Una diligencia realizada por efectivos de la PDI en el Ministerio de Obras Públicas permitió descubrir la desaparición de varios correos electrónicos del jefe de esa cartera, Alberto Undurraga, en los que pedía sanciones por el caso del puente Cau Cau.

Según informó El Mercurio en su edición de ayer, la pesquisa tenía como fin incautar y realizar un respaldo de los computadores, discos duros, notebooks o cualquier otro dispositivo electrónico de uso del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; de la jefa de División Función Legal de esa cartera, Cristina Manterola y de Miguel Carvacho, ex director de Vialidad.

La incautación había sido autorizada por el juez de Garantía Ponciano Sallés, tras la solicitud del fiscal de la zona Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal. Se produjo luego de que una de las tres empresas a las que se les adjudicó el proyecto del puente Cau Cau -Zañartu Ingenieros Consultores- presentara una querella por el delito de prevaricación en contra del ministro Undurraga.

Informe de la PDI

De acuerdo a El Mercurio, un informe de la PDI del 7 de julio, y que se encuentra en la carpeta investigativa de la fiscalía, detalla la incautación. Los detectives sostienen que cuando acudieron al Mop se tomó contacto con el jefe de gabinete del ministro, Gabriel Alemparte, quien "accedió al computador utilizado por el señor ministro Alberto Undurraga Vicuña, autorizado por este último en forma telefónica, por medio del buscador de correo Outlook, no encontrando correspondencia electrónica en los términos propuestos por esa fiscalía".

Luego, se señala que Manterola "ingresó a la herramienta de correspondencia electrónica Outlook, desde donde imprimió 14 correos electrónicos". Sin embargo, se agrega: "Es pertinente hacer presente que el día 17 de junio (un día después de la incautación) se concurrió nuevamente a las dependencias del MOP, específicamente al cuarto piso, tomando contacto con la señora Cristina Manterola, quien, por medio de un acta de incautación levantada en dicho acto, hizo entrega en forma voluntaria de siete impresiones de correos electrónicos direccionados a su casilla por el ministro señor Alberto Undurraga entre el 21 de mayo y el 24 de junio de 2015".

Tras la diligencia realizada por la PDI, Manterola pidió al fiscal del Mop, Álvaro Villanueva, que iniciara un sumario por la desaparición de los correos. Villanueva emitió un oficio, el 20 de junio, instruyendo un sumario "con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades que puedan afectar a funcionarios o servidores públicos de esta cartera de Estado (...) relativas a la desaparición de correos electrónicos desde su casilla de correo institucional".

En la evidencia entregada por Manterola -que también está en la carpeta investigativa- se exhibe un correo en el cual Carvacho señala la necesidad de prorrogar la permanencia en terreno de Zañartu "ante la eventualidad de un abandono intempestivo que pueda realizar Azvi (empresa encargada de la construcción)".

El ministro respondió: "Ok, solo si va de la mano con la suspensión en el registro. Dicho de otra forma, necesitamos sus servicios, pero ello no la exime de la sanción anterior". En otro de los correos -que había salido a la luz pública de manera parcial y que corresponde al 1 de junio de 2015- Undurraga envía sus apuntes de una reunión. Respecto a Zañartu, menciona tres puntos: "-¿Por qué no hay sanción aún?; -Solicitada por mí, por escrito y verbalmente, desde hace meses. Decisión: este miércoles se define sanción". Asimismo, envía por escrito "posibles fallas" de la empresa, entre las cuales está no advertir adecuadamente errores de construcción o el mayor peso del tablero.

La Comisión de Registros decidió emitir la sanción contra la firma el 3 de junio. Consultado al respecto, el Mop señaló: "Cuando la funcionaria Manterola denunció la pérdida de estos correos, inmediatamente el ministro Undurraga instruyó que se iniciara un sumario. Es importante precisar que los correos en cuestión son tres correos copiados a varios funcionarios del Ministerio, por ende hay que dejar muy claro que no se ha perdido ninguna información ni correo en la práctica, y por lo mismo se informó inmediatamente al fiscal del tema".

En el ministerio indicaron que los querellantes intentan "enturbiar y ensuciar (...), incluso consiguiendo de manera irregular correos electrónicos, hecho por el cual se interpuso una querella".

Contraofensiva

Por su parte, el pasado miércoles, Undurraga interpuso una querella en contra del abogado y director de la consultora Zañartu, Claudio Lefever, por los delitos de violación de correspondencia, interceptación de una comunicación privada e intervención del sistema informático, relacionados con la filtración del correo del 1 de junio, que pide sanciones contra Zañartu. En el texto, el ministro acusa que la firma "no solo obtuvo de manera delictiva un correo electrónico privado, sino que lo dio a conocer a medios de comunicación, lo protocolizó (ante notario) y basó en ello sus alegaciones de parcialidad en el proceso sancionatorio".

Sin embargo, dicho correo no fue incluido en la querella de prevaricación que interpuso Zañartu en contra de Undurraga, sino en el recurso de protección presentado el 24 de junio.

Preocupación

Sobre la incautación realizada y los correos desaparecidos, el diputado Bernardo Berger aseguró que "esto se ha transformado en una teleserie donde cada vez que se escarba van apareciendo nuevas sorpresas y enredos que poco contribuyen a darle claridad a un tema tan delicado para Valdivia. Me sorprende una vez más que haya una nebulosa en el actuar del Ministerio de Obras Públicas respecto a contribuir en esclarecer los hechos (...) Nos interesa que en el menor tiempo posible las distintas vías judiciales se puedan resolver".

Como "una medida insólita" de parte del Gobierno Regional de Los Ríos catalogó la senadora Ena von Baer la decisión de cambiar nuevamente y por una segunda vez el diseño y localización del proyecto del puente Los Pelúes en la ciudad de Valdivia, tras el anuncio del Ejecutivo de que sólo se contemplará parte del diseño contratado anteriormente y se deberá realizar uno nuevo.

"Es insólito que el Gobierno Regional anuncie esta medida a la ciudadanía sin ni siquiera responder por la tardanza e incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto. Esto es su responsabilidad. Aquí existe un nivel de inoperancia increíble y una descoordinación completa entre los ministerios y el Gobierno Regional", indicó la parlamentaria.

La senadora recordó que cuando asumió el actual Gobierno estaba en ejecución el diseño del puente por 36 mil millones de pesos y se trataba de un puente colgante. "En vez de ejecutar ese proyecto el Gobierno Regional decide cambiarlo, dando como explicación que los costos eran demasiado elevados. En ese contexto se propone un puente atirantado", dijo.

"Pero hoy nos encontramos con que el nuevo proyecto del Gobierno es mucho más caro que el anterior, entonces no se entiende por qué no se trabajó con el proyecto inicial. Así habríamos ahorrado tiempo y plata", indicó la parlamentaria.