Andrea Arias
Después de cuatro meses, el empresario inmobiliario, agrícola y forestal de La Araucanía, José Miguel García, renunció este lunes al Consejo de Observadores del proceso constituyente, ya que según él mismo explica "no están las condiciones mínimas que aseguren un proceso transparente, participativo y sin sesgo político".
Cuando García habla que no están las condiciones mínimas se refiere a que el diseño del proceso constituyente no les permite a los observadores ser auténticos garantes.
Ejemplo de ello, apunta García, es que el Gobierno quiere que los encuentros o cabildos locales sean autoconvocados, lo que a su juicio no les permitiría garantizar el proceso.
A ello se suma una serie de acuerdos previos del Consejo que están siendo impugnados por la Presidenta Bachelet. Uno de ellos es que el Gobierno quiere que se rebaje la edad de participación a los 14 años, siendo que el Consejo había fijado 18 años.
- ¿Por qué decidió renunciar al Consejo de Observadores del proceso constituyente?
- Porque no estaban las condiciones mínimas que me permitan ser garante, y asegurar, como nos encomendó la Presidenta de la República, un proceso transparente, participativo y sin sesgo político. Fue una decisión muy difícil, pero el diseño definido en la metodología transforma la primera fase de encuentros locales, etapa inicial y de real participación ciudadana, en una pieza oscura, que los observadores no podremos en rigor garantizar.
- ¿Cuáles son las diferencias y críticas con el Ejecutivo en esta materia que lo llevaron a tomar esta decisión?
- Se suman otros factores que debilitan el proceso, como la sensación de avanzar con un diseño muy comprimido en el tiempo, simultáneo a un proceso electoral, con carencias en la inducción cívica de la ciudadanía y sin la participación mayoritaria y compromiso de las fuerzas políticas del país.
- A su juicio ¿existe intervención del Ejecutivo en el proceso?
- Siendo el ejecutivo el promotor de este proyecto, es indudable que en el diseño original contemplaba una participación protagónica, que se ha ido atenuando a través de las observaciones del Consejo de Observadores. Por ejemplo, la selección y capacitación de los facilitadores, así como también la redacción final de las bases ciudadanas eran en un principio materia exclusiva del Ejecutivo.
- ¿Qué misión le encomendó el Ejecutivo a sus funcionarios públicos en el proceso y cuáles son los errores que se desprenden de ello?
- Es una materia aún en discusión en el Consejo de Observadores, donde hice ver mi opinión sobre la necesidad de prescindencia de las autoridades y funcionarios públicos en el proceso.
- Usted mencionó que existe una negociación política al margen del consejo. ¿Cree usted que está cocinado el futuro del proceso con una ideología clara? ¿Cuál es?
- Sin duda los integrantes del Consejo representan distintas visiones políticas. Mi preocupación principal en este tema es que hubiese preferido iniciar un proceso con el concurso de todas las fuerzas políticas del país. La discusión constitucional amerita un esfuerzo conjunto de todos. Tengo una duda razonable de que en alguna de las etapas del proceso, éste sea influenciado ideológicamente.
- ¿Cómo eran las relaciones internas del consejo?
- No obstante mi salida, este tiempo de conocimiento y aprendizaje fue para mí muy valioso y, sin duda, lo más importante que me sucedió fue conocer un grupo diverso y entretenido de consejeros, con sus sueños y sus oficios, empapados de entusiasmo y compromiso, que aportaron siempre lo mejor de sí. Sentí de ellos mucho respeto y cariño en nuestra despedida. Fueron 4 meses con sesiones ordinarias todos los lunes y varias extraordinarias durante otros días de la semana.
- Tengo entendido que hubo una tensa reunión con la mandataria respecto de las atribuciones del Gobierno en este proceso. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la postura de la Presidenta en la materia?
- El martes 22 de marzo nos invitó la Presidenta de la República a una reunión en la Moneda, donde nos hizo ver su desacuerdo respecto de 12 acuerdos tomados por el Consejo de Observadores. No obstante estos temas siguen en discusión, mi opinión personal fue mantener lo resuelto por el Consejo. Uno de los temas en discusión, obedece a que el Gobierno quiere reponer la edad mínima de 14 años (8° básico) para participar en el proceso constituyente. El Consejo estableció una edad mínima de 18 años.
- ¿Está debidamente cautelado el proceso en el marco de un año electoral?
- Sobre este tema y desde un principio, mi opinión fue buscar una calendarización distinta que evitara contaminarse con el proceso electoral municipal. Pienso que trae confusión a la ciudadanía cualquier grado de simultaneidad entre ambos procesos.
- ¿Cuál es el impacto de que hayan renunciado dos de sus miembros y se produzca este remezón al interior del consejo? ¿Su cupo de regiones y de La Araucanía debiese ser reemplazado con alguien del mismo perfil?
- Son renuncias distintas y según lo señalado por el ministro Eyzaguirre, el Consejo será reforzado con la participación de mujeres. Le manifesté personalmente al ministro Eyzaguirre que si se va a reforzar el Consejo sería necesario incorporar gente de regiones.
- ¿Cuál es el futuro que vislumbra de este proceso?
- Es difícil y dependerá de la prescindencia del Ejecutivo, del grado de participación de la ciudadanía y de la capacidad de redacción y síntesis de las bases ciudadanas.
En resumen, si se ordenan las condiciones para lograr un proceso transparente, participativo y sin sesgo político.
"La metodología transforma la primera fase de encuentros locales (...) en una pieza oscura, que los observadores no podremos en rigor garantizar". "El gobierno quiere reponer la edad mínima de 14 años (8° básico) para participar del proceso constituyente. El Consejo estableció una edad mínima de 18 años".
