Mauricio Mondaca
Luego de una serie de críticas, la Sala del Senado aprobó por 29 votos a favor y tres abstenciones una nueva enmienda sobre la norma que sanciona con penas de cárcel las filtraciones en las investigaciones judiciales. La norma deja ahora fuera a los periodistas.
La nueva redacción señala que "los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas".
En la discusión se detalló que esta norma podría aplicarse al fiscal, defensor público, policías, querellantes, la víctima, el abogado particular y quienes deben cumplir con resoluciones judiciales. Por ejemplo, un banco.
"Un periodista que por A, B o C motivo recibe información que no es parte del secreto o que es filtrada no está sometido a esta disposición pena. Solo serán sancionados quienes están obligados a guardar secreto", dijo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya.
Las personas señaladas que "infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales o presidio menor en su grado mínimo".
La discusión de la norma se dio en el debate de la agenda corta antidelincuencia, que se llevó a cabo ayer en el Senado.
Reapertura del debate
La polémica por la norma original -propuesta por el Ministerio Público- que fijaba penas de hasta 3 años a quienes filtraran investigaciones, lo que generó rechazo por parte de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que advirtió sobre los efectos que podría tener la enmienda en la labor periodística.
El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, planteó que la instancia "entendió que esa obligación del secreto era limitada a quienes conocían el proceso por causas directas, y entendemos con justa razón que algún periodista pudo haber interpretado que alcanzaba a la prensa, cosa que no es así porque nunca fue parte de la discusión en la comisión".
El senador Hernán Larraín (UDI) dijo que la norma que sanciona filtraciones en el proceso penal "está desde el año 2000 y nunca se aplicó a un periodista, por lo tanto, lo que se está haciendo es crear un fantasma, es una discusión abstracta".
"Hicimos una norma que nadie de buena fe puede considerar perjudica el éxito de la investigación y menos el derecho de la prensa de publicar lo que quiera", dijo el senador Alberto Espina (RN).
Asi votaron ayer
Alfonso de Urresti (PS) Votó a favor de la medida, sumándose a la mayoría de 29 votos a favor.
Ena von Baer (UDI) La parlamentaria opositora no votó en la sala por encontrarse ausente del Congreso.
Ganadores del Premio Nacional criticaron propuesta de la Cámara Alta
A propósito de este tema, cabe recordar que este lunes un grupo de profesionales de la prensa que integran María Olivia Mönckeberg, Faride Zerán, Juan Pablo Cárdenas y Sergio Campos, todos ganadores del Premio Nacional de Periodismo, suscribieron el manifiesto denominado "Por qué nos oponemos a la 'Ley Mordaza'", donde critican la reforma normativa sometida a votación ayer y la que a su juicio supone un grave retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión en este país.
En el documento, los periodistas sostuvieron que "el Senado ha tratado de introducir modificaciones al Código Penal que dañan seriamente los fundamentos de cualquier régimen que se digne denominarse democrático", a lo que "se suman reformas a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público que apuntan en el mismo sentido".
En esa línea, el grupo explica que la primera de las medidas denunciadas supone la ampliación de 40 a 90 días del plazo de reserva de las investigaciones que llevan a cabo los fiscales. "La segunda medida es aún más grave", denuncian. "Con todos los votos de la oposición y de la (coalición oficialista) Nueva Mayoría, el Senado en pleno aprobó endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa", lo que se traducen en la propuesta de aplicar una pena de presidio que va desde los 61 hasta los 541 días a quienes participen en filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación.
"Todas estas artimañas se enmarcan dentro de la 'Ley corta anti delincuencia' que, por desgracia, ha sido una suerte de 'Caballo de Troya' de una parte importante de la clase política para introducir leyes que ya creíamos desterradas en democracia, como la restitución de la detención por sospecha", puntualizaron, rescatando que "resulta curioso que senadores y dirigentes estén tan preocupados de las "filtraciones a la prensa" -una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios- justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico.
De haber existido, y de haberse aplicado rigurosamente, una potencial ley como esta, el país no se hubiera enterado como lo ha podido hacer del caso Penta, del caso Soquimich o Caval, de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias, de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más, advirtieron finalmente.
