Caso Tsunami: familiares acusan falta de recursos para llegar a declarar a Santiago
JUSTICIA. Sólo una persona pudo entregar su testimonio ayer. La audiencia seguirá hoy.
Durante la jornada de ayer continuó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia para revisar la suspensión condicional del procedimiento que el Ministerio Público acordó con los seis imputados por el caso Tsunami.
En la audiencia de ayer se suponía que continuarían las declaraciones de los querellantes en la causa, que rechazaron el lunes el acuerdo propuesto por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Sin embargo, solo una persona -Olimpia Palacios, familiar de una de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010-, pudo entregar su testimonio. Con eso hay 34 personas que han entregado su versión de los 141 querellantes.
Esto porque la mayoría de los querellantes tuvieron que viajar a Santiago el lunes desde Constitución, Dichato y otras zonas afectadas por la catástrofe, y no contaban con facilidades de alojamiento y transporte para quedarse en la capital.
Raúl Meza, abogado querellante, acusó que hubo un grave incumplimiento de parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que eran los encargados de asegurar recursos para que la gente que no alcanzó a entregar su testimonio el lunes, pudiera hacerlo en los días posteriores.
"Esa es la unidad que tiene que hacerse responsable del traslado y de los costos de alimentación y de mantención de las víctimas en este caso para que preste declaración", dijo el profesional.
El fiscal José Luis Pérez Calaf aseguró "el Ministerio Público se hizo cargo y ninguno de los querellantes, ni formal ni informalmente, nos hizo ver que tuvieran alguna dificultad".
La parte querellante iba a pedir la suspensión de la audiencia, lo que fue descartado por la jueza Carolina Gajardo.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, respondió a las quejas y explicó que el número de víctimas de la querella es menor, por lo que "es posible que las personas a las que se refieren no estén incorporadas en la acusación y por esto no tengan el apoyo del Ministerio Público".
La audiencia será retomada hoy a las 9.00 horas, y en ella la Fiscalía y la defensa de los imputados, argumentarán a favor del acuerdo que ha sido rechazado por los querellantes, y que busca evitar llegar hasta el juicio oral.
En la causa están imputados el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
Admisión de culpa y testimonios
El acuerdo entre los imputados y la Fiscalía contempla el pago de $235 millones, más $10 millones para un seminario sobre el 27-F y una declaración pública, que no incluye una disculpa. El fiscal Pérez Calaf explicó ante el Tribunal que ésta última indemnización "no es admisión de responsabilidad, es una admisión de culpa". Por su parte, el abogado querellante Carlos Fairlie dijo que los relatos revividos por los familiares de las víctimas habían sido una dura carga emocional y que en su opinión "era totalmente innecesario en esta etapa procesal".