Redacción Diarioaustral

Ayer por la tarde, el Gobierno sufrió un duro revés luego de que el Tribunal Constitucional entregara su decisión respecto a las normas impugnadas de la reforma laboral. El pleno de dicho órgano declaró inconstitucional -por seis votos contra cuatro- la titularidad sindical, que era uno de los cuatro temas que habían sido cuestionados por parlamentarios de Chile Vamos y considerado el corazón del proyecto.

En cuanto a la extensión de los beneficios a los nuevos afiliados del sindicato, la entidad acordó acoger parcialmente el reclamo.

Moneda lamenta fallo

Al respecto, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, expresó que "como corresponde en el Estado de derecho acatamos el fallo del tribunal, pero lamentamos su decisión de mayoría" y "no descartamos ninguna alternativa" para reponer los puntos impugnados.

Por su parte, la titular de la cartera del Trabajo, Ximena Rincón, indicó que "vamos a esperar conocer el texto completo una vez que sea redactado y sea emitido a la opinión pública para poder evaluar los caminos a seguir dentro del ordenamiento jurídico, uno de ellos es el veto presidencial, pero va a depender del contenido del fallo lo que decidamos como Gobierno".

Si bien reconoció que el TC dictaminó "dentro del marco constitucional", la secretaria de Estado aseguró que "creemos que no es el que acoge a todos y a todas. Aquí hay una derrota, sin lugar a dudas, para los trabajadores que optan por la organización sindical". Respecto a si hay una autocrítica al interior del Ejecutivo por esta derrota, Rincón se limitó a responder que "el compromiso del Gobierno se cumplió, la Presidenta de la República comprometió un proyecto de ley, se envió al parlamento, la Nueva Mayoría lo aprobó, y ha sido la derecha la que ha acudido al Tribunal Constitucional y el TC ha fallado, lo que no compartimos (...) El Gobierno cumplió en lo que se comprometió".

Oposición celebra

En la vereda contraria, los parlamentarios de Chile Vamos celebraron el fallo. El senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, expresó que el dictamen "sin duda, este es un gran triunfo de los trabajadores chilenos, de los trabajadores no afiliados que gracias a este fallo no se van a ver obligados a afiliarse. Es decir, es una gran derrota de la idea de monopolio sindical y al mismo tiempo de esta idea de convertir a la empresa en un campo de batalla".

Por su parte, el senador de RN Andrés Allamand, resaltó que este dictamen "va a ser un fallo extraordinariamente importante. Aquí el TC va a definir ni más ni menos qué debe entenderse por libertad sindical".

En Los Ríos las reacciones van desde la preocupación hasta la positiva valoración

En opinión de la presidenta regional de la Anef, Nancy Silva, "con esta decisión retrocedemos más de 100 años dentro de los derechos que hemos ganado en la calle los trabajadores. Aquí no se está reconociendo al dirigente sindical ni al dirigente de asociaciones". Añadió que "si bien es cierto que ésta es una reforma al Código del Trabajo, de igual forma también va a afectar a los demás dirigentes, porque aquí somos todos trabajadores y esto no hay que olvidarlo".

A su turno, la seremi del Trabajo, Ana Sáez, manifestó su "preocupación por lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Como Gobierno, propusimos un proyecto que la oposición llevó al TC y ahora resulta algo distinto. Nosotros planteábamos reconocer la titularidad sindical, porque con ello se reconoce la organización sindical, que tiene hoy el poder para negociar".

Una postura muy distinta es la que entregó el presidente de Codeproval, Guillermo Schwarzenberg. "Para el sector privado, la reforma laboral es sin duda una de las principales causas de la incertidumbre y del frenazo económico que vive el país. Las relaciones laborales son cada vez más importantes en el mundo, y yo creo que no hay ningún empresario que no valore su fuerza de trabajo", dijo. En esa línea, sostuvo que la reforma laboral "ha introducido un foco de confrontación peligroso para el país, y la decisión del TC es un gran avance para las buenas relaciones entre los trabajadores y las empresas".

