Un grupo de representantes y dirigentes de comunidades mapuches de Lanco y otros territorios de Los Ríos, se apostaron ayer frente a la Municipalidad de esa comuna, para difundir un comunicado y rechazar la invocación de la Ley Antiterrorista y la presencia de Fuerzas Especiales, instaladas en esa zona por una disposición del Ministerio del Interior, debido a los recientes atentados incendiarios en contra de empresas forestales.

El documento fue redactado luego de una reunión realizada el 11 de marzo en la Asociación Mapuche Kallfulican, en la cual las comunidades analizaron la situación que se vive en la zona y la cual -aseguran- "tiene relación directa con la gran represión y militarización de los territorios mapuche y la puesta en marcha de la Ley Antiterrorista".

"Responsabilizamos al gobierno de Bachelet, a través de su ministro Jorge Burgos de invocar la Ley Antiterrorista y la militarización de la zona, con la complicidad del intendente Montecinos", señala una parte del documento, en el cual también se pide "una cuenta pública, de todos los gastos realizados en defensa del latifundio e industria forestal".

Alcalde no consultado

El alcalde de Lanco, Rolando Peña, junto con saludar a los manifestantes y compartir con ellos su deseo de vivir en paz, aseguró que "la opinión del alcalde, ni del municipio, han sido tomadas en cuenta, a la hora de abordar los actos de violencia ocurridos en la comuna", por lo que Peña hizo un llamado "a trabajar en conjunto por una comuna unida y pacífica, como siempre lo ha sido Lanco".

En la declaración pública entregada ayer en Lanco, representantes de las comunidades de Antilwe, Katriko, Malalwe, Külche y Rancawe, exigieron "el retiro inmediato de todas las empresas forestales de los territorios mapuche, que han sido causantes de los conflictos y escasez de agua". También piden que las autoridades se querellen contra los ejecutivos de las grandes forestales "por depredadores de la naturaleza y contaminación ambiental".

En otros puntos del comunicado, señalan su rechazo a la aplicación de la Ley antiterrorista, "ya que esto conlleva a los masivos allanamientos a los hogares de las familias mapuches del Lof, a la vez que produce gran terror en las familias de los diversos territorios, causando grave daño sicológico a la población , especialmente a los niños y mujeres, que ven vulnerados sus derechos como seres humanos".

Además solicitan el retiro de las Fuerza Especiales, el fin de las investigaciones a miembros del territorio mapuche, además de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU "que reconoce el derecho colectivo de los pueblos originarios y derecho consuetudinario sobre el territorio".

Finalizan el texto con un voto en contra de la Iglesia Católica "que en estos momentos está cobijando a los que vulneran los derechos humanos de los habitantes de los territorios mapuche, y con una solicitud a las autoridades locales a pronunciarse y a las organizaciones sociales a rechazar la Ley Antiterrorista, "que se asemeja a la gran represión que sufrió la sociedad chilena, a partir del 11 de septiembre de 1973".