Como una "profecía cumplida" catalogó el presidente del colegio de profesores de Valdivia Ángel Toro, al encasillamiento docente, que ubica a los profesionales en cinco tramos de desarrollo, en los que se irán situando los profesores acorde a los resultados obtenidos en sus evaluaciones.

"El Centro de Perfeccionamiento de Investigaciones Pedagógicas tiene un sólo objetivo con este encasillamiento y es empezar a distribuir aquellos dineros que el gobierno ingresó para la carrera profesional docente, y ese dinero, por supuesto que no iba a caer en manos de los profesores, sino que en el fondo detrás de esto hay un gran negocio, que consiste en capacitar profesores que supuestamente estarían mal preparados para hacer clases, por lo que una gran cantidad de profesores quedamos en tramos bajos", señaló Toro.

Tramos

A través del Diario Oficial, ayer fue publicada la resolución mediante la cual el Ministerio de Educación establece el tramo de desarrollo con el que los profesores que estén ejerciendo en establecimientos que reciben financiamiento del Estado, ingresarán a la nueva carrera profesional docente -encasillamiento- que crea el sistema de desarrollo docente.

La nueva carrera se compone de cinco tramos de desarrollo profesional, tres de ellos serán de carácter obligatorio: Inicial, Temprano y Avanzado y dos serán voluntarios: Superior I y Superior II. El avance de un tramo a otro significará la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades y mayores remuneraciones.

Respecto al encasillamiento, la seremi de Educación de Los Ríos Erna Guerra, señaló que "este sistema en su conjunto es uno de los pilares de la reforma educacional en marcha, cuyo objetivo es reconocer la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas generaciones y está en directa relación con el proceso de mejoramiento de la calidad de la Educación".

Victoria Gatica Villegas

Según el informe nacional sobre expulsión escolar de la superintendencia de educación, correspondiente a julio en la región de Los Ríos, entre enero y julio de este año se han recibido siete denuncias por expulsiones, lo que equivale a 1,42% del total nacional.

De acuerdo a las mismas cifras, cuatro de los expulsados en la región son de enseñanza media y tres de enseñanza básica.

Cinco casos corresponden a varones y dos a mujeres. La cantidad es similar a la tendencia nacional, donde los hombres expulsados alcanzan en 76%, mientras que las mujeres un 24%. Los hombres presentan también, una mayor frecuencia de denuncias asociadas a conductas de riesgo, como violencia escolar y maltrato entre estudiantes.

En cuanto a la procedencia de los alumnos denunciantes por expulsión, un 71% se ha realizado de un establecimiento municipal y 29% corresponden a denuncias de establecimientos particulares subvencionados.

Estrategias

Ante este panorama, para el director regional de la superintendencia de educación de Los Ríos Arturo Alvear, "es importante que los colegios realicen y cuenten con estrategias diferenciadas ante las situaciones de conflicto en las escuelas. La labor de los establecimientos es formativa, no punitiva, por ello debe estar dirigida a educar en la convivencia y el diálogo".

En ese mismo sentido, Alvear agregó que "la Ley de Inclusión contempla la medida de expulsión y cancelación de matricula ante situaciones graves, sin embargo, éstas sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente a la convivencia escolar".

Preocupación

Desde la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, ven las cifras nacionales de expulsión con preocupación, debido a que argumentan que no existe en el país una modalidad educativa reconocida por el Ministerio de Educación que adapte metodolgías y modalidades innovadoras para que estos jóvenes puedan volver al sistema educativo.

Para Paulo Egenau, director social nacional de la Fundación Hogar de Cristo, "esta realidad nos molesta enormemente, ya que diariamente somos testigos de las profundas consecuencias que tiene para un niño dejar inconclusa su educación. Estas cifras nos obligan a replantearnos sobre las alternativas reales de oportunidad que como sociedad le estamos entregando a las nuevas generaciones y la necesidad concreta de que el estado forme parte de la oferta pública para que estos jóvenes regresen a clases".

Y puntualizó "esta situación en contextos de pobreza y vulnerabilidad se hace más crítica, dado que el sistema educativo le permite establecer redes sociales más amplias y recibir la formación que permite su inclusión", dijo Egenau.

Tras la realización de un consejo académico, liderado ayer por el rector de la Universidad Austral de Chile Oscar Galindo, los miembros del Sindicato N°1 de Funcionarios de la casa de estudios, se mostraron disconformes con la respuesta de la autoridad universitaria.

Los trabajadores pedían desvincular al decano acusado y sancionado con descuento de sueldo, tras una denuncia de acoso sexual contra una funcionaria; pero las autoridades universitarias se negaron. "Nosotros tuvimos la posibilidad de defender nuestra postura, a través de un manifiesto único y total de todos los trabajadores de la Uach, pero aún el Consejo Académico mantiene su postura de sanción y no de desvinculación de este decano, lo cual es discriminatorio, pues ante un hecho similar anterior, ocurrido con un funcionario, se optó por el despido. Nosotros no estamos diciendo acá si el Consejo hizo o no lo correcto, sino que decimos que las sanciones no son iguales ante el mismo delito", puntualizó Ricardo Cutiño, presidente del Sindicato de trabajadores de la Uach.

Además, el presidente enfatizó en que no descartan medidas de presión más radicales, si mañana la situación continúa igual. "Mientras el acusado no se vaya, nosotros no vamos a retomar nuestras funciones, porque esto es un reclamo muy serio. No descartamos una toma", dijo Cutiño.