Junto con demandar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por despido injustificado, el ex inspector fiscal para el puente Cau Cau, Walter Wilson Rojas, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró ante el fiscal José Morales, quien indaga eventuales delitos en el marco de la fallida construcción del puente basculante en Valdivia, Región de Los Ríos. Según consigna El Mercurio en su edición de ayer, en un interrogatorio, en calidad de imputado, Wilson sostuvo que nunca debió aprobarse el proyecto de ingeniería, y tampoco licitarse la obra. También que los errores que no se subsanaron en su origen, conocidos por las autoridades del ministerio, hicieron que finalmente el objetivo fracasara. Según consigna "El Mercurio", en las 20 páginas que dan cuenta de su testimonio, Wilson revela un antecedente que hasta el momento se desconocía: sostiene que hubo firmas falsas en planos, con lo que se engañó a los oferentes y que de esto sabían todos los profesionales y autoridades. Al respecto, el ex inspector fiscal del fallido puente explica que ya en 2014 "la obra estaba en plena ejecución, y de los antecedentes que había en la obra y las ingenierías que se debieron realizar para dar forma de proyecto a lo licitado por la Dirección de Vialidad, estas solo abordaban los aspectos de diseño y de verificación sin que nunca se desarrollara un estudio que demostrara que el puente estaba mal diseñado y no se podría usar". En esa época, asegura, "de lo único que había constancia de todos los profesionales y autoridades relacionadas con el contrato de construcción, y que de sobremanera era sabido por los profesionales que habían participado en el estudio de ingeniería, es que lo licitado no era un proyecto integral y que los planos firmados resultaban un engaño a los oferentes".

Firma no real

En ese sentido, aseguró que "la firma del profesional experto en puentes basculantes, señor Javier Manterola, de la oficina Carlos Fernández Casado, no es real, es decir, es una firma electrónica, pues él nunca firmó ninguno de esos planos". Y la acusación de Wilson ante el fiscal continúa: "Aunque los planos estaban firmados eso no correspondía a un proyecto, ya que esa información había sido entregada por la oficina de Carlos Fernández Casado al Consorcio CYGSA-DDQ para que contrataran a alguna empresa especialista en sistemas mecánicos para desarrollar esa ingeniería. Sin embargo, CYGSA o alguien más lo incorporaron como proyecto definitivo en la licitación, omitiendo incluso incluir una partida o ítem para pagar esos mecanismos".

Errores de diseño

El profesional que trabajó 21 años en el MOP quiso poner sobre la mesa ante la fiscalía la responsabilidad de esta cartera. "El MOP erró en el perfil de a quién se encargó el estudio de ingeniería, ya que no había el perfil, ni la experiencia para realizar un estudio de estas características. En rigor, nadie en el MOP tenía la experiencia para realizar esto", admitió. Junto con ello, Wilson sostiene que no es cierto que el proyecto haya sido licitado con las bases técnicas apegadas estrictamente al diseño. "Existen antecedentes contundentes de que el consultor del estudio de ingeniería habría utilizado información referencial de la oficina consultora de ingeniería española Carlos Fernández Casado de ciertos componentes del puente basculante que no eran proyecto y tampoco anteproyecto", pero que "sin embargo fueron presentados y licitados como una ingeniería completa". Aseguró ante el Ministerio Público que él se dio cuenta de que todo era un anteproyecto a fines del 2014. "Tengo una reunión en un congreso de puentes con Carlos Fernández Casado, esto es en septiembre de 2014, y ya estaba el puente casi terminado. Yo antes tenía dudas con los errores que tenía el puente y Fernández Casado me confirmó mis dudas", dijo.

Nula exigencia

Y asegura que "a fines de 2011 y principios de 2012 se hicieron reuniones producto de los informes técnicos que había contratado Azvi", ya que según su versión en ese momento le empezaron a entregar antecedentes de que "el proyecto no estaba bien, no estaba completo". Dice que consultó por esto al jefe de ingeniería, Juan Jofré, y que este le aseguró que todo estaba bien y que CYGSA era quien buscaba aumento de obras. En definitiva, dice Wilson, "toda la licitación ejecutada fue realizada como si se tratara de un proyecto definitivo, sin embargo en las circulares aclaratorias en algunas de respuestas se mencionaba que se trababa de anteproyectos". Para el ex inspector fiscal todo esto eran condiciones generales que se "debían exigir en las bases de licitación de estas obras de construcción, y que por aspectos que se desconocen fueron omitidas".

Poco más de 24 horas antes de enfrentar una interpelación en su contra, la ministra de Justicia Javiera Blanco acudió ayer al Congreso para participar de la Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Menores (Sename) de la Cámara de Diputados, a la que estaba citada.

Precisamente, uno de los temas que deberá abordar en la interpelación que encabezará la diputada opositora Marcela Sabat (RN) será el número de niños fallecidos en el Sename.

Ese fue uno de los asuntos clave que fueron abordados en la instancia parlamentaria ayer, en la que la secretaria de Estado declinó a entregar números. "Hoy no tenemos la posibilidad de ser rigurosos en entregar una cifra de fallecidos", dijo Blanco en la comisión.

La titular de Justicia -que concurrió a la sesión acompañada por la actual directora del organismo, Solange Huerta- explicó que en toda la historia del Sename nunca se ha trabajado en una cifra de muertos.

"Nunca se trabajó en una cifra de muertos en el Sename, entonces nosotros nos haremos cargo de 37 años en que no se trabajó en esta materia. Estamos trabajando para tener esa cifra. Las cifras del año 2010 no son correctas y se lo digo con todas sus letras. Esto, porque hay mucha información de privados", dijo Blanco, según consignó Emol.

Tras esa declaración, el parlamentario independiente René Saffirio llamó a la ministra a que "diga la verdad".

Carolina Collins

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, insistió en su rechazo a las declaraciones de su par boliviano, David Choquehuanca, quien el domingo sostuvo que está dispuesto a "derramar sangre" por recuperar los supuestos derechos de su país sobre el río Lauca.

"Me causa enorme sorpresa, nunca un canciller en tiempos de paz puede hablar como lo ha hecho, de derramar sangre por supuestos derechos", comentó Muñoz.

El jefe de la diplomacia chilena agregó que "mínimamente, un canciller tiene que tener la prudencia para no hacer declaraciones de este tipo, así que él está yendo demasiado lejos y paralelamente, después de decir estas cosas, llaman al diálogo".

La vía pacífica

Choquehuanca, en declaraciones a un diario boliviano, dijo que "cuando un boliviano ve el Lauca le hierve la sangre...y uno dice: estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro".

Pese al tono de las declaraciones del ministro boliviano, el canciller afirmó que "Chile va a seguir actuando con serena firmeza, pero por la vía de la solución pacífica de las controversias, para eso está La Haya".

Muñoz enfatizó su rechazo a los dichos de su par, afirmando que "esto es altamente irregular, inédito, yo nunca había escuchado, en mi larga vida diplomática, declaraciones tan imprudentes como las del canciller boliviano, no tenemos nada más que agregar. Nos sorprenden estas declaraciones, tomamos debida nota y mantendremos la serenidad, eso es lo importante de parte nuestra". Choquehuanca, por su parte, negó que esté fomentando la violencia hacia Chile. En declaraciones a medios estatales aseguró que "la guerra no trae nada bueno, trae desaliento, dolor, luto, eso nos trae la guerra. No podemos nosotros fomentar la guerra (...) Nosotros rechazamos, Bolivia es un país pacifista, un país que busca la paz". Las declaraciones de Choquehuanca ocurren menos de un mes después de su polémico viaje a Chile, cuando visitó los puertos de Arica y Antofagasta. Dicho viaje gatilló la decisión del Gobierno de comenzar a tramitar el fin a los beneficios que actualmente existen en visas diplomáticas para personeros bolivianos.