Trabajadores movilizados liberaron accesos a la isla grande de Chiloé de manera parcial
LLEGADA DE SUMINISTROS. En medio de la crisis que vive la zona producto de la marea roja, la municipalidad de Ancud y la diputada Marisol Turres presentaron acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables.
En medio de la crisis que vive Chiloé por la marea roja que afecta a la zona y luego del quiebre de la mesa de diálogo ocurrido el viernes y de no aceptar la oferta del Gobierno, que ofreció un bono de $ 750.000, los pescadores levantaron de manera parcial el bloqueo de las rutas hacia la isla, que permitió la salida de turistas y la llegada de víveres y combustibles a la zona.
El secretario de la mesa de pescadores artesanales de Ancud, Jorge Velásquez, manifestó que "el ministro de Economía (Luis Enrique Céspedes) tomó su pasaje y voló a Santiago. Dice que nosotros no aceptamos su negociación, pero su negociación seguía siendo las mismas mentiras y fraude que trajo para acá".
Respecto de la liberación de las rutas, el dirigente sostuvo que habrá coordinación "para que salgan algunas familias que llevan mucho tiempo acá, si también somos chilotes, no terroristas, somos humanos".
Acciones judiciales
La Municipalidad de Ancud y la diputada Marisol Turres (UDI) presentaron ayer acciones judiciales para establecer presuntas responsabilidades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile. En primera instancia, la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno, junto a la abogada Andrea Camargo, presentaron un recurso de protección a favor de los pescadores. A su juicio, se vulneró el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Sin embargo, la jefatura comunal también sumó una querella en contra de quienes resulten responsables ante los tribunales de Ancud y otra acción ante el Tribunal Ambiental.
"Las acciones tienen por finalidad que la Corte de Apelaciones decrete que existió un acto arbitrario e ilegal de parte de la autoridad marítima y de Sernapesca, en orden a autorizar el vertimiento de estas toneladas de salmones", explicó Camargo a Emol.
Asimismo, la diputada Marisol Turres acudió a la Fiscalía de Puerto Montt para presentar un escrito en contra de quienes resulten responsables.
"Que la Fiscalía investigue qué es lo que está causando la mortandad de los mariscos y que vea si existe o no relación con los desechos de toneladas de salmón muerto y en descomposición que fueron arrojados al mar", señaló Turres.
El petitorio de los trabajadores
Los representantes comunales de Quinchao, Dalcahue, Curaco de Vélez y Castro firmaron un petitorio de 15 puntos en el que, entre otras demandas, solicita al Gobierno declarar zona de catástrofe ambiental a todo el archipiélago de Chiloé. También pidieron una investigación "acuciosa" de la crisis medioambiental y si existe responsabilidad directa o indirecta de parte de las empresas salmoneras. Además, exigen indagatorias a las autoridades políticas de las instituciones que autorizaron arrojar al mar los salmones en estado de descomposición e indemnizaciones y bonos permanentes para los afectados.