El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por presunto fraude al fisco contra del ex director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), José Miguel Serrano, en la que pide pena de cárcel.

La entidad apunta que se cometió el delito de fraude al fisco y señala que "si la defraudación excediere de 400 UTM ($ 17 millones) se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo".

Según La Segunda, Serrano dirigía todos los procesos de licitación y contratación de la entidad con las empresas externas para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), posición de la que abusó durante el desarrollo de su gestión entre junio de 2014 y diciembre de 2015.

El recurso apunta a que "intervino en la asignación de unidades territoriales, revocando procesos ya iniciados, declarando desierta una segunda licitación".

Trato directo

Según el texto de la querella, que fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Santiago a principios de febrero, lo anterior se realizó "para fraudulentamente generar un trato directo que beneficiaba a dos empresas (Verfrutti y Hendaya) a pesar de tratarse de propuestas más costosas para el Estado", lo que generó sobrepagos de $ 5 mil millones.

El documento agrega que el ex director "intervino ejerciendo presiones sobre sus subalternos, indicándoles en diversas ocasiones que debían preferir a las empresas Verfrutti y Hendaya por sobre el resto de las empresas participantes".

Reparos internos

Luego de que se le hicieran reparos al ex director dentro de la propia Junaeb por los "escasos méritos históricos" que exhibía esa firma para ser sujeto de adjudicación de alguna unidad territorial, Serrano habría respondido que "al menos debía asignársele una unidad territorial a esta empresa, que debían entenderlo porque se trataba de un problema de ajustes políticos, y que siendo en definitiva su decisión, prefería a Verfrutti por sobre el resto de las empresas".

Representantes de Chile Vamos anunciaron que van a seguir con atención la investigación de la Contraloría sobre las compras por trato directo decididas por Cristián Riquelme y la del Minsal sobre los contratos del Estado con empresas ligadas al ex funcionario, por lo que no descartan conformar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

"Al principio del caso Caval todos hablaban que solo era éticamente reprochable y ya tenemos nueve formalizados", dijo el diputado de RN, Diego Paulsen.

"Creo que se tienen que realizar todas las investigaciones, tanto de la Contraloría -que actúa de oficio y que me parece muy bien- (como en el Parlamento)", agregó el parlamentario. El diputado opositor agregó que "no nos podemos quedar solo con la investigación que va a realizar el Ministerio de Salud. No nos vamos a quedar tranquilos, queremos establecer con la mayor claridad los hechos ocurridos.

Desde la UDI, el pro secretario Jorge Alessandri dijo a radio Digital que el caso "no termina" con la salida del ex administrador de La Moneda, y espera que la Contraloría se pronuncie sobre los contratos en los que participó el ingeniero PPD.

"La comisión investigadora es facultad de la bancada de diputados. El primer martes de marzo se reunirá la bancada y ellos votarán si hay mérito para esa instancia. Si el contralor actúa rápido y nosotros vemos soluciones concretas, tal vez no sería necesario crear la comisión investigadora", explicó.

El miércoles, el diputado de la UDI, Felipe Ward, había justificado la posibilidad de que se cree una comisión investigadora en torno al trabajo de Cristián Riquelme como administrador de La Moneda.

"Los antecedentes seguirán existiendo y se justifica la creación de la comisión. Pero hay que conversarlo con los otros partidos", indicó.

Mauricio Mondaca

Dirigentes y personeros del Partido por la Democracia (PPD) calificaron ayer de "un gustito" el lenguaje utilizado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, al hacer pública la salida del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme. Según los directivos, la forma de manejar la salida del funcionario no era necesaria, pues la mesa del partido ya le había quitado su apoyo.

El alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, y futuro presidente del PPD, criticó que Burgos se hubiera dado "un gusto" cuando, desde la tienda, ya le habían manifestado su acuerdo con la salida de Riquelme.

"Esto del parto inducido creo que no es un lenguaje adecuado en personas que tienen responsabilidades políticas mayores, porque cuando uno toma un acuerdo de orientación política y eso resulta adecuadamente, uno tiene que rescatar las cosas que valen la pena, que los resultados se obtienen y no darse gustos verbales", dijo Navarrete a radio Cooperativa.

Según el jefe comunal, la actitud de Burgos "no corresponde y espero que no se repita en el futuro".

El alcalde pidió "terminar con la política del Twitter, de la frase inteligente, de la cuña", donde "todas las cosas son una especie de campaña publicitaria" y se olvidan los "problemas de fondo".

Apoyo de vidal

El ex ministro de los gobiernos concertacionistas Francisco Vidal comentó en una entrevista con CNN que Cristián Riquelme entró a la administración pública como auditor durante su gestión a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), y afirmó que "cavó su tumba por sus propios errores" y por "una campaña completa". "Quizás le faltó experiencia política", agregó.

Sobre el papel del jefe de gabinete en la salida de Riquelme, Vidal comentó que le pareció "bien", pero que "el único punto que hago es que se dio un gustito con lo del 'parto inducido'. Fue innecesario. Cuando le pides la renuncia a alguien no tienes para qué pegarle un palo en la cabeza".

Consultada por el manejo del ministro Burgos en este tema, la vocera (s) de Gobierno, Claudia Pascual, explicó que "lo importante es que se ha comunicado ya una decisión, que se va a oficializar el día lunes, tal cual lo ha informado el ministro".