El consejero regional Eduardo Hölck (UDI) destacó la entrega de viviendas tuteladas a adultos mayores de Río Bueno.

Hölck había manifestado su preocupación a las autoridades regionales, tras constatar que aún no se hacía uso de las 20 casas que fueron construidas gracias a un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), inauguradas en agosto del año pasado con la presencia de la Ministra de Vivienda, Paulina Saball.

"Estoy tremendamente feliz de que se haya iniciado el uso de las casas tuteladas en Río Bueno, muchos saben que hice una denuncia hace un par de semanas atrás y que gracias a eso, las autoridades de gobierno se movieron y hoy los adultos mayores están haciendo uso de las primeras viviendas; es una gran alegría y esperamos que en el corto plazo podamos tener las veinte residencias ocupadas con adultos mayores, viviendo de forma digna, tranquila y muy segura", afirmó. Además, destacó que luego de su denuncia, se agilizó la apertura de este conjunto de viviendas.

El diputado Bernardo Berger (RN) presentó un proyecto para que se estudie e implementen plantas desalinizadoras en Chile, enfocado a transformar el agua de mar para el consumo humano y las actividades productivas.

El parlamentario explicó que en los últimos años el país ha vivido una de las sequías más devastadoras y prolongadas de su historia, afectando duramente a actividades productivas como la minera, ganadera y agrícola, sobre todos en aquellas regiones con un importante déficit de agua como en Los Ríos.

"Actualmente en mi región hay un 51% de déficit de lluvia, lo que afecta gravemente a todos quienes viven y trabajan de la agricultura y la ganadería, sobre todo en los sectores rurales, por lo cual se hace imprescindible estudiar la implementación de plantas desalinizadoras de agua, ya que debido al cambio climático, fenómenos como éste se van a seguir repitiendo", sostuvo.

Agregó que "la escasez hídrica ha demostrado ser una fuente de conflicto que debemos prevenir; si bien la autoridad administrativa asume la responsabilidad de ordenar y hacerse cargo de la distribución de las aguas en las zonas de emergencia, no se resuelve el problema de fondo". La propuesta fue presentada por Berger junto a otros parlamentarios de distintas bancadas. El proyecto fue aprobado con 78 votos a favor y 6 abstenciones, y contó con adhesión en su ingreso de los diputados Daniella Cicardini (PS), Luis Lemus (PS) y Christian Urízar (PS), entre otros.

El concejal Miguel Ángel Carrasco solicitará la próxima semana un pronunciamiento a la Contraloría respecto del eventual conflicto de intereses del encargado de comunicaciones de la Municipalidad de Paillaco, Javier Soto, en la adjudicación de contratos de los departamentos de salud y educación de esa comuna.

El edil PPD lamentó que el periodista que está a cargo de las comunicaciones institucionales se haya transformado "en un problema comunicacional que le provocó un daño irreparable a la gestión de la alcaldesa Ramona Reyes".

Y agregó que "el hecho de que Javier Soto haya reconocido que es la pareja de la alcaldesa, siendo el asesor de comunicaciones del municipio y que, además, se haya adjudicado una serie de contratos en los departamentos de educación y salud, generó una serie de cuestionamientos de parte de la comunidad y de algunos dirigentes sociales".

Además, recordó otros cuestionamientos a la gestión de la alcaldesa durante el periodo 2015-2016. Entre ellos, el despido de Alejandro Ceballos, padre de dos hijos quien sufrió un infarto cerebral y perdió la visión en el ojo izquierdo, donde el trabajador acudió a los tribunales y la municipalidad debió pagar ocho millones de pesos. También la denuncia que realizó la dirigenta de los funcionarios municipales y directora del Departamento de Administración y Finanzas, Sandra Ulloa, quien acusó hostigamiento de parte de la alcaldesa.

La semana pasada, a través de un comunicado, la alcaldesa de Paillaco sostuvo que el encargado de comunicaciones cuenta con contrato de prestación de servicios a honorarios, el que no lo inhabilita para postular a las licitaciones del municipio.

María Alejandra Pino

La ministra Mireya López, quien hace tres años asumió la investigación del caso de los falsos exonerados políticos, resolvió sobreseer a 54 parlamentarios -temporal y parcialmente- entre ellos al diputado por el distrito 54, el PPD Enrique Jaramillo.

La causa apuntaba a investigar la emisión de certificados masivos -extendidos por los parlamentarios- con el objetivo de acreditar la calidad de exonerados políticos de personas para la obtención de beneficios del Estado, sin la verificación de los requisitos para acceder a éstos.

Finalmente, la jueza Mireya López determinó que no se acreditaron delitos de emisión de certificados falsos ni la falsificación de instrumento privado, según consigna El Mercurio.

El sobreseimiento de los parlamentarios se mantendrá hasta que se presenten nuevos antecedentes en el marco de la investigación.

Diputados de la región

La causa investigó 186 certificados emitidos por el diputado Jaramillo y 52 por el ex parlamentario por la zona Exequiel Silva (DC).

El Tribunal agrupó a los parlamentarios de acuerdo a las razones para firmar los certificados. Enrique Jaramillo se encuentra en "circunstancias especiales". El parlamentario apeló a que certificó a través de un documento genérico en que su firma fue falsificada.

En la lista de parlamentarios se encuentran otros como la actual senadora Isabel Allende (PS), quien emitió 598 certificados; el diputado DC Sergio Ojeda, quien emitió 325 certificados; el militante del PRSD Carlos Jarpa, quien extendió 403 certificados.

Falsificación

Consultado ayer el diputado Jaramillo, afirmó que "las notas masivas para certificar a los exonerados políticos no fueron firmadas por mí, pero se falsificaron en mis oficinas" y añadió que "estos fueron examinados en la investigación por peritos calígrafos".

Explicó que durante la tramitación de los beneficios, cuyos documentos debían ser presentados al Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, contrató "secretarios temporales", con el objetivo de orientar a las personas en el proceso de postulación.

"Del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli fueron despedidos miles de trabajadores, entonces a mis oficinas, las seis que tengo en el distrito, llegó mucha gente a pedir ayuda sobre cómo podía hacer las solicitudes para optar a los beneficios", sostuvo.

Añadió que "eso me hizo contratar a algunos secretarios temporales, quienes hicieron las solicitudes, ayudaron a la gente, pero lamentablemente de pronto aparecieron unas notas masivas, las que no eran firmadas por mí, pero que se enviaron desde mi oficina y se falsificaron allí".