Menos de dos semanas después de que recibieran el beneficio de la libertad condicional otorgado por el Poder Judicial a principios de mes, 25 reos fueron recapturados cometiendo delitos.

Según informó Carabineros, los delincuentes cayeron en medio de una redada realizada a nivel nacional por la institución policial.

La acción terminó con 726 personas detenidas, entre quienes se encuentran los reos liberados y Esteban Guzmán Polanco (23), quien se había fugado el 6 de mayo pasado desde el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en Santiago.

"A través de la aplicación de la inteligencia criminal originada en nuestro Centro de Análisis y Operaciones de Investigación Criminal (Caodi), se pudo determinar el paradero de una serie de sujetos que se mantenían con órdenes de detención pendientes por una serie de delitos, los que se ubicaron y fueron detenidos con el fin de ponerlos a disposición de los tribunales", afirmó el teniente coronel Víctor Blanco, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros.

Dentro de los arrestados por los efectivos del OS-9, Servicio de Encargo y Búsqueda de vehículos (SEBV), Laboratorio de Carabineros (Labocar), OS-7 y de las secciones de Investigación Policial de las comisarías (SIP), hay personas con órdenes pendientes por infracción a la Ley de Drogas, robo con intimidación, amenazas y lesiones, entre otros.

De ellos, 176 fueron detenidos en la Región Metropolitana y 548 en regiones. A su vez, 620 son hombres y 104 mujeres.

También se logró la incautación de drogas, armas de fuego y tarjetas clonadas, entre otros objetos.

La libertad condicional otorgada a comienzos de este mes por el Poder Judicial a más de 700 reos generó polémica a nivel político y un choque de opiniones entre La Moneda y la Corte Suprema. Mientras desde el Gobierno criticaron la medida, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, defendió la determinación de los jueces argumentando que este beneficio se encuentra establecido por ley como un derecho.

El Gobierno accedió ayer a crear una comisión científica para estudiar un eventual vínculo entre las miles de toneladas de salmón arrojadas al mar en marzo y la marea roja que ha afectado a las regiones de Los Lagos y Los Ríos, situación que llevó a los pescadores de la zona a iniciar movilizaciones hace casi dos semanas.

El ministro de Economía, Luis Céspedes, afirmó que la mesa de trabajo funcionará con "independencia" y que el organismo que se hará cargo de las nuevas investigaciones será la Academia Chilena de Ciencias.

La instancia será coordinada por la profesora de Bioquímica de la Universidad Católica Mónica Vásquez, quien es especialista en caracterización molecular de micro algas y dinoflagelados (marea roja).

El grupo lo conformarán también otros cuatro investigadores especializados en ciencias biológicas, oceonografía, procesos biogeoquímicos y población de organismos de marea roja.

Los especialistas establecerán una agenda para analizar el fenómeno y evaluar si hay relación con otras muertes de especies marítimas en el país. Sin embargo, en principio se concentrará en resolver la emergencia que mantiene en conflicto a los pescadores artesanales.

"Lo estamos haciendo con plena libertad. Sea cual sea el resultado, va a ser público y no hay nada oculto. La Academia es garante de una investigación libre y abierta a la comunidad para entender lo que está pasando", puntualizó la presidenta del organismo, María Teresa Ruiz.

Entidades y privados

La académica y premio nacional de Ciencias dijo que se considerarán los estudios ya realizados por otras instituciones y que se le solicitarán datos a la industria privada.

"Los que tienen más experiencia en fenómenos que puedan ser interesantes son los pescadores. Por lo tanto su información también es algo que vamos a considerar", agregó la profesora Mónica Vásquez.

"A los científicos lo que nos mueve siempre es la búsqueda de la verdad, no estamos haciéndolo para conseguir dinero ni favorecer a nadie", recalcó Ruiz.

El ministro Céspedes aseguró que el grupo científico "va a contar con la colaboración de todos los organismos públicos involucrados para que puedan llevar adelante su tarea con el máximo rigor".

El anuncio se produjo poco después de que la Conferencia Episcopal criticara la forma en que el Ejecutivo ha gestionado la crisis en Chiloé, además del conflicto en La Araucanía. Mediante la lectura de una declaración, el obispo de Melipilla y secretario general de la organización, monseñor Cristián Contreras, rechazó el "centralismo santiaguino" con que a su juicio se han manejado ambas situaciones.

"Para superar (los conflictos) no se necesita esperar el día en que tengamos una nueva Constitución. Hay decisiones políticas y económicas a las cuales se puede dar prioridad en el Gobierno y el Congreso, en vez de llenarse de un sinfín de proyectos secundarios", manifestó.

"Al decir secundarios, no nos referimos ni a la Educación ni a la Ley Laboral, proyectos absolutamente relevantes. Pero nuevamente la 'mirada corta' y la desconfianza también afectan estos temas tan trascendentales, poniendo nuevamente en tela de juicio a las instituciones como el Tribunal Constitucional, invocado por unos y otros, esperando fallos en su favor y criticándolo cuando estos no se logran", añadió el religioso.

Los pescadores de Cucoa, comuna de Chonchi (Chiloé), bajaron la movilización tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. En varias ciudades del país, entre ellas Valparaíso, Concepción y Osorno, se realizaron protestas masivas en apoyo a los pescadores de Chiloé y sus alrededores.