La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, encabezada por Juan Luis Castro (PS), pedirá explicaciones al Ministerio de Salud por la filtración de datos confidenciales de pacientes del sistema público, que afectó a tres millones de personas.

La falla informática había sido alertada hace 10 meses y expuso a los funcionarios y organismos externos de la plataforma nombres, cédulas de identidad y dirección de quienes padecen enfermedades mentales, VIH y otros que adquirieron la denominada "píldora del día después". Este hecho fue consignado ayer por Ciper Chile.

Ante esta situación, Castro dijo que "voy a pedir como presidente de la Comisión de Salud que el martes el Ministerio exponga con meridiana claridad todos los antecedentes que rodean a estos hechos".

El parlamentario socialista espera que "se dé un información oficial y se arbitren las medidas de sumario administrativo del por qué se ha producido esta situación".

Minsal instruye medidas

En una declaración pública de cinco puntos, el Ministerio de Salud, cartera que encabeza Carmen Castillo, aseguró que "las fichas clínicas electrónicas están resguardadas y no han estado expuestas a terceros ajenos a su atención".

"La situación descrita en el reportaje se produjo por el uso de carpetas electrónicas compartidas al interior de los servicios de salud y seremis, en las que no se tomaron las medidas de seguridad exigidas en el Decreto Supremo 83 del año 2005 de Segpres, que regula esta materia", agregó el organismo.

La declaración informó que la ministra Castillo, a través de un documento institucional, "reiteró la necesidad de garantizar la confidencialidad e integridad de la información, entregando lineamientos y recomendaciones para mantener su seguridad".

Respecto de la información entregada por Ciper, el Minsal expresó que la secretaria de Estado "instruyó la aplicación de las siguientes medidas en el transcurso de la tarde del viernes 4 de marzo, momento en que se tomó conocimiento de la situación".

Dichas medidas son el bloqueo automático de los accesos a las carpetas compartidas de los servicios de salud y seremis y el refuerzo del sistema de supervisión y control de las prácticas relativas al uso de la información en red.

Al final del comunicado, el Minsal se comprometió a tomar "todas las medidas técnicas y administrativas para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.

Redacción

Un sondeo nacional realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló bajos niveles en la percepción de confianza de los ciudadanos, tanto en el sector público como en el privado.

El VII Estudio Nacional de Transparencia, realizado en octubre a 2.854 personas en todo el país, tuvo como resultados valores de 4,2 y 4,3 para los sectores público y privado, respectivamente, en una escala del 1 al 10.

La región que mostró niveles más bajos de confianza en ambos sectores fue Atacama, con una valoración de 3,3 (público) y 3,2 (privado). En tanto, la Región de Coquimbo mostró los niveles más altos en el ámbito público con un 5,1 y Los Ríos evaluó el sistema privado con un 5,9.

En cuanto a la recepción confiable de la información que se solicita a un organismo público, el 40% del total se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo.

Sobre si es confiable la información que los organismos públicos ponen a disposición de los ciudadanos en sus páginas web, el 37% respondió de manera favorable.

El estudio también consultó a los encuestados su percepción de transparencia respecto de los organismos públicos y sus funcionarios. También en una escala de 1 a 10, este nivel solo alcanza un 3,9 en el primer caso y un 4 en el segundo caso, a nivel nacional.

El sondeo analizó además qué tan preparados, íntegros y orientados al bien común se encuentran diversas entidades tales como partidos políticos, los poderes Judicial y Legislativo, los organismos públicos, autoridades públicas y funcionarios de este sector. En promedio, a nivel nacional, el 20% los considera preparados, 11% íntegros y también 11% orientados al bien común.

Mejorar las prácticas

La directora general (s) del CPLT, Andrea Ruiz, comentó que estas valoraciones se deben a que "es bien conocido que los chilenos desconfiamos de las instituciones públicas, llegando a sentir una sensación de abuso permanente tanto del sector público como el privado, sin distinciones".

"Debemos mejorar nuestras prácticas, la atención a los usuarios y aumentar la transparencia, tanto en la rendición de cuentas de lo que ya hicimos, como respecto de las decisiones que vamos a tomar", añadió.

Sobre las diferencias en las cifras por regiones, la funcionaria sostuvo que "si bien la tendencia general de desconfianza se mantiene a lo largo de las regiones del país, algunas son más optimistas y otras más pesimistas".

Sobre este punto, Ruiz indicó que "estamos analizando posibles causas para estas diferencias ya que no hay patrones claros a nivel de macrozona, salvo que en el norte las opiniones son más negativas que el promedio nacional".

En resumen, "las regiones más optimistas son Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, mientras que las más críticas son Atacama, Arica y Parinacota y Tarapacá".

Consultada sobre si estos resultados encierran un eventual peligro para el sistema público, Ruiz señaló que "las personas confían más en la preparación o las capacidades de las instituciones para desempeñar su trabajo que en aspectos valóricos como su integridad o su verdadera vocación de servicio".

"Estos elementos permiten afinar el diagnóstico, pero el peligro para el sistema político está en la desconfianza transversal generalizada, lo que lleva a que las personas se alejen cada vez más de la institucionalidad, las actividades y acciones de carácter político", sentenció la funcionaria.

Producto de los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en el sur del país, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) condenó estos incidentes y pidió, al igual que la Multigremial de La Araucanía, estudiar la aplicación del Estado de Excepción en las zonas más afectadas.

El gremio anunció que solicitarán una reunión con el ministro del Interior, Jorge Burgos, para tratar el tema.

"El país ha visto cómo se han ido incrementando la violencia en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Lagos, con actos cada vez más osados y audaces", señaló el comunicado, que alude al último atentado que afectó a una caravana de 18 camiones en Tirúa. Tras el incidente, ocurrido a plena luz del día el miércoles, seis camiones fueron totalmente quemados y una mujer resultó herida.

"Ha llegado el momento de replantearnos como país la política y las acciones empleadas para enfrentar los actos de terrorismo que afectan a estas tres regiones", manifestó la CPC, que propuso medidas para enfrentar esta situación.

Las seis ramas que conforman la entidad pidieron "estudiar la declaración de Estado de Excepción en algunas zonas acotadas, donde frecuentemente se cometen delitos violentos, de connotación terrorista".

En otro punto, la CPC solicitó "desarticular grupos violentistas que actúan en forma planificada e incluso promocionan sus actos, tal como la Coordinadora Arauco-Malleco".

Finalmente, el gremio llamó a "delimitar y redefinir la política de compras de tierras de Conadi, que estaría afectando gravemente el desarrollo económico de las regiones, sin dar solución al problema de la violencia".