Pamela De Vicenzi

Parlamentarios de la Nueva Mayoría respaldaron ayer el docurreality anunciado por el Gobierno que registrará el inicio del proceso constituyente, cuyo primer cabildo comenzará el 23 de abril.

El apoyo a esta iniciativa, que costaría $74 millones, surge luego del anuncio de los diputados UDI Felipe Ward y Juan Antonio Coloma, quienes señalaron que llevarán una solicitud a la Contraloría para fiscalizar la obra audiovisual.

"No hay interés en la derecha de que haya un proceso de debate público y participativo sobre la nueva Constitución. Digamos las cosas como son, ellos siempre se han opuesto a una nueva Constitución", manifestó el jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, citado por radio Cooperativa.

Asimismo, el senador del MAS, Alejandro Navarro, criticó que "la obra de Jaime Guzmán va a cambiar, y aferrarse al pasado le hace mal a la UDI. Su oposición no es al documental, no es a lo audiovisual, es al proceso democrático de construcción de una nueva Constitución".

"La UDI definitivamente se quedó en el pasado y eso le va a pasar la cuenta", agregó Navarro, en declaraciones recogidas por el citado medio.

Previo al anuncio de los parlamentarios UDI, el jefe de la bancada de la DC, Fuad Chahín, señaló el sábado que "la derecha debería ser más franca, más honesta, más transparente y dejarse de buscar excusas y decirle a la ciudadanía que ellos no quieren un cambio constitucional, que ellos están cómodos con la Constitución de Pinochet".

"juicio a la pertinencia"

En el oficio presentado a Contraloría, consignado ayer por La Tercera, Coloma y Ward señalan que "el Gobierno de la Presidenta Bachelet, en reiteradas ocasiones, ha manifestado públicamente la no intervención en el proceso constituyente que ha emprendido, lo que no se condice con la realización de un documental claramente propagandístico como el contratado".

Ward profundizó en sus críticas y sostuvo que "es segunda vez que este Gobierno anuncia estos docurreality, estos documentales financiados con la plata de todos los chilenos, es circunstancia que hay otras prioridades".

"Nosotros creemos que no se puede simplemente aprobar el uso de estos fondos para una iniciativa que aún está en estudio. Lo mismo ocurrió tiempo atrás cuando se hizo un spot publicitario para efectos del plan Auge cuando aún estaba en discusión en el Congreso", afirmó.

El parlamentario gremialista espera un pronunciamento por parte de la Contraloría. "Ese es el propósito de la presentación y creemos que es un órgano independiente, en este caso la Contraloría, se pronuncie respecto a la legalidad más allá de que nosotros podamos hacer un juicio político respecto a la pertinencia", remarcó.

La Comisión de Salud del Senado retomará mañana la discusión en particular de las indicaciones del Gobierno de la Ley de Medicamentos II, las que serán votadas en la próxima sesión.

El proyecto, que se encuentra en primer trámite, modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. Asimismo, se debatirán las fórmulas para transparentar los precios de los remedios y regular los conflictos de interés.

El 1 de abril, el Gobierno presentó un segundo conjunto de disposiciones. Desde La Moneda se propuso una serie de cambios para que el Instituto de Salud Pública (ISP) y las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud cumplan nuevos roles o intervengan con mayor propiedad en otros en los que tenían alguna injerencia.

En cuanto a la transparencia, el Gobierno propone, de acuerdo al documento consignado por la web del Senado, que "las farmacias, los establecimientos asistenciales de atención cerrada y los de atención ambulatoria que cuenten con farmacia, deberán informar al público de manera permanente, los precios de los productos farmacéuticos disponibles para su expendio o comercialización". Dicha información deberá estar publicada en el portal del ISP.

Además, "los laboratorios de producción farmacéutica y los importadores deberán entregar al Ministerio de Salud (Minsal) y el ISP la información de los precios de los medicamentos que se comercializan".

La intención de estos cambios es permitir a los pacientes comparar el valor de los remedios de la manera más simple posible. Para estos efectos se diseñaría una plataforma web de fácil acceso.

Respecto de los conflictos de interés, la iniciativa busca distinguir sujetos activos (aquellos que se dediquen a fabricar, importar, producir, preparar, transformar, difundir, distribuir y comercializar productos sanitarios) y pasivos (médicos, prestadores institucionales de salud, centros de investigación científica, personal de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast; y las universidades que dicten carreras relacionadas con la salud).

En cuanto a las prácticas, los visitadores médicos sólo podrán desarrollar su actividad en los establecimientos públicos de salud cuando cuenten con la aprobación expresa de la dirección de ese recinto.

Parlamentarios que conformaron la comisión especial investigadora del caso Caval valoraron la información entregada por el socio de la firma, Mauricio Valero, quien en una entrevista con La Tercera señaló, entre otras cosas, que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet conocía cada uno de los pasos de la compañía en la cual eran socios.

Con esas declaraciones Valero contradijo lo que había asegurado antes Compagnon, quien había manifestado lo opuesto al prestar declaración ante la Fiscalía.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Silber, quien presidió la instancia parlamentaria, valoró lo dicho por el socio de Caval en la entrevista, porque aseguró que "entrega contexto e información sensible a la causa".

El parlamentario oficialista afirmó en entrevista con radio Bío-Bío que antes de las declaraciones de Valero "siempre veíamos a Compagnon y a él por cuerdas separadas" en cuanto a sus labores en la empresa cuestionada no sólo por la venta de terrenos en Machalí comprados con un préstamos millonario, sino también por las acusaciones de engaño que ha hecho el empresario Gonzalo Vial.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Paulsen, afirmó a la emisora citada que las palabras de Valero sólo son un "manotazo" para evaluar si desde La Moneda podría contar con apoyo, como el que recibió Compagnon de abogados cercanos al ex ministro de Justicia, Isidro Solis.

"Valero intenta dar un manotazo para ver si La Moneda puede ayudarlo, tal como ha estado ayudando de forma escondida a la nuera de la Presidenta. Él está solo y tratando de salvarse", dijo Paulsen.

En la entrevista mencionada, Valero explicó que las relaciones de amistad con la esposa de Sebastián Dávalos están quebradas.

Asimismo señaló que la Presidenta Bachelet "no tiene ninguna responsabilidad del actuar de su nuera" y lamentó que "esto le haya pegado a la Presidenta. Creo que no es justo".

Valero reconoció que fue él el que fue contactado para ofrecerle a Caval el negocio en Machalí , a través del ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero.