Mabel González

Luego de ocho meses de análisis de los hechos de violencia en la Novena Región, la comisión investigadora Araucanía de la Cámara de Diputados concluyó ayer su trabajo, iniciado en enero de este año, con la aprobación de un informe único que recibió un apoyo político transversal.

El presidente de la instancia, diputado Germán Becker (RN), valoró la actitud de los integrantes del grupo parlamentario y manifestó su deseo de que este reporte, que calificó como el más completo que se ha hecho sobre el conflicto en la región, sea aprobado prontamente por la Sala de la Cámara por una amplia mayoría.

El documento consta de dos secciones: la primera aborda el tema de la seguridad pública, la actuación de las instituciones del Estado en esta materia y el seguimiento de la inseguridad de la población local; mientras que la segunda enumera un conjunto de propuestas destinadas a superar la situación.

El diputado (DC) Mario Venegas afirmó que en la elaboración del informe se buscó dejar de lado las visiones particulares sobre algunos puntos, pues la prioridad, dijo, es "traer mayor paz social y, para eso, estimamos que todas las instituciones tienen que ser más eficaces y se tienen que revisar políticas que están en aplicación hoy".

Algunas de las propuestas apuntan al fomento productivo con el fin de afrontar la pobreza en la región. Por otro lado, hay una crítica generalizada a la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), particularmente a la política de adquisición de tierras.

Asimismo, hay observaciones en contra de la interpretación de la Ley Indígena que permite que se vayan creando más y más comunidades, lo que, según los parlamentarios, hace imposible satisfacer la demanda de tierras que se genera con ello.

Venegas dijo que los integrantes de la comisión esperan ver cumplido el compromiso del ministro del Interior, Mario Fernández, de impulsar una ley especial para La Araucanía que entregue herramientas, estímulos y un tratamiento diferenciado a la zona.

El diputado Jorge Rathgeb (RN), en tanto, sostuvo que el texto terminó por concordar tanto un diagnóstico sobre el conflicto en la zona, como las vías de solución.

"Pretendemos que de las materias propuestas también el Gobierno se haga cargo y podamos tener finalmente normativas que vayan en el sentido de mejorar el clima que hoy día vive la región, que sabemos es la más empobrecida en el país, con los índices de crecimiento más bajos y con un desempleo muy alto", planteó.

Las diputadas Alejandra Sepúlveda (Ind.) y Cristina Girardi (PPD) ingresarán a la Cámara Baja una solicitud para realizar una sesión especial con el fin de que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explique la situación del lucro en el grupo Laureate, controlador de las universidades Andrés Bello y de Las Américas.

Las parlamentarias detallaron a Emol que necesitarán al menos 48 firmas para presentar la petición. De ellas, ya cuentan con más de 30.

Según Girardi, el propósito de la sesión especial es que los legisladores presenten los antecedentes de "qué es lo que han hecho sobre la situación del lucro en la educación superior" y, por otro lado, que la secretaria de Estado "conteste qué es lo que ha hecho ella".

"Yo creo que eso, de alguna manera, va a poner en forma pública cuáles son las investigaciones, cuáles son las acciones que ha hecho el ministerio en relación a este grupo, y no solo con respecto a este grupo, lo que a nosotros nos interesa saber es cómo se ha llevado todo el tema de la investigación de las universidades que están lucrando, que no es solo Laureate", agregó la diputada.

A la instancia también se buscará invitar a Servicios de Impuestos Internos (SII) y al Ministerio de Hacienda, "porque nosotros también les solicitamos a ellos la fiscalización de los distintos grupos que tienen estas universidades".

Sepúlveda, que hace tres años presentó una acusación constitucional contra el entonces titular de Educación, Harald Beyer, aseguró que "están las condiciones" de hacer lo mismo con la ministra Delpiano.

"Creo que hoy están todas las condiciones para que eso ocurra y no vemos reacción del Gobierno", señaló la diputada al citado medio electrónico.

La legisladora enfatizó, no obstante, que aún no está decidido presentar una acción, ya que "no tenemos el mismo apoyo político que teníamos hace algún tiempo (...). En este minuto los abogados lo están estudiando".