Mabel González

El diputado (DC) Ricardo Rincón renunció a la Comisión de Familia de la Cámara que hasta ayer integraba, luego que se revelara que fue condenado por un caso de violencia intrafamiliar en 2002.

"El diputado Rincón, que ha hecho un aporte muy sustantivo en la Comisión de Familia, sobre todo en materias de la infancia, me ha comunicado su decisión personal, de que para evitar cualquier cuestionamiento a la bancada o al partido, ha decidido dar un paso al lado", anunció el jefe de la bancada de la DC, Fuad Chahín.

La decisión fue informada poco después de que Rincón afrontara los cuestionamientos en una declaración ante la prensa que realizó junto a su actual esposa.

En la oportunidad, el diputado democratacristiano aseveró que "siempre he condenado todo tipo de violencia, sobre todo la de género. Los hechos que están ahí señalado fueron juzgados y también en sede penal". Asimismo, subrayó que en 2006 fue "totalmente sobreseído" de la causa.

"Es mi deber dar la cara y dar las explicaciones (...) Todas las parejas pueden tener una relación compleja y terminarla, y lamentablemente la nuestra terminó judicializada total y absolutamente", expresó el parlamentario.

Reproche de Goic

Mientras, la presidenta de la DC, Carolina Goic, calificó de "grave" la situación de Rincón e informó que la colectividad evalúa pasar al legislador a la instancia de Ética del partido.

"Esto es algo que molesta (...) es una situación que duele, sin duda. Por lo tanto, no solo el rechazo, sino que buscar la forma que esta situación no se repita al interior de nuestro partido", dijo la timonel en CNN Chile.

La senadora recordó que si bien esta situación se produjo hace 13 años, "eso no le resta gravedad a la falta". Por ello, el próximo lunes durante la reunión de mesa directiva, Goic planteará que "sean puestos los antecedentes en la Comisión de Ética, que es la instancia partidaria que tenemos para resolver estos temas".

"Además, es importante que el propio diputado tenga una instancia para hacer sus descargos, para dar su versión y que sea esta la instancia partidaria que determine los pasos a seguir", agregó.

En tanto, el titular de la Cámara, Osvaldo Andrade, expresó en Tele13 Radio que "no hay nada que justifique la violencia intrafamiliar, no hay nada que justifique la violencia contra la mujer. Si así son los hechos, hay que tomar las decisiones al respecto".

Con ello, el diputado Andrade precisó en que de "ser efectivos los hechos, para ser franco pareciera que así es, evidentemente no puede mantenerse el status quo".

El grupo Laureate rechazó y calificó de "desinformadas" las declaraciones emitidas por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien el martes aseguró que la salida a bolsa en Estados Unidos del controlador de las universidades Andrés Bello y de Las Américas se basa en leyes que "colisionan" con la legislación que Chile tiene en materia de educación.

"Rechazamos tajantemente las inapropiadas declaraciones formuladas por la ministra de Educación, ya que de manera desinformada acusa a Laureate Chile de infringir la Ley sin tener un sustento legal que la avale", reprochó la empresa en una declaración pública.

El grupo insistió en que su modelo de negocios está acorde a la legislación chilena y que su ingreso y operación en el país "fueron autorizados por el Estado a través de 6 contratos de inversión extranjera firmados con los diversos Gobiernos que se han sucedido desde el año 2001".

"Laureate es una red educacional global que respeta la legislación vigente en cada país donde tiene presencia, lo que también aplica para Chile. A través de los contratos descritos, Laureate especificó desde un primer momento su rol como miembro de las universidades en el país y como entidad que presta servicios educacionales a éstas", continuó el texto, firmado por el director ejecutivo de la compañía para la región andina, Jesús Villate.

Piden imparcialidad

Según consignó la carta, su respeto a la ley vigente ha sido confirmado por los diversos organismos que han concluido investigaciones respecto de la operación de la empresa.

Laureate expresó que es "grave" que sea la secretaria de Estado quien exprese juicios en momentos en que el Ministerio de Educación lleva a cabo indagaciones a universidades.

"La ley exige que los organismos pertinentes realicen investigaciones serias e imparciales. Ciertamente, sus palabras (de Delpiano) atentan contra dicha imparcialidad y también contra el deber legal de reserva", señaló.

El Ministerio Público descartó ayer la existencia de presiones políticas en el sumario administrativo iniciado en contra del fiscal regional de O'Higgins y quien fue apartado del caso Corpesca, Emiliano Arias, por presuntamente haber infringido la norma que prohibe entregar antecedentes de las investigación.

"No existe ningún cuestionamiento al rol como investigador del fiscal Arias, pero respecto de las declaraciones que realizó en una (entrevista) al medio La Tercera, se pudo advertir que quizás podría haber existido algún manejo no adecuado de los antecedentes que se entregaron", afirmó la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, sobre la publicación en que el persecutor dijo que "puede haber más casos como el de Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos".

Herrera aseguró que para el fiscal nacional, Jorge Abbott, "cuidar la reserva de las investigaciones" siempre ha sido su mayor preocupación.

La remoción de Arias fue rechazada por la Asociación Nacional de Fiscales, que en un comunicado señaló que la interpretación de la norma en cuestión "no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación".

Chile Vamos presentó ayer su ya anunciada acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a raíz de la controversia que surgió por las pensiones de algunos funcionarios de Gendarmería.

El ingreso del texto se produjo un día después de que el diputado (Ind.) René Saffirio presentara una acusación también dirigida a la titular de Justicia, pero por la situación de los centros del Sename.

El libelo del bloque opositor se basa en dos puntos. El primero aborda a la secretaria de Estado por supuestamente haber tenido participación en el abultamiento de las jubilaciones de los funcionarios retirados de la institución, mientras que el segundo acusa a la autoridad de haber realizado nombramientos ilegales de personal.

"La ministra no respetó los dictámenes de Contraloría, ella fue advertida de lo que estaba pasando con las jubilaciones en Gendarmería y, segundo, que Gendarmería actuó como una caja pagadora de favores políticos", explicó el diputado (RN) René Manuel García.

El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, subrayó que este libelo apunta solo a Gendarmería y no al Sename. "Esta acusación se está presentando por una infracción a las leyes y por dejar de cumplir las leyes. Nosotros desde el primer minuto señalamos que íbamos a presentar una acusación constitucional, y cuando uno lo hace, no lo hace haciendo un cálculo político y sumando votos", dijo el legislador, en relación a la minoría parlamentaria con que cuentan, ya que para que la acción prospere deberá ser votada por la Sala.

Más tarde, la Cámara definió a los integrantes de la comisión especial que revisará esta acusación. Entre los sorteados para la instancia -que tendrá mayoría oficialista- se encuentran el diputado Saffirio y la diputada (RN) Marcela Sabat, que estuvo encargada de la interpelación a Blanco el 2 de agosto pasado.