Carolina Collins
A través de una declaración pública, el PRO intentó desvincular a Marco Enríquez-Ominami de la gestión del jet privado que utilizó durante su campaña presidencial en el año 2013.
"Marco Enríquez-Ominami nunca estuvo al tanto de los aspectos administrativos y financieros del manejo de la campaña", dice el texto en el que el partido agregó que la directiva "entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami.
En la declaración del PRO, además, señalaron que su vicepresidente, Camilo Lagos, declaró como testigo del caso SQM y que "todo el financiamiento, tanto en campaña electoral como fuera de ella, se ha dado en el marco de la ley".
Enríquez-Ominami acudió ayer a las dependencias del Ministerio Público, tras ser citado a declarar como imputado por la fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, por las presuntas irregularidades vinculadas en el uso del avión, que le facilitó la firma brasileña TAP y que fue arrendado por la empresa OAS, investigada en Brasil por corrupción.
El ex candidato presidencial asistió a la citación acompañado por su abogado, Ciro Colombara, y se acogió a su derecho a guardar silencio, sin entregar una declaración.
Tras reunirse durante 15 minutos con la fiscal Chong, Enríquez-Ominami salió por una puerta lateral, según consignó el diario La Segunda, y no dio declaraciones a la prensa.
La causa
El ex parlamentario está siendo indagado por dos supuestos ilícitos, el de fraude a subvenciones y delitos tributarios. Esto porque luego de que se supo del uso de un jet privado, el fundador del PRO aseguró que todo estaba acorde a las normas y que el gasto había sido declarado ante el Servicio Electoral (Servel), organismo que reembolsa los gastos de campaña según la cantidad de votos de los candidatos.
Enríquez-Ominami detalló que se entregaron al Servel dos facturas, de enero y febrero de 2013, por un total de $59 millones, de la empresa Cono Sur Research SPA, cuyo representante legal es el ex jefe de campaña de ME-O, Cristián Warner.
Sin embargo, posteriormente se supo que los 104 viajes habían sido operados por Air Dispacht, empresa de Carlos Astudillo, quien dijo a la PDI que la firma estadounidense le había pagado a Petrobras por el combustible del avión.
El empresario calculó los gastos por ese ítem en US$2 millones, por lo que se sospecha que Enríquez-Ominami le habría rendido al Servel gastos que no realizó, porque el avión habría sido una donación.
ME-O justifica su silencio
A través de Facebook, Enríquez-Ominami publicó: "reitero una vez más que fui candidato y no fue mi tarea acordar con proveedores. Recorrí Chile para llevar adelante nuestras ideas de cambio". "Fui citado a declarar como imputado y usé mi derecho a guardar silencio. Confío en que todo se aclarará cuanto antes y en la celeridad y buen trabajo de la fiscalía", agregó. Acusó, sin embargo, un trato desigual por parte de la fiscalía. "Es evidente que hay mucho temor al cambio. Eso se ve en una campaña imparable de desprestigio, sólo hay que ver cómo las investigaciones que aquejan a otros, no tienen ni de cerca el mismo despliegue".
