Fue promulgada esta semana la ley que permite el regreso de la educación cívica a las aulas escolares, tanto como una asignatura formal, como un contenido transversal en todos los niveles, desde la enseñanza parvularia.

La Presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, encabezaron el acto oficial para este hito, que es un compromiso asumido por el gobierno, luego de recibir las sugerencias de la Comisión Engel (Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción). También, forma parte de los pasos asumidos para estimular la participación comunitaria con miras al proceso de cambio de la Constitución, que ya comenzó, precisamente, con énfasis en la enseñanza y difusión de conceptos básicos en esta materia, a nivel masivo.

En el corto plazo la meta es que muchos se familiaricen con ideas esenciales; en el largo, que el país recupere el espíritu cívico que lo caracterizó y que las personas también se asuman con derechos y deberes frente al bien común de la nación. Un efecto deseado de esto podría ser re-encantar a los votantes jóvenes con los procesos eleccionarios.

Para alcanzar este objetivo, la ley da libertad a los sostenedores de los colegios para incluir el tema en las planificaciones transversales, con la supervisión del ministerio de Educación, que deberá velar por contenidos acordes para cada etapa de formación, pues no es lo mismo hablar de responsabilidades ciudadanas, derechos humanos, tolerancia o de cuidar la democracia a un pre escolar, que a un joven a punto de egresar de Cuarto Medio.

En la región de Los Ríos, la promulgación de la ley fue acompañada por un acto en el Liceo Armando Robles de Valdivia, en el cual se habló sobre el proceso constituyente, que ahora comienza su etapa de reuniones y preparación de los cabildos ciudadanos, en la cual se espera una alta convocatoria.

Si bien esas instancias no serán vinculantes, sí cumplirán con el objetivo de abrir espacios para hablar sobre una nueva Constitución, en la cual e tema de la descentralización efectiva, debe ser incluido desde las regiones. Y para eso, se necesita educación cívica.

Las reformas fueron caballitos de batalla de campaña del actual gobierno: todo estaba mal y por tanto había que cambiarlo todo. Que Chile era un país con mucha plata y que había que gastarla.

Cómo han cambiado las cosas. Hoy el mismo Gobierno está inmerso en un recorte fiscal sin precedentes para que la caja cuadre tras tanta reforma. Nadie razonablemente se opondría a que los chilenos tengan mejor educación, salud, un ambiente laboral más grato y justo, un sistema político más representativo. Incluso, pagar un poco más de impuestos si eso va a incidir en una mejor calidad de vida.

El problema por tanto no surge en la necesidad de introducir cambios, sino en la forma en que éstos se han venido implementando, con proyectos de dudosa calidad, hechos a la rápida y sin mayor reflexión, con falta de consensos, con malos cálculos económicos y, lo más grave, sin garantías que efectivamente vayan a hacer lo que prometen.

Ya lo hemos vivimos con la Reforma Tributaria que está encareciendo duramente la vida de la clase media y a la que al poco andar hubo que hacerle una reforma a la reforma porque estaba mal calculada. Similar pasa con la gratuidad de la educación.

En el sistema político no es distinto. Personalmente me opuse al aumento de parlamentarios porque derechamente no se justifica, es un tremendo gasto para el Estado, en medio de un descrédito generalizado de la praxis y de los partidos. Aun así se aprobó y se aseguró que no costaría ni un peso extra, pero ya vemos que el déficit proyectado estimado para aplicarla no baja de entre los 11 mil y los 13 mil millones de pesos al año.

Ahora el gobierno nos enfrenta a otra reforma de las mismas: la Laboral. Propuesta que de reforma tiene bien poco porque en vez de propiciar una relación moderna, lo que hace es retrotraernos a Chile de los sesenta; más doctrinaria que técnica, desconoce la diversidad productiva nacional y la necesidad de equilibrio y colaboración entre trabajadores y empleadores; que así como está planteada, amenaza severamente la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas que, mal que mal, representan cerca del 90 por ciento del trabajo en el país.

En síntesis, ante tanta reforma a locas y tanto afán de borrar lo que hizo el anterior gobierno, queda la sensación que a alguien en La Moneda se le quedó la Retroexcavadora prendida y está salpicando tierra en el propio establo.

Bernardo Berger Fett

Diputado

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