Juan Vargas Oñate
Por orden del Juzgado de Letras y Familia de Los Lagos, que dio cumplimiento a la sentencia de un juicio de tierras que resultó desfavorable para los afectados, un total de cinco familias mapuches del sector rural de Las Quemas, en Futrono, fueron desalojadas ayer en la mañana desde sus viviendas y trasladadas hasta la localidad de Quimén Bajo.
La medida fue ejecuta por un piquete de fuerzas especiales de Carabineros, afectando a sesenta personas que integran las familias de Teodoro Miranda Raillanca, Manuel Jesús Miranda Raillanca, Juan Alberto Miranda Reyes, Cristián Burgos Raillanca y Delia Raillanca Llanquel, quienes se retiraron de manera pacífica, sin registrarse incidentes ni detenidos.
Justamente Teodoro Miranda Raillanca alegó en favor del grupo que poseían los títulos de dominio de los terrenos en cuestión, documentos que entregaron al gobernador provincial del Ranco, Luis Gallardo, quien se constituyó en el lugar para el procedimiento.
La autoridad dijo a las familias que se estudiaría su situación, aunque también recordó la naturaleza judicial de la determinación. En esa línea y desde comunicaciones del Poder Judicial se explicó que el 26 de noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó el fallo de primera instancia que mantuvo el litigio por el terreno de 11 hectáreas, donde se enfrentaban estas cinco familias y la agricultora Cecilia Guarda Guzmán, quien figura como legítima propietaria.
Ximena Miranda, una de las afectadas, señaló que si bien aceptaban quedarse momentáneamente en Quimén Bajo (donde poseen otros terrenos), "esperaremos la respuesta del gobernador Gallardo, de lo contrario volveremos a tomarnos los terrenos de Las Quemas, donde por años hemos vivido con nuestras familias, hijos, tíos y abuelos", anunciando que" demandaremos al o los responsables de estos por el perjuicio ocasionado, y porque nos tomó por sorpresa".
El traslado se hizo ayer en tres camiones contratados especialmente por el tribunal.
El fallo del tribunal establece en una de sus partes que la demandante afirma que "la propiedad en cuestión, no tiene, ni ha tenido el carácter de indígena, por lo que no se trata de una reclamación reivindicatoria mapuche y, pese a los apellidos de los ocupantes ilegales, sólo de trata de una acción penal y/o civil, sin aplicación de la legislación especial, sino la común a todos los chilenos". También se asegura que "los demandados invocan a su favor y como justificante de sus actos de fuerza, el título inscrito bajo en Nº 355, del Registro de Propiedad del año 2002 , del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos".
Terreno no tendría carácter de indígena
