La incertidumbre de los vecinos sobre la pureza del caudal del Río Blanco tras el derrame de concentrado de cobre acaecido el jueves, fruto de la ruptura de una cañería de Codelco Andina, ha aumentado conforme las horas, ya que desde el afluente extraen el agua para regar sus siembras, siendo esta actividad una de las principales fuentes de alimentos y trabajo en Los Andes y Calle Larga.

Por ello, la seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Tania Bertoglio dijo a Cooperativa que "a esto no hay que bajarle el perfil. No porque las aguas estén más cristalinas y sea potabilizable, significa que nosotros hacemos vista gorda y esto se terminó, por el contrario, a través de la Superintendencia vamos a estar monitoreando constantemente la calidad del agua, pero también los sedimentos, porque ahí habitan ecosistemas".

Frente a la preocupación por el consumo humano, debido a que Río Blanco también abastece a Esval, "ya monitorearon la calidad del agua, eso está normado, por lo tanto, podían decir que efectivamente podía pasar a riego o a la planta de tratamiento, pero lo que nosotros tenemos ahora que demostrar es que efectivamente se haya contaminado o no el resto de la cuenca", aclaró la autoridad.

No obstante, el alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, habló a Emol sobre la "incertidumbre real" de los habitantes acerca de la toxicidad del afluente, ya que la empresa sanitaria realizó por su cuenta el estudio citado por la seremi, razón por la cual solicitó al Núcleo de Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mediciones en distintos puntos del río y en zonas donde llega el agua potable domiciliaria.

"Ojalá que este informe sea concordante con lo que ha planteado Esval, de manera de dar seguridad a la comunidad, pero si no fuese así evidentemente habrá que efectuar medidas de intervención para disminuir los niveles de contaminantes que va a tener el agua", indicó.

El estudio finalizará el día lunes, mientras el informe con los resultados, según afirmó Navarro, estará listo el próximo jueves 3 de marzo.

Sobre si la Municipalidad de Los Andes tomará acciones en contra de la cuprífera, el jefe comunal aseguró por los daños provocados a la flora y fauna, a la agricultura, y a los vecinos; se exigirá una compensación económica. "En esta lógica (los afectados) tienen que ser indemnizados", sumada a una más continua fiscalización del mantenimiento de las instalaciones de Codelco.

Producto de los deslizamientos y socavones en caminos principales e interiores, 220 personas quedaron aisladas ayer en la comuna de Huara, en la Región de Tarapacá; mientras que en Pozo Almonte son 51 los habitantes en igual situación, lo que suma 271 afectados.

Estos lugares son los más afectados por el invierno altiplánico, según informó la Onemi, que trasladó personal para rehabilitar las rutas de acceso y entregar víveres a los afectados.

En cuanto a la Región de Arica y Parinacota, la Dirección General de Aguas informó que los caudales han descendido gradualmente y las distintas rutas de la zona se encuentran transitables con precaución, siendo necesario en algunos casos la utilización de vehículos de doble tracción. Además, hasta ayer no se reportaban viviendas dañadas.

Sin embargo, el agua potable presentó dificultades en su normal distribución, por lo que se procedió a utilizar camiones aljibes.

En relación al estado de carreteras en la Región de Antofagasta, hasta ayer se mantenía interrumpida la Ruta B-245, en el kilómetro 22, correspondiente a San Pedro de Atacama, debido a desperfectos en el puente del sector, provocados por el desborde del río Vilama. Además, se provocó un socavón en el sector de las Termas de Puritama, localidad de Tocorpuri, donde también la Ruta B-223 fue interrumpida por desprendimientos, rodados y lodo, mientras la Ruta B-157 del mismo sector, estaba habilitada con precaución, al tiempo que personal de vialidad trabajaba ayer en el área.

La suma de estos incidentes llevó ayer a la Oficina Nacional de Emergencia a mantener la alerta amarilla.

Mabel González

La fundación Ciudadano Inteligente valoró la nueva ley de financiamiento electoral porque elimina los aportes reservados y de empresas, pero consideró que los límites de aportes máximos de personas siguen siendo altos.

"Para aportar a una campaña a Presidente, uno puede donar hasta $ 12,5 millones, cantidades que siguen siendo accesibles a una porción muy pequeña de la población. Hay una parte de la población que se ve en detrimento porque los otros, los que tienen más plata, van a poder donar mucho más a las campañas y van a tener un efecto mayor sobre los resultados de las elecciones", opinó el subdirector de la organización, Rodrigo Echecopar.

"En general lo que la experiencia comparada dice es que los máximos de aportes tienen que ser más bajos por razones como que se pueden repartir grandes aportes a través de pocas personas, pero sobre todo porque es más justo", agregó.

Por otro lado, el subdirector de la ONG defendió la existencia de aportes anónimos -que ahora recibirán el nombre de "aportes menores sin publicidad"-, pero dijo que deberían ser más bajos.

"Los aportes anónimos sirven para proteger a quienes no quieren que se sepa que se está donando porque pueden ser perseguidos por sus empleadores", argumentó Echecopar.

Recordó, sin embargo, que "en otros países donde existen los aportes anónimos, por ejemplo Francia, estos son de máximo $ 100 mil, $ 150 mil. En cambio los aportes anónimos acá quedaron sobre $ 1 millón".

"Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es a quién estamos tratando de proteger con esos aportes. Estamos de acuerdo con los aportes anónimos, pero con aportes anónimos para proteger a los pequeños, es decir, con un máximo de $ 100 mil. Así como quedó en la legislación no nos parece bien", sostuvo.

Ley de probidad

Con respecto a la ley de transparencia y probidad y la adecuación que deberán realizar los partidos políticos a estas nuevas normas, el representante de Ciudadano Inteligente señaló que estos tendrán un "tiempo adecuado" de seis meses para hacerlo.

"A los partidos políticos se les va a exigir transparencia a partir de agosto. Al menos la parte de transparencia, las exigencias que les estamos haciendo a los partidos de transparentar cosas organizacionales, declaraciones de intereses de quienes son parte de las directivas y de sus ingresos y gastos, nos parece que están todas las posibilidades para hacerlo. Seis meses es un tiempo más que suficiente para que lo puedan hacer", señaló.

Echecopar también rechazó los comentarios que realizó esta semana el secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte, quien advirtió que la transparencia "tiene límites" y que estas mayores exigencias generan "costos alternativos".

"Yo creo que está profundamente equivocado respecto a quiénes debiesen ser sujetos de transparencia o no. Nosotros creemos que los funcionarios públicos que están en espacios de representación o de responsabilidad política importante, evidentemente sí tienen que demostrarle a la ciudadanía su declaración de intereses y patrimonio", sostuvo el Echecopar al respecto.

"Lo que sí recojo de su opinión es que las unidades correspondientes del Gobierno tienen que ser capaces de ayudar para que eso sea lo más fácil posible. Estamos muy de acuerdo con que ojalá el Servel, el Consejo para la Transparencia o los miembros de la sociedad civil faciliten al máximo ese nivel de transparencia y que los partidos lo puedan hacer bien", concluyó.