La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió ayer los alegatos por la causa que enfrenta a la Fiscalía de Puente Alto y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por el acceso a información reservada de la indagatoria sobre la colusión del papel higiénico.

El tribunal de alzada debía resolver si la Fiscalía Metropolitana Sur podría o no tener acceso a los antecedentes de los anexos reservados de la investigación por colusión contra las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa) que mantiene en su poder la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La audiencia, sin embargo, fue suspendida a solicitud de la FNE, que recurrió al derecho de solicitar -por una vez- la postergación de la misma.

La instancia podría retomarse la próxima semana, si la Corte de Apelaciones así lo decide. Se espera que durante marzo se retomen los interrogatorios a los ejecutivos de las empresas investigadas.

Sin datos

El fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, comentó que hasta ayer aún no recibía los correos electrónicos liberados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde aparece nombrada la distribuidora mayorista Dipac.

"Es un tema del que me enteré el día de ayer (miércoles) por la prensa y hasta las 19.30 horas a la Fiscalía no nos había llegado ninguna información oficial", sostuvo Galdames.

Para el fiscal, este trámite en el tribunal "es muy relevante, porque, en definitiva, nos permite acceder a información que es única e irrepetible".

"Lo que solicitamos en su oportunidad fue la remisión de todos los antecedentes, lo cual fue negado en su oportunidad y por lo que nos encontramos hoy (ayer) en esta corte", agregó Galdames.

Respecto de una eventual nueva arista relacionada con la mayorista Dipac -que fue mencionada en los correos liberados por la FNE-, Galdames comentó que "tenemos que conocer todos los antecedentes".

Sobre la posibilidad de citar a declarar al empresario Eleodoro Matte, presidente de Empresas CMPC, el persecutor explicó que "las diligencias se tienen que ponderar y no hay ninguna diligencia que se descarte a priori". Galdames evitó adelantar si llamará a declarar a ejecutivos de SCA.

Mauricio Mondaca

La Presidenta Michelle Bachelet manifestó ayer que "la economía está lenta y habrá que hacer algunos ajustes", mencionando por primera vez en público el esperado ajuste económico que llevará a cabo el equipo que encabeza el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y que podría verificarse en los próximos meses.

Las declaraciones de la Mandataria se dieron en la antesala del primer consejo de gabinete luego de su regreso de vacaciones, en el que el equipo ministerial deberá definir las prioridades del Gobierno para este año, marcado por la puesta en marcha de proyectos como la gratuidad universitaria y la ley de inclusión escolar, pero en un escenario de desaceleración económica.

Panorama económico

"Si al país le va más o menos, que los recursos que tengamos los usemos para que a la gran mayoría les vaya bien", recalcó Bachelet al encabezar ayer un acto de entrega de viviendas en Peñalolén (Región Metropolitana). En esa línea, la Jefa de Estado agregó que como Gobierno "vamos a priorizar todo aquello que permita que a las personas les lleguen los servicios que necesitan".

"Cuando tengamos algo que anunciar, lo haremos", dijo el miércoles el titular de Hacienda al retirarse de La Moneda. El secretario de Estado encabeza encuentros con personeros de distintos ámbitos para trabajar, en un anuncio que podría concretarse la próxima semana, fórmulas que permitan ajustar el gasto público durante el 2016.

El diputado Alejandro Santana (RN), miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dijo que si el Gobierno plantea un ajuste "ideologizado", la oposición "no lo va a acompañar". "Ya sabemos que la culpa de esta situación es del Gobierno, a lo que se suma el bajo precio del cobre. Pero si el Ejecutivo nos dice que va a disminuir recursos en obras públicas, hospitales o conectividad para entregar recursos a las reformas, obviamente no lo vamos a acompañar".

El parlamentario dijo que según sus cálculos el Gobierno podría recortar US$ 1.000 millones durante este año.

Cecilia Cifuentes, economista senior de LyD, afirmó que la prioridad del ajuste "debe ser gasto corriente, especialmente bienes, servicios de consumo y producción y personal.

"Retrasar proyectos de inversión probablemente también sea una medida, porque es políticamente menos costoso. El problema es que afecta la recuperación, por lo que no es deseable", agregó.

"Si al país le va más o menos, que los recursos que tengamos los usemos para que a la gran mayoría les vaya bien".

Michelle Bachelet, Presidenta de la República

"Esperamos conocer la propuesta del ministro (de Hacienda) para ver el ambiente en la oposición para gestionar el ajuste".

Alejandro Santana, Diputado de RN

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, dijo que si bien el proyecto de Ley de Inclusión que entra en vigencia el próximo lunes garantizar el derecho a la educación, no busca pasar a llevar las normas internas de los establecimientos educacionales, por lo que sus reglamentos deberán aplicarse con sentido común.

"Es importante aplicar el sentido común. Lo que busca la ley es establecer un marco. La disciplina y los reglamentos internos son elementos fundamentales y la ley es perfectamente compatible. No es que los establecimientos puedan tener un reglamento interno, sino que deben tenerlo, el que tiene que ser respetado por la comunidad", dijo la subsecretaria de Educación.

Ante las dudas de las comunidades educativas en aspectos como la exigencia del uniforme escolar, ya que de acuerdo a la ley los alumnos no podrán ser expulsados o suspendidos por no contar con esa vestimenta, la subsecretaria agregó que "la familia tiene que estar en conocimiento de este (reglamento". Son acuerdos que la familia y el establecimiento deben respetar".

El secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, agregó que "los padres pueden estar muy tranquilos porque en los establecimientos educacionales no hay ningún cambio fundamental a partir del 1 de marzo. Los colegios van a seguir funcionando igual, con algunos cambios bien importantes en la organización y en los recursos"

El superintendente de Educación, Alexis Ramírez, destacó que "con la ley se plantea el derecho del niño por sobre estas peticiones legítimas de los establecimientos ". Para la autoridad, "el uniforme escolar lo decide cada establecimiento y puede ser obligatorio según cada establecimiento. Lo que planteamos es que dentro de las sanciones no se margine a los estudiantes por no acudir con uniforme".