A pesar de que había dicho que dejaría el cargo en mayo, cuando iba a elegirse la nueva directiva, el presidente de la UDI Hernán Larraín, confirmó ayer que se mantendrá hasta después de las elecciones municipales, a petición de militantes del partido. "Hemos acordado aceptar esta inquietud y solicitud que se nos ha hecho llegar para prorrogar la duración de la directiva hasta la primera fecha posible de elección después de las elecciones municipales, probablemente en la segunda quincena de noviembre", dijo el senador. "Esperamos de aquí a entonces haber reinscrito el partido y poder hacer la elección de las nuevas directivas conforme al principio de 'un militante, un voto'" y que "se nos ha solicitado encabezar el proceso de elecciones municipales con el propósito de lograr ganar estas elecciones, mantener a nuestro partido, la UDI, como el partido más votado en estas elecciones", añadió.

Luego de que el empresario Andrónico Luksic publicara un video en el que se refiere al caso Caval y a los insultos que recibió del diputado Gaspar Rivas (Independiente ex RN) en el Congreso, el parlamentario dijo estar "orgulloso" de haber provocado que Luksic respondiera públicamente. "Me siento muy orgulloso de haber logrado lo que nadie en este país había logrado: que uno de los hombres más poderosos de Chile, que uno de los dueños de Chile le pidiera disculpas a los chilenos por todo el daño que ha hecho", dijo Rivas, que trató de "delincuente" e "hijo de puta" a Luksic en el hemiciclo. "Me gustaría verlo en la cárcel, igual que el lumpen que roba en el centro de Santiago", añadió ayer. Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Silber (DC), pidió a Luksic precisión respecto a sus dichos sobre el caso Caval. En el video el empresario calificó como "un error" haberse reunido con Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon. "Lo que nos sigue preocupando, donde no hubo precisión, es respecto al préstamo de $6.500 millones otorgado a una empresa con escasísimo patrimonio", dijo Silber.

Durante toda la jornada de ayer se extendió la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) para que 47 intervinientes expusieran sus argumentos sobre el requerimiento de la oposición por la reforma laboral.

Esto a raíz del requerimiento presentado por la oposición que objetó cuatro puntos del proyecto ingresado por el Ejecutivo, relativos a la extensión de beneficios -ya que la iniciativa establece que los beneficios de la negociación colectiva sólo serán extensivos a los trabajadores sindicalizados, a menos que la organización estime lo contrario, la titularidad sindical - que acusan que "termina prohibiéndole a los trabajadores la posibilidad de conformar grupos negociadores", el sindicato interempresa -que vulneraría la igualdad ante la ley- y el derecho a información, ya que acusan que el que el sindicato pueda acceder a planillas de sueldos y beneficios atentaría contra la garantía de los datos personales.

Sindicatos

El primero en exponer sus argumentos fue el senador y jefe de la bancada del PS, Juan Pablo Letelier, quien señaló que "la actual legislación incentiva la no afiliación a los sindicatos al permitir que los trabajadores no sindicalizados accedan a los beneficios obtenidos por los grupos que negociaron sin asumir los costos".

También expusieron el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, y los diputados comunistas Karol Cariola y Lautaro Carmona, el abogado constitucionalista, Héctor Mery de parte de la Fundación Jaime Guzmán, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares.

En total eran 47 los inscritos para intervenir, incluida también la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien sostuvo que "sostener que será la reforma laboral aquella que iba a generar un monopolio sindical es no develar por completo el argumento. Porque el argumento debiera ser que generar un tipo de sindicalismo que pareciera no serle apropiado a un sector del empresariado". La jornada de alegatos es clave para la decisión del tribunal sobre la legalidad del proyecto.