Si usted, conduciendo, causa una muerte, o si es empleador y en sus faenas se muere un trabajador, será condenado a indemnizar los perjuicios y podría ser condenado criminalmente por saber o "deber saber" y aceptar que su acción causaría el más grave de los daños -la muerte- al más valioso de los bienes: la vida.
No se requiere de una maestría en sociología, ni integrar un equipo de "inteligencia" de gobierno, ni ser especialista en derechos fundamentales o democracia, para saber o "deber saber", con el más elemental cuidado, que eventos como el 21 de mayo son ocasiones ideales para la actuación privilegiada de delincuentes que ocultos tras capuchas y premunidos de armas mortales, "siempre" destruyen la propiedad pública y privada, y dañan la vida e integridad de trabajadores, hijos y padres de vecinos anónimos. Se trata, en verdad, de una realidad que a los ojos del hombre común resulta evidente.
Si ello es así, cuesta comprender la ineficacia de los organismos políticos y de seguridad pública, al no adoptar las medidas necesarias para evitar la destrucción de bienes y muerte de un trabajador el pasado 21 de mayo en Valparaíso, sobre todo si "los antecedentes e informes fueron entregados oportunamente para que se tomaran cursos de acción operativos", según ha dicho el General Director de Carabineros.
Debe hacerse efectiva la responsabilidad de quienes -además del obrar de los delincuentes directos- desoyeron la recomendación policial y omitieron ejecutar las acciones de protección necesarias, porque al hacerlo incurrieron en una falta de previsibilidad rayana en lo irracional y en manifiesta falta de servicio público.
Quienes sean -funcionarios del Ministerio del Interior, intendencia regional y alcaldía- deben ser investigados para responder civil y penalmente por su omisión criminal -si la hubiere- tal como responderíamos usted o yo por la muerte o lesiones de un transeúnte o de un trabajador, si se han causado por incumplir el deber de protección que nos impone la ley, mismo deber que en la autoridad pública es de mayor exigibilidad. No puede pretenderse que las víctimas deban ser la parentela de autoridad o de los poderosos de siempre, para que puedan gozar de justicia y de protección ante la ley.
Le aseguro que en países de aquellos que tratamos de copiar, el desfile de renunciados políticos ya habría comenzado, y con seguridad aún no terminaría.
Luis E. Ulloa Rosas
Director carrera Derecho USS Valdivia
