María Alejandra Pino

Por un 98.8 por ciento de votos a favor los vecinos aprobaron ayer la propuesta consensuada con la comunidad, la que implica que la Portuaria Corral S.A. devuelva la totalidad de los terrenos que utiliza para el acopio de chip.

La consulta ciudadana fue convocada por organizaciones sociales de la comuna de Corral y se desarrolló entre las 9 y las 17 horas, en la sede de la Unión Comunal.

Finalizadas las votaciones, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Gino Bavestrello, informó que 507 personas emitieron su opinión en las urnas.

De ellas -dijo Bavestrello- "501 apoyaron nuestra propuesta de que la Portuaria debe entregar el ciento por ciento del terreno concesionado y el ciento por ciento del terreno particular, en compensación por los 20 años que estuvo contaminando y ejerciendo una labor productiva sin tener permiso de nadie", afirmó.

Agregó que: "Estamos muy contentos del hecho de que la ciudadanía haya respondido en una consulta ciudadana creada por organizaciones sociales, sin apoyo de ningún ente gubernamental ni de ninguna empresa para lograr el éxito que hoy día (ayer) tuvimos, por lo tanto, felicitar a los corraleños y a las corraleñas que vinieron a votar durante todo el día".

Próximos pasos

El presidente de los pescadores artesanales informó que hoy, a las 11 horas, se reunirán en la Intendencia para sostener un encuentro tripartito, donde participarán la comunidad de Corral, la empresa y representantes del gobierno regional. "Allí haremos la entrega de nuestra propuesta, la empresa ya dio la de ella, por lo tanto mañana (hoy) solo vamos a definir la fecha en que ellos harán entrega a la ciudadanía de estos sitios que hoy no están siendo ocupados", dijo.

Proyecciones

A partir de ello, Bavestrello detalló que "los terrenos volverán a ser de los ciudadanos". El objetivo es ejecutar en el sitio un proyecto que cubra las necesidades de esparcimiento de la comunidad .

Los proyectos que considera la ciudadanía realizar en ese lugar son la creación de una plaza y una feria de uso público, con la intención de fortalecer la vocación turística de la zona y dar espacio a una feria corraleña.

Sin embargo, Bavestrello explicó que para definir la iniciativa a ejecutar se realizará una nueva consulta ciudadana.

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso pidió a la Corte de Apelaciones el desafuero del diputado Christian Urízar (PS), quien está imputado por el denominado caso fraude a la Intendencia de Valparaíso 2.0, ocurrido entre 2011 y 2013 cuando era consejero regional. El objetivo es poder proceder a llevar un juicio en su contra. El parlamentario está siendo investigado por presuntamente haber desviado $58 millones que estaban destinados a otros proyectos, para campaña políticas. Según la Fiscalía hay más de 100 testimonios y 300 documentos que acreditan su participación en los delitos que se le acusan. Según consignó Cooperativa, de aprobarse el desafuero, el Ministerio Público pedirá para Urízar cinco años de cárcel y que devuelva la mitad de los defraudado, que correspondería a $30 millones. Por el mismo caso también están imputados el ex presidente de la ANEF regional, Luis Vásquez, junto con Carolina Ibaceta y Lautaro Correa.

El ministro del Interior Jorge Burgos estuvo toda la jornada de ayer en la Región del Biobío, donde a primera hora encabezó un comité policial en las oficinas del Gobierno Regional en Concepción, para abordar los hechos de violencia y ataques incendiarios ocurridos en los últimos días en la zona.

En el comité participaron el intendente Rodrigo Díaz, el general director de Carabineros (S) Marcos Tello y representantes de la PDI; y se abordó de qué manera se mejorará la forma en que se han enfrentado los hechos de violencia.

El ministro hizo una dura autocrítica y aseguró que todas las agencias del Estado han fallado. Sin embargo, aseguró que el Gobierno no está eludiendo el tema y señaló que hay que mejorar la coordinación y las decisiones policiales para perseguir los delitos que se cometen en la zona. "Siempre es bueno realizar una revisión del trabajo policial y de todas las agencias del Estado", sostuvo.

En ese contexto Burgos afirmó que "si alguno de estos delitos tiene las características, no nos temblará la mano para invocar la ley antiterrorista".

"Lo que enfrentamos son delitos y al final lo que hay que perseguir son delitos. A mi no me importa quién esté detrás. Lo que le interesa al gobierno y al estado de Chile es perseguir delitos", agregó.

Tras su paso por el Biobío, el ministro Burgos se desplazó en compañía del general director de Carabineros (s), Marcos Tello, hasta la Provincia de Arauco, donde se han registrado una decena ataques incendiarios, por lo que el Gobierno ha debido invocar dos veces en los meses recientes la ley de seguridad del Estado.

En ese lugar tenía previsto visitar la subprefectura de Fuerzas Especiales de la Zona de Control y Orden Público de Arauco. Luego de eso el vicepresidente regresaría a Santiago.

La visita del secretario de Estado se produjo sólo horas después de que encapuchados incendiaran dos camiones en la comuna de Lumaco.

La misma víspera encapuchados cortaron el camino que une Cañete y Tirúa, en el Biobío, y se registraron tiroteos entre esas personas y Carabineros.

El miércoles Burgos se reunió con el intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, para abordar el mismo problema.

Con su decisión, los corraleños desecharon la propuesta que la empresa presentó el 5 de febrero en una reunión realizada en la Intendencia. De acuerdo al documento entregado por la Portuaria Corral S.A., ésta consistía principalmente en continuar el diálogo a través de la mesa de trabajo que reunió a las tres instancias; generar los lazos y medios para abrir el puerto a la comunidad y generar una relación de confianza y respeto; respaldar actividades de interés de la comuna, en especial en educación; asimismo, realizar adecuaciones a las instalaciones de la empresa para generar el menor impacto ambiental y buscar alternativas para que sean parte de la oferta turística de la zona.

En otras materias, propuso trabajar en conjunto para hacer modificaciones al plano regulador comunal; permitir el uso de la cancha de Corral Bajo como área de uso público para la comunidad; también, acordar con la comunidad la forma y condiciones de entrega del terreno concesionado de Corral Bajo y compromiso de apoyo en el desarrollo de un proyecto para la comunidad, realizar cambios en el decreto de concesión, entre otras.