El alcalde de la comuna de El Bosque, Sadi Melo, presentó ayer una querella por homicidio contra quienes resulten responsables del asesinato de Alison Calderón (17), cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un colegio de esa comuna de Santiago.

"Como Municipio lamentamos la muerte y condenamos enérgicamente este delito que se cometió contra una mujer joven, esto se suma a la situación de violencia contra la mujer en nuestro país, y queremos que se cumpla todo el rigor de la ley sobre quienes resulten responsables", sostuvo el edil.

Melo informó que se llevará a cabo un sumario administrativo, ya que el cuidador del establecimiento, que se encuentra suspendido de sus funciones, es el padre del principal sospechoso del crimen, Julio Rodrigo Miranda Herrera (32).

El imputado fue detenido el sábado en Puerto Montt, desde donde fue trasladado hasta Temuco, para luego ser llevado ayer a Santiago, hacia donde viajó custodiado por 10 gendarmes.

El imputado enfrentó el control de detención el domingo en Puerto Montt, cuando la jueza amplió el plazo de la detención para que fuera trasladado hasta la capital, donde hoy será formalizado.

Por otro lado, otra joven, luego de conocer el caso, contactó a la familia de la menor asesinada y aseguró que había sido víctima de agresiones y abusos de Miranda.

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana, que se implementará en todos los colegios del país. La norma establece que el Ministerio de Educación debe incorporar la formación cívica en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media. La iniciativa era una de las recomendaciones de la Comisión Engel. El Mineduc deberá acompañar a los establecimientos en el proceso y los sostenedores podrán fijar libremente el contenido del plan. "Por muchos años esta dimensión de la educación nacional había quedado relegada a un segundo plano y hoy día estamos enmendando este error al promulgar esta ley", dijo la Presidenta.

Diputada Rubilar evoluciona satisfactoriamente y sigue internada

A pesar de que continúa en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) de la Clínica en Las Condes, la diputada independiente Karla Rubilar está respondiendo positivamente al tratamiento que está recibiendo para tratar la delicada infección abdominal que la aqueja y que la tuvo grave el viernes pasado. Según el último parte médico la parlamentario se encuentra en "muy buenas condiciones generales" y "gracias a los cuidados médicos recibidos ha sido posible independizarla de todo tipo de soporte vital a excepción de la terapia de oxígeno". El marido de Rubilar, Rubén Malvoa, agradeció las muestras de apoyo a través de la cuenta de Twitter de la diputada.

Carolina Collins

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch se refirió ayer a la indicación aprobada por el Senado la semana pasada, que busca sancionar penalmente a las filtraciones que se produzcan en una investigación judicial y sostuvo que esa normativa sería un retroceso en el sistema procesal penal actual.

"Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido", afirmó ayer el presidente del máximo tribunal sobre la norma que establece 541 días de presidio por ese tipo de acciones.

"De todas maneras, me da la impresión de que si se trata de una norma que va a impedir la publicidad -cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control- va a influir en la organización de los tribunales de justicia", agregó.

Dolmestch señaló que "es muy probable que deba pedirse informe a la Corte Suprema" para que se pronuncie al respecto.

"Puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad (de las causas) pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención", ahondó.

Al ser consultado respecto de si había oportunismo, Dolmestch sostuvo que se trata de "facultades del Parlamento", añadiendo que "en Chile siempre se ha legislado en caliente".

Burgos reconoce firma

La norma fue ingresada con la firma del ministro del Interior Jorge Burgos en enero, cuando oficiaba de vicepresidente, y según detalló a La Segunda ayer el diputado Felipe Harboe, la indicación se hizo a petición del Ministerio Público y por recomendación de parlamentarios en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia.

Consultado al respecto, Burgos reconoció que él firmó la norma del Gobierno. "Yo firme la indicación e incluso creo que lo hice como vicepresidente, porque fue en un periodo en que la Presidenta estaba en el extranjero en alguna reunión internacional", dijo.

El jefe de gabinete explicó que el tema surgió en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde se planteó "la necesidad de que hubiera una norma que asegurara el secreto de las investigaciones, en el periodo que son secretas".

Burgos agregó que "no se ha creado ahora una norma que hable del secreto de la investigaciones, salvo para los intervinientes y el imputado por cierto. Lo que se ha puesto fue una norma de sanción para quien no guarde ese secreto, eso es lo que se ha hecho".

Sobre el debate desatado por la normativa, Burgos dijo que "siempre habrá apertura para rediscutirlo, de parte del Ejecutivo no hay inconveniente".

"(sin filtraciones) La Agenda de Probidad no habría avanzado de igual forma". Eduardo Engel Consejo asesor anticorrupción.

El presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, reiteró su petición de igualdad en el trato en las investigaciones por irregularidades en el financiamiento de la política y valoró las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott, quien manifestó su voluntad de terminar con las indagaciones lo antes posible.

El timonel de la colectividad sostuvo que comparte "plenamente que (se cierren) aquellas investigaciones que llevan un año y medio, porque están los antecedentes para cerrar, así que en eso tiene razón el fiscal, pero al mismo tiempo entendemos que hay otros procesos que no se han iniciado".

"Esperamos que cuando se habla de cierre se hable de aquellos que llevan mucho tiempo en investigación y otros que están en sus inicios deberían continuar, y en ese sentido volvemos a reiterar nuestra solicitud de igualdad de trato", enfatizó Larraín.

Las palabras del presidente de la UDI se produjeron luego de las declaraciones que emitió el fiscal nacional en una entrevista publicada el domingo por La Tercera, en la que sostuvo que "queremos buscar la fórmula para acotar esas investigaciones y darles un pronto término", con el objeto de que quienes indagan puedan dedicarse a otros asuntos que "también son importantes".

Al respecto el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch tomó distancia de Abbott y dijo que "me parece que en esta situación del país, en que hay desconfianza recíproca y que la gente tiene sus dudas sobre algunos poderes o instituciones del Estado, lo conveniente es que se investigue".

El senador Manuel José Ossandón (RN), en tanto, también criticó los dichos del fiscal nacional y afirmó que "acá hay que investigar, si a los políticos no nos investigan y se apuran en nuestros procesos, y a la gente común y corriente la hacen zumbar, no, yo creo que aquí no pueden haber ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría".

Su par del MAS, Alejandro Navarro aseveró que "hay una voluntad positiva y sin embargo pudiera desprenderse de sus palabras que él quisiera terminar con las investigaciones no importando el resultado".