El Gobierno presentó una querella por la Ley de Seguridad del Estado tras el último ataque incendiario que afectó a una iglesia evangélica ubicada en el sector Niágara de la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

"Nosotros estamos convencidos de que el gran número de personas que habita en esta región está en contra de este tipo de hechos que son cobardes. Estamos trabajando con las policías, estamos colaborando con el trabajo que debe hacer el Ministerio Público", sostuvo el gobernador de Cautín, José Montalva, al informar la querella.

La autoridad agregó que también es importante "que la ciudadanía se comprometa, que las comunidades, que las personas que viven en el sector rural también se comprometan".

El ataque a la iglesia, ocurrido la noche del lunes, fue reivindicado por el grupo "Weichan Auka Mapu".

El empresario e integrante del Consejo Ciudadano de Observadores para el proceso Constituyente, Roberto Fantuzzi, reaccionó ayer a las críticas que realizó el ex Presidente Sebastián Piñera a la iniciativa, emplazándolo a "aportar".

"No sólo con 'garabatos' se puede ser insolente: Piñera dice que al proceso constituyente le falta ser 'honesto, limpio y transparente'. Soy observador. Les aseguro que en el consejo se ha trabajado con la mayor honestidad, limpieza y con mucha transparencia", manifestó Fantuzzi a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que "me gustaría saber a quién se dirige el ex Presi Piñera, quiénes son deshonestos, sucios ni transparentes".

El consejero reaccionó así después de que, a través de una declaración pública, el ex Mandatario afirmara que la iniciativa lanzada por el Gobierno "no ha dado las necesarias garantías básicas para que el proceso de participación ciudadana sea inclusivo, transparente y equitativo".

Además, Piñera dijo esperar que se corrijan "todos los sesgos y desprolijidades cometidas y se dé plenas garantías de un proceso de participación ciudadana abierto, imparcial y justo".

Consultado por el diario La Segunda, Fantuzzi afirmó que lo que le molestó de los dichos de Piñera fue "el tipo de descalificaciones gratuitas". "Que haga un aporte mejor", le pidió.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, informó ayer que serán 125 mil los alumnos que podrán estudiar con gratuidad universitaria este año, una cifra más baja que las primeras estimaciones realizadas por las autoridades, que esperaban llegar a una cobertura de 160 mil jóvenes.

Del total de beneficiarios, 80 mil corresponden a estudiantes antiguos, es decir, de segundo año de carrera hacia arriba; mientras que 45 mil son alumnos de primer año, según detalló la secretaria de Estado al entregar la cuenta pública de su cartera.

No obstante, la ministra aseguró que esta cifra no es definitiva, pues que "tenemos que aún aumentarle los 34 mil que iniciaron su proceso de inscripción y no lo completaron".

"Como las apelaciones (para cursos superiores) están abiertas hasta el 12 de mayo, todavía podrían acceder a la gratuidad", explicó.

Más temprano, en una entrevista con Tele13Radio, la titular del Mineduc enfatizó que, más allá de los números, "lo más importante es que la gratuidad llegó para quedarse, es una política pública transversal. Son 30 universidades las que ingresaron en esta tarea (...) Ya no tiene vuelta atrás".

La autoridad afirmó que la extensión del beneficio "solo puede ampliarse" de ahora en adelante y que "todos los alumnos van a seguir contando, mientras no esté toda la gratuidad instalada, con los apoyos estudiantiles que no son del mismo nivel de la gratuidad".

Al ser consultada por la diferencia entre estas últimas cifras de beneficiarios dados a conocer y el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de que la gratuidad llegaría a entre 180 mil y 200 mil personas, Delpiano explicó que esto se debe a que hay cien mil alumnos que se habían considerado y que no entregaron sus antecedentes.

Según la ministra, ello se debe a que estos alumnos "ya tenían beca o crédito o conocían otro sistema de apoyo, o porque no se enteraron bien en su universidad o porque no completaron los datos".

"Y un porcentaje son aquellos que nosotros calculábamos de los Centros de Formación Técnica (CFT) y que un fallo del Tribunal Constitucional nos dejó afuera esos alumnos", añadió.