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Estamos perdiendo nuestros negocios y nos estamos yendo directo a la quiebra". Con estas palabras de Paola Nahuelhual, propietaria del local gastronómico Pewen, ubicado en calle Simpson, se grafica la situación que denuncian los empresarios gastronómicos establecidos en el sector regional de Valdivia.

Nahuelhual, junto a otros ocho locatarios ubicados en las cercanías del Hospital Base de Valdivia, dicen estar pasando por una gran crisis económica, provocada por la comercialización ilegal de alimentos en el sector. Sobre todo por la presencia de una mujer ambulante que vende colaciones entre las 12 y 14 horas, a las afueras del recinto de salud, en un automóvil donde carga ollas en el portamaletas y sirve directamente las porciones "sin ningún control sanitario de por medio", aseguran.

Afectó su economía

Las bajas en las ventas comenzaron a percibirse desde marzo y a la fecha, explican que no han podido repuntar, teniendo que cerrar locales, despedir personal o disminuir el horario de atención al no recuperar el dinero invertido en las ventas.

"Entre todos los locatarios del sector, teníamos 50 trabajadores, pero muchos de ellos tuvieron que ser despedidos, porque no teníamos ingresos suficientes como para pagarles el sueldo. A nosotros nos iba bien, nos alcanzaba para pagar mensualmente nuestros compromisos y en marzo, una señora comenzó a llegar al sector a vender en un portamaletas comida. Vende el cucharón a mil pesos y contra esos precios no podemos competir, pagando todo lo que nos exige la ley como locales establecidos".

José Salas, propietario del local El Rincón de la Abuella comparte la inquietud de sus colegas. "Todos necesitamos trabajar y generar dinero, pero tiene que ser bajo las mismas condiciones, las mismas garantías, beneficios y responsabilidades. También tenemos claro que por normativa, la venta a los alrededores de estamentos públicos está prohibida, más si es comida, porque se pierde la cadena de frío o de calor y eso es un riesgo para quienes consumen los alimentos".

Ambos microempresarios gastronómicos, relatan que se han acercado a todas las instituciones correspondientes para dar a conocer la situación que los aqueja, pero que a pesar de los intentos, no han tenido una respuesta concreta.

Denuncias

"Denunciamos al servicio de Salud, escribimos solicitudes, fuimos a la municipalidad, hemos llenado informes en el Servicio de Impuestos Internos, en la Inspección del Trabajo, sin tener el apoyo formal de nadie, incluso fuimos a las comisarías, ya que Carabineros tiene la facultad de requisar alimentos y especies comercializadas de manera ambulante. En ninguna de las instancias que fuimos tuvimos una respuesta. El tema afecta no sólo a los dueños, sino también a los trabajadores y exigimos que las autoridades se hagan presentes y nos den una respuesta", finalizó Nahuelhual.

"Entre todos los locatarios del sector teníamos a 50 trabajadores, de los cuales hemos tenido que despedir a 17".

Paola Nahuelhual, Dueña de Pewen"

Ayer a las 11 horas, el comité en Defensa del Lafkenmapu, Comunidades Mapuche Lafkenche, el Consejo de Desarrollo de la Costa y sindicatos de pescadores de la región, convocaron a una manifestación en rechazo a la instalación de nueve salmoneras en la costa de Valdivia, bajo la consigna "No queremos más explotación y contaminación de nuestras aguas", la que finalizó con la entrega de una carta con el petitorio en la Intendencia regional.

La carta entregada contenía cuatro puntos, en los que se hacía alusión a argumentos que sustentan la negativa de la instalación de las salmoneras. El primer punto, hacía referencia al "daño ambiental, social, económico y cultural que se ha generado en estos centros de engorda de salmones en los lugares donde se han instalado en nuestro país".

Como segundo punto, se hace énfasis en "el rechazo unánime el uso de las áreas apropiadas para la agricultura, en todo el borde costero de la región". Como tercer punto que sustenta el rechazo a los proyectos, se argumentó que "estos proyectos son incompatibles con la Estrategia Regional de Desarrollo y por extensión con la política de Pesca y acuicultura y la política de Turismo que lleva adelante la región".

Sumado a lo anterior, la carta concluye haciendo alusión a que "hay un vacío legal de la ley de medio ambiente, el proceso de evaluación ambiental que se lleva adelante no contó con procesos de participación ciudadana ni consultas a las comunidades indígenas del territorio".

La carta fue entregada por cuatro representante de las organizaciones.