Carolina Collins

Una semana después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le pidiera a la Fiscalía los antecedentes del intercambio de correos electrónicos entre el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, el Ministerio Público accedió a dicha solicitud.

Según consignó La Segunda, el organismo estatal ahora podrá analizar los datos de la carpeta de la investigación y definir así si es que presentará o no una querella por los eventuales delitos de cohecho, soborno y negociación incompatible.

Anteriormente la solicitud de contar con estos antecedentes le había sido negada a la entidad, porque en un comienzo sólo existían datos relacionados a delitos tributarios, área que es de exclusiva responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La solicitud del CDE fue hecha al fiscal Emiliano Arias, quien la semana pasada anunció su renuncia a la investigación del caso SQM, luego de que la revista Qué Pasa publicara los correos que el ex ministro de Economía de la administración anterior intercambió con el ex gerente de la minera no metálica. La petición fue firmada por la procuradora fiscal del organismo, Irma Soto.

Se trata de cuatro correos electrónicos que se encontraban bajo reserva en la carpeta del caso y que fueron enviados en 2010, justo en momentos en que el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera impulsaba un royalty minero para financiar la reconstrucción. La revelación de esos correos fue la clave para que el CDE pudiera volver a pedir acceso a los antecedentes para definir si se hace parte de la causa, pues en ellos queda en evidencia que existió un intercambio de opiniones entre Longueira y Contesse, en momentos en que se buscaba impulsar un impuesto específico a la gran minería.

Esto porque el organismo sólo posee "legitimación activa", es decir, la posibilidad de actuar en la causa, si se trata de una figura penal.

Luego de que el CDE hiciera la petición el lunes de la semana pasada, The Clinic publicó otros mails anteriores y posteriores a los que se conocieron primero, que se refieren al royalty, los recursos para el financiamiento de la reconstrucción y la reforma tributaria.

Según publicó el vespertino citado, el Ministerio Público ya sabía de la existencia de los correos hace varios meses y habría sido el fiscal Carlos Gajardo quien dio con ellos, indagando los presuntos aportes que la empresa Penta le habría hecho a Longueira.

Esos aportes además habrían coincidido temporalmente con el intercambio de correos, según publicó La Segunda.

El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, notificó ayer al fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, que encabezará la investigación de la llamada arista Saydex del caso Caval, que hasta ahora estaba a cargo del persecutor Carlos Fuentes.

La Fiscalía explicó a través de un comunicado que "el objetivo de esta reasignación, radica en que el fiscal Moya cuenta con un conocimiento integral de la causa principal, y este hecho podría darle mayor celeridad a la indagatoria, pues ha tenido una activa participación en la investigación de los hechos que de una u otra manera vinculan a la empresa informática Sydex con Mauricio Valero, uno de los socios de la empresa Caval".

Saydex es una empresa de servicios informáticos que en 2012 contrató a Caval para que promocionara a la compañía entre hospitales y la posicionara para ganar licitaciones.

La firma le pagó $ 170 millones a Caval luego de haberse adjudicado $3 mil millones por servicios en el Hospital San Borja, en Maipú y en la ex Posta Central de Santiago.

Según declaró el imputado en el caso, Patricio Cordero, los pagos fueron utilizados para sobornar a Nibaldo Mora, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, con el objetivo de que licitara a favor de Saydex.

El gerente general de Saydex, Juan Rodríguez, rechazó ayer en entrevista con La Tercera que las licitaciones de la empresa hayan sido fruto irregularidades a través de Mauricio Valero, socio de Caval. "No hay absolutamente nada irregular. La contratación que nos ha cuestionado, que es del año 2011, partió meses antes de que Nibaldo Mora llegara al servicio. Y desde ya, mucho antes de que yo conociera y contratara Valero, en 2012", dijo al citado matutino.

Por otra parte, los diputados de la comisión de la Cámara que investigcó el caso Caval, pidieron ayer la salida del síndico Herman Chadwick de su cargo.

El ex presidente de la instancia, Gabriel Silber (DC), dijo a La Segunda que "cuesta entender que cuando hay infracciones graves y reconocidas por él, que lo llevaron a devolver más de $ 600 millones a la familia Wiesner, a estas alturas mantenga su condición de síndico y siga habilitado para participar de otros procesos como ministro de fe".

El diputado gremialista Felipe Ward, por su parte, señaló que "corresponde que la participación de Herman Chadwick como síndico de otros procesos sea revisada y que además dé un paso al costado".

Un joven de nacionalidad peruana, identificado como Francis Reynaldo Mamani Aquino, de 27 años de edad, murió tras pisar una mina antipersonal cuando intentaba cruzar la frontera con Chile de manera ilegal. El hecho se produjo en el Hito 14, a unos 80 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa, donde el joven falleció desangrado luego de que la mina explotaradestrozándole la pierna derecha y no pudiera recibir asistencia oportuna. La familia de la víctima fue informada de lo ocurrido el domingo, cuando fue encontrada sin vida en el lugar. Según informó Radio Uno, el Jefe de la Región Policial, general Edgar Gil, el joven sufrió el accidente en el lado chileno de la frontera y fue arrastrado por terceros que intentaron ayudarlo haciéndole un torniquete en la pierna herida, pero luego de que muriera desangrado lo dejaron abandonado. Algo similar ocurrió en junio de 2015 una persona también de nacionalidad peruana, perdió un pie por la explosión de una mina antipersonal, cuando intentó cruzar por el sector Pampa Concordia de forma ilegal.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras, dictó el 5 de febrero autos de procesamiento contra tres miembros del Ejército, en el caso de fraude con los fondos de la ley reservada del cobre. Se trata del coronel (r) Clovis Montero Barra, el cabo Juan Carlos Cruz Valverde y la sargento Liliana Villagrán Vásquez, que fueron procesados por delitos reiterados de fraude al Fisco y falsedad documental. En el caso de Villagrán se pidió la prisión preventiva. Según informó el Poder Judicial ayer, Clovis Montero fue acusado por los pagos a la empresa proveedora Frasim, mientras que Cruz y Villagrán fueron involucrados además por los pagos al proveedor Tecnometal. Según la investigación, la empresa Tecnomental (de Pedro Salinas Reyes), presentó 233 facturas por más de $ 1.300 millones, para lo que se falsearon firmas. Luego la Tesorería del Ejército transfería los montos a la firma y el proveedor la retiraba.