A raíz de la muerte de una menor de 11 años en un centro del Sename en Santiago el lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado anunció ayer que trabajará en una propuesta para implementar cambios en el actual sistema de protección de menores en Chile.

"El país no cuenta con una ley integral de protección de menores, ni tampoco los recursos humanos y materiales para dar una adecuada respuesta a cada una de las complejas realidades que enfrentan los menores", dijo el senador del MAS Alejandro Navarro.

"Aquí hemos fallado todos, el fallecimiento de esta pequeña debe ser un despertador para todos: el Ejecutivo, el Parlamento, la conciencia colectiva, puesto que es necesario un cambio estructural en la política del trato con menores", agregó el parlamentario que preside la Comisión de DD.HH.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró que "se deben tomar los resguardos inmediatos para la protección de los menores en estos centros, porque estos problemas de los niños no tienen color político".

La instancia parlamentaria además anunció que fijará una nueva sesión a la que invitarán a la ministra de Justicia Javiera Blanco; a la ministra de la Corte Suprema y coordinadora de los Tribunales de Familia, Margarita Maggi, y a representantes de los trabajadores del Sename, para que sean parte de la elaboración del informe con miras a una propuesta.

Por otra parte, la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña, se reunió ayer con los diputados Ramón Farías (PPD), ex presidente de la Comisión de Familia y Marcela Sabat (RN), que también integra esa instancia, para abordar el caso de la menor fallecida.

Farías explicó que aún están a la espera del informe del Servicio Médico Legal (SML) para determinar si el paro cardíaco que terminó con la vida de la niña fue causado por una sobredosis de un medicamento que le habrían suministrado en el centro del Sename.

Carolina Collins

La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó ayer el sobreseimiento definitivo del ex senador socialista Carlos Ominami por los delitos tributarios que se le imputaron en el marco del caso SQM.

El tribunal de alzada ratificó así el fallo del juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que estableció que los delitos imputados por el Ministerio Público al ex parlamentario estaban prescritos al momento que se ingresó la querella, porque ya habían pasado cinco años desde que fueron cometidos.

Con ese dictamen, Ominami quedó libre de los cargos que le fueron formalizados por la Fiscalía, que no podrá perseguir una investigación penal en su contra por los mismos delitos.

La Fiscalía había acudido a la Corte de Apelaciones para revocar el fallo de la primera instancia.

Al ex senador se le habían imputado delitos tributarios por la facilitación de ocho facturas ideológicamente falsas por $150 millones emitidas por Alerce Talleres Gráficos de propiedad de Milton Lee. Los documentos tributarios fueron rectificados por la minera no metálica, por haberse tratado de servicios que no fueron prestados.

Los documentos tributarios por $178 millones le permitieron a SQM reducir su base imponible de forma irregular.

El defensor público Carlos Mora, que representó a Ominami, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones, pero señaló que el fallo signifique que el ex senador fuera culpable de los delitos que se le imputaban. "Estamos conformes porque tanto el tribunal de primera instancia, el Juzgado de Garantía, como la Corte de Apelaciones de Santiago interpretaron, como lo hace la defensa, en derecho lo que correspondía y el tenor literal de la ley, que es que este delito se encontraba prescrito y que la oportunidad para pedir el sobreseimiento es en cualquier etapa del procedimiento", sostuvo el profesional.

"Todos tienen derecho a que se les presuma la inocencia, y en este momento mi representado mantiene el estado de inocente", agregó.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII), anunció que analizará el dictamen de la Corte de Apelaciones con el objetivo de recurrir a la Corte Suprema para anular el sobreseimiento. Según detalló el abogado del organismo fiscalizador Benjamín Ríos, presentar un recurso de queja es la última posibilidad para anular el fallo.