutivo y no por lo que dice el reporte emanado de las dos comisiones investigadoras que revisaron la causa.

"Nosotros respetamos la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, eso es lo que hemos visto en el día de ayer (miércoles). El informe contiene múltiples propuestas, algunas nos parecen que requieren de mayor análisis, precisamente para ver la posibilidad de acogerlas por vía legislativa o administrativa", sostuvo el ministro Díaz.

En el documento, los parlamentarios reprocharon a Riquelme por un actuar que calificaron como "imprudente", al haber recibido en La Moneda al gestor inmobiliario Juan Díaz, y además tildaron de "inadecuada" su permanencia en el cargo.

Al respecto, el vocero de Gobierno afirmó que se trata de "una materia que corresponde al Ejecutivo y, por lo tanto, es un asunto que nos corresponde solo a nosotros considerar".

Aleuy, en tanto, comentó que "como hemos dicho otras veces, nosotros valoramos todos los esfuerzos de la institucionalidad chilena por generar transparencia en el país o entregar opiniones respecto a hechos que son relevantes para la sociedad".

"Desde ese punto de vista, naturalmente haremos un análisis del informe de los parlamentarios y, como somos el Gobierno de Chile, tomaremos las medidas que nos parezcan pertinentes, somos poderes distintos del Estado, así que usaremos esos insumos pero tomaremos las decisiones que nosotros creamos que son pertinentes", agregó.

Críticas desde la UDI

Desde la oposición, el diputado UDI y ex integrante de la comisión Caval, Felipe Ward, consideró una "vergüenza" el hecho de que el Gobierno desestimara la presión que pone el reporte al instar la salida del director administrativo.

La Corporación "envió un mensaje a La Moneda y La Moneda lo bota a la basura. Lo que está haciendo la Presidenta Bachelet es botar a la basura el informe de los diputados y eso es una falta de respeto a la ciudadanía, porque nosotros representamos a la ciudadanía. Si no va a escuchar a los parlamentarios, difícilmente va a escuchar a la gente", criticó el parlamentario en una entrevista con Emol.

"Si ella (la Presidenta Bachelet) bota el informe de la comisión al tarro de la basura, va a tener que asumir ella la responsabilidad política", aseveró.

El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, negó ayer que haya recibido aportes de SQM, luego de haber sido mencionado en un informe de investigadores contratados por la minera sobre los aportes que realizó la empresa.

"Desconozco todos los antecedentes, porque vi algo de lo cual recién me entero. Solo puedo decir una cosa, y es lo único que voy a decir: he recibido aportes a través del Servel, de acuerdo a lo que la legislación permite. No tengo registro ni antecedente acerca de otros aportes", aseguró el parlamentario.

"No tengo nada que hacer ni me voy a referir a trascendidos que, francamente, son difíciles de entender", añadió.

Según el informe, publicado ayer por La Tercera, el partido político que más aportes recibió por parte de la minera no metálica fue la UDI, con un 45% de ellos.

El reporte también indicó que el timonel del partido gremialista es uno de los políticos que habría recibido pagos y que tendría vínculos con la compañía.

El documento detalla que un abogado de SQM contactó a políticos que habían recibido contribuciones, entre ellos a Larraín y sus pares Guido Girardi (PPD) y Fulvio Rossi (PS).

Es la primera vez que el nombre del presidente de la UDI aparece mencionado en estos casos.

Al ser consultado sobre si fue contactado por la minera no metálica, Larraín remarcó que "lo primero que he visto s esta información en el diario, que me ha sorprendido, y reitero que en el financiamiento de mi campaña todo ha sido hecho en conformidad a la ley".

Al ser preguntado una tercera vez, el legislador indicó que "nadie me ha contactado... lo he reiterado dos veces, no sé si una tercera vez será suficiente para que se entienda".

El único político condenado hasta ahora por el caso SQM es el ex senador Jovino Novoa, a quien la mesa directiva de la UDI decidió no sancionarlo.