El Cementerio Parque Los Laureles registró su mejor año comercial desde el 2009, según informó el gerente general de Valdicor, Felipe Spoerer. El 2015 terminó con cifras que superan los $212 millones en ingresos, un 10% por sobre lo registrado el 2014 y la mayor recaudación de los últimos cinco años. Para Spoerer, los resultados se deben a una buena administración del parque a cargo de Luis Fuentes y a una apropiada relación del personal de cobranzas con la clientela y al esfuerzo de la empresa externa que colabora en el cobro de cuotas de sepulturas y mantención.

María Alejandra Pino

"Vecinos en alerta" es la consigna con que los habitantes del sector El Bosque -de Valdivia- reclaman por el aumento de robos con fuerza que han ocurrido en el lugar y piden a las autoridades recursos para mejorar la seguridad del barrio.

Los residentes del sector hace cuatro años están agrupados en el comité de seguridad "La herradura de Dalcahue". Ello, según la delegada de una de las zonas que integran ese comité, Claudia Vásquez, les ha permitido vivir tranquilos.

Sin embargo -señaló- el principal problema que hoy los afecta es que ha aumentado la frecuencia de los robos. "Nos manifestamos para dar a conocer que los robos han pasado de ser en lugar no habitado, a viviendas con moradores en su interior".

Informó que -de acuerdo a los registros del comité- en los últimos seis meses se han registrado 12 robos en viviendas habitadas y no habitadas, además de la sustracción de dos vehículos.

En esos casos hubo dos detenciones ciudadanas, el 25 de noviembre de 2015 y el 25 de enero pasado, en ambos los involucrados eran menores de edad.

"Incluso los vehículos los robaron sacando las llaves desde las propias casas de sus propietarios, estando ellos en el interior", acotó Claudia Vásquez.

Apoyo

Esta semana los representantes de los vecinos del sector El Bosque se reunirán con la unidad de Seguridad Pública de la Intendencia.

El objetivo de ese encuentro -contó la vocera- será revisar alternativas de financiamiento para proyectos, como la implementación de alarmas comunitarias.

"Hace años que trabajamos en conjunto con el Plan Cuadrante, hay patrullajes, por lo tanto hacia allá no apunta el problema. Como comité estamos organizados y hemos postulado a proyectos; sin embargo no somos considerados grupo vulnerable por lo tanto no han sido financiados. Pero la mayoría de las personas trabajan y las casas quedan solas, sí estamos en situación de vulnerabilidad", enfatizó.

Debido a los hechos delictuales ocurridos, más vecinos del sector se han sumado al comité de seguridad, con el objetivo de trabajar en red.

Para Sergio Vidal, vecino afectado por uno de los últimos robos, la sensación de inseguridad es cada vez mayor. "Estamos las 24 horas alerta literalmente, es una sensación de inseguridad muy grande, ya que de un tiempo a esta parte, los robos han aumentado mucho".

El jueves los vecinos del sector El Bosque realizaron una manifestación que se extendió por una hora, en el área verde ubicada al costado poniente de calle Simpson antes de llegar a Mechuque. En la protesta participaron niños y adultos. La vocera del sector, Claudia Vásquez, dijo que entre las medidas que han adoptado los habitantes del sector para mejorar la seguridad en su barrio están: conocer a sus vecinos, crear grupos de whatsapp, tener silbatos para alertar en casos de emergencia.

El Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) decretó un proceso de participación ciudadana para cuantificar los costos y conflictos ambientales derivados del funcionamiento de la Planta de Reconversión de Materiales Residuales, de la empresa Rilesur, ubicada en la Ruta T-625, Reumén-Santa Laura, en Paillaco. El próximo 10 de febrero, a las 17:30 horas en la sede del Comité de Agua Potable Rural de El Llolly, se realizará una reunión a la cual fueron invitados dirigentes vecinales, de los pueblos originarios, deportivos, personeros del COSOC, ambientalistas y autoridades comunales y regionales.

La Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) expresó su preocupación ante la solicitud de Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) que hizo la comunidad indígena Rayen Mawida a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

La comunidad pidió una ECMPO llamada Pilolcura-Corral, por una zona de, aproximadamente, 48 mil hectáreas que incluyen sectores de playa, terreno de playa, porción de agua y fondo de mar.

La solicitud de la comunidad impidió que la semana pasada sesionara la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, la que debía entregar una solución al conflicto entre pescadores de Corral y el concesionario de una bencinera.

Al respecto el presidente de Fipasur, Marco Ide, señaló que "aquí hubo muchas situaciones que indican claramente que la concesión fue mal otorgada, pero habiendo una sola bencinera en Corral y pensando en el bien común los pescadores de Corral han trabajado una solución que permitiría dar tranquilidad a la población corraleña y se iba a ver este jueves en la CRUBC".

Agregó que: "Lamentablemente entramos en un nuevo problema, ya que hay una comunidad indígena que ha solicitado una ECMPO que abarca desde Pilolcura hasta Corral y eso va a traer consecuencias porque la Ley Lafkenche indica que cuando hay una solicitud de ECMPO se deben paralizar todas las tramitaciones de concesiones".

Actualmente, se encuentran en trámite solicitudes de concesión marítima para la caleta el Piojo, el Sindicato de Algueras de Niebla; ampliación de caleta Los Molinos, y caleta Bonifacio, las que quedarían paralizadas.