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Corte de Apelaciones aprueba pedir extradición de Alberto Chang a Malta

ARCANO. La solicitud había sido hecha por la Fiscalía y los querellantes.
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La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anunció ayer que aceptó pedir la extradición del dueño del grupo Arcano, Alberto Chang, a Malta, país en el que se encuentra el empresario desde marzo pasado.

La decisión se tomó después de que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente y los querellantes del caso Arcano solicitaran la entrega del empresario, contra quien pesan los delitos de estafa reiterada, lavado de activos, infracción a la Ley General de Bancos e infracción a la Ley de Mercado de Valores.

Según consignó Emol, los antecedentes serán remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este los envíe a la justicia de la isla mediterránea, que finalmente resolverá si acepta extraditar a Chang para que sea juzgado en Chile.

Debido a que los abogados de Chang, José Hinzpeter y Carlos Castro, renunciaron al patrocinio y poder del ejecutivo por diferencias en la estrategia de defensa, durante la audiencia el imputado será representado por el defensor público Jorge Matus, como lo establece la ley.

El fiscal Carlos Gajardo lo persigue por presuntas estafas piramidales que afectaron a cerca de mil personas y cuyo fraude bordea los US$ 100 millones. Junto a Chang también es investigada su madre, Verónica Rajii, quien se encuentra en prisión preventiva en el Hospital Penitenciario, debido a complicaciones de salud.

El jueves, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó que se eligiera en un plazo de 20 días a un procurador común, debido a la gran cantidad de querellantes, que son representados por 99 abogados.

1.000 serían los afectados por el caso Arcano, donde se investigan presuntas estafas piramidales.

20 días es el plazo determinado para elegir a un procurador común, debido a la gran cantidad de querellantes.

Nueva Mayoría destaca voluntad de Fernández para cumplir programa

CITA. Ministro del Interior tuvo primera reunión con los timoneles oficialistas.
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Dos días después de asumir en reemplazo de Jorge Burgos, el ministro del Interior, Mario Fernández, sostuvo ayer su primer encuentro con los presidentes de los siete partidos de la Nueva Mayoría. La cita estaba prevista para el lunes, pero el jefe de gabinete decidió concretarla ayer.

Tras el encuentro, los líderes del bloque oficialista destacaron la disposición del nuevo secretario de Estado a continuar con el programa de Gobierno y abrir espacios de diálogo con los partidos para mejorar la coordinación.

"(Fernández) tiene conciencia de que, del punto de vista del Gobierno, hay que determinar cuáles van a ser las reformas que necesitamos sacar, ordenarnos, que el equipo político tiene que estar obviamente también más ordenado, porque eso ayuda al resto, la mayor coordinación", afirmó la presidenta del PS, senadora Isabel Allende.

La dirigenta agregó que "él hace una diferencia muy clara entre el programa, que lo vamos a concluir o avanzar todo lo que sea necesario, y al mismo tiempo abordar los temas que han surgido, la situación económica, mejorar la gestión y la seguridad ciudadana".

El nuevo presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, explicó que el objetivo es que "permanezca la coalición y que se ejecute y se readecúe el programa (...) Si uno dice que el objetivo de mediano plazo es más coalición, en término de tiempo y una nueva estructura programática nos ordene".

Navarrete señaló que la voluntad de los partidos fue darle el apoyo a Fernández en definir cumplimiento del programa, ordenamiento al interior del Gobierno en prioridades y mayor control de gestión, y subrayaron que las colectividades también tienen su responsabilidades.

"El ministro incluso planteó que rediscutiéramos la forma de los días lunes para darnos más tiempo para conversar", afirmó, agregando que el ministro se mostró dispuesto a visitar todos los partidos de la coalición oficialista.

Bachelet rechaza "atropello" de credos tras ataque a iglesia

SANTIAGO. La Fiscalía y la Dirección de Inteligencia de Carabineros indagan el caso analizando cámaras y huellas dactilares.
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Mabel González

La Presidenta Michelle Bachelet reafirmó ayer su condena al ataque que sufrió la Iglesia de la Gratitud Nacional durante la marcha estudiantil del jueves en Santiago, hecho que era investigado ayer por el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia de Carabineros.

"Los hechos de violencia son absolutamente inaceptables. Chile siempre ha sido un país de respeto a los distintos credos religiosos y sin duda que creemos que tiene que seguir siendo así", expresó la Mandataria.

El ataque ocurrió el jueves al término de una marcha convocada con la Confech y tuvo como protagonistas a un grupo de encapuchados que sustrajo la imagen de un Cristo desde el recinto religioso, que es Monumento Nacional, y luego lo destrozaron.

Bachelet remarcó que "no vamos a aceptar que se vulnere el derecho, que se atropelle, que se ofenda a las creencias de los demás, porque con ello además rompe las reglas de convivencia básicas que tenemos que tener entre todos los ciudadanos".

"Por lo demás -agregó-, no tiene nada que ver manifestar pacíficamente ideas sobre la educación con los hechos de violencia y el vandalismo que hemos visto en el día de ayer (jueves), por eso lo repudiamos completamente".

Pericias

El fiscal a cargo del caso, Marcelo Cabrera, ordenó la revisión de las cámaras de seguridad y la búsqueda de huellas dactilares con el fin de identificar a los responsables del atentado.

El persecutor de la zona metropolitana Centro Norte pidió que fueran los efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI quienes indaguen el ataque.

"Se están revisando las cámaras de seguridad, se está haciendo un trabajo investigativo en relación con los posibles detenidos que estén vinculados a estos hechos. Se están viendo los rayados que hay en el frontis (del edificio) y la búsqueda de huellas que pueda haber en el lugar", sostuvo Cabrera, citado por Emol.

El fiscal indicó que se está determinando "si hay patrimonio cultural (involucrado). Necesitamos ver decretos y nombramientos. En relación al Cristo, (se está revisando) si tiene alguna protección o no también".

El profesional explicó que dependiendo de ello se verificará frente a qué tipo de delito se está. El jueves se detuvo a una persona sospechosa por el ataque.

Mientras, un equipo de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) se encontraba ayer revisando las imágenes recuperadas del ataque con el fin de establecer las identidades de los responsables. "Ellos estaban encapuchados, entonces lo que se está haciendo mediante inteligencia es establecer quiénes son estos sujetos", explicó el fiscal Cabrera.

Responsabilidad de padres

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, volvió a condenar el ataque e informó que el Gobierno concretó ayer la querella por lo ocurrido. Según explicó, la acción legal es por el delito "daños a un monumento nacional y todos aquellos que logren establecerse" en la investigación. "Como Gobierno vamos a seguir el proceso judicial y haremos exigible que, una vez identificados quienes hicieron los destrozos en la vía pública, sus padres se hagan responsables de los costos económicos que representen", anunció.