Carolina Collins

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible ayer el recurso de protección presentado el lunes por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en contra de la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott.

La acción penal había sido ingresada el lunes por los abogados Marisa Navarrete y Paulina Carrasco y acusa a Abbott de un actuar "ilegal y arbitrario", tras ordenar un sumario contra Arias por presuntamente haber infringido el artículo 64 de la ley orgánica. Esto, al dar a conocer a la prensa antecedentes reservados del denominado caso Corpesca. Por esa razón, el persecutor fue removido de la causa el pasado 16 de agosto, luego de que en una entrevista a La Tercera dijera que durante la tramitación de la Ley de Pesca "se cometieron delitos" y hubo "corrupción".

La defensa argumentó que en la investigación "no existe indicio alguno de vulneración a la obligación de no emitir opiniones, al haber dado una entrevista al diario La Tercera. Por el contrario, y como se detallará, el fiscal regional cumplió con las instrucciones dadas por la Fiscalía Nacional". Por su parte, Abbott aseguró que no existía un afán por censurar a los fiscales,"en la medida en que no se refieran a investigaciones actualmente vigentes o antecedentes relativos a investigaciones en curso y que no sean producto de información que salga en la audiencias".

Hasta la suprema

Con el recurso, la defensa de Arias buscaba que el sumario en su contra quedara sin efecto. Sin embargo, el tribunal de alzada lo declaró inadmisible. Entre las causas de esa resolución podría estar que la presentación se hiciera fuera de plazo - ya que la acción debe ser ingresada dentro de los 30 días posteriores del acto u omisión arbitraria o ilegal- o que los hechos que la fundan no vulneran las garantías y derechos, según consignó Emol.

Pese a esto, la defensa de Arias dijo que no esperará a conocer los detalles del fallo de la Corte de Apelaciones y anunció que presentarán un recurso de reposición ante la misma sala del tribunal de alzada y que si esa vía no prospera, no descartan recurrir a la Corte Suprema.

Navarrete enfatizó que "hay que actuar ahora". "Ya se ha configurado la vulneración de garantías constitucionales, cuando estimamos que se ha vulnerado, por ejemplo, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de expresión y fundamentalmente también el debido proceso, toda vez que desde el inicio de este proceso sancionatorio, a nuestro juicio, no ha existido la imparcialidad necesaria", explicó.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, continuó ayer su defensa ante la comisión especial que analiza la acusación constitucional presentada en su contra por presuntas irregularidades en las pensiones de Gendarmería y por contrataciones cuestionadas en esa institución.

La secretaria de Estado junto a su abogado defensor, Javier Couso, apuntaron a la redacción y precisión del documento, haciendo ver que tiene "desprolijidades" que, según expuso el profesional, lo "hacen confuso y dificultan el planteamiento de la defensa".

Según apuntó Couso, el texto presentado por la oposición dice que Blanco asumió el cargo el 11 de marzo de 2015, cuando en realidad lo hizo el 11 de mayo del mismo año. Además, apuntó a que se utilizan distintos tiempos verbales y que se le imputan decisiones que habría tomado en 2014, cuando era ministra del Trabajo. Asimismo indicó que se la hace responsable de acciones que no son parte de sus facultades.

"Nos pareció que había defectos que no son dignos de esta Cámara de Diputados. Los acusadores se equivocan ya en la primera página del libelo (...) y no son problemas simplemente de motes, está plagado de errores, yo creo que eso sugiere una enorme improvisación del escrito", dijo el abogado.

Apuntan a Arce

En la acusación se cuestiona a Blanco por instruir al ex director de Gendarmería Tulio Arce el ascenso de algunos funcionarios. La defensa de Blanco aseguró que Arce "no entendió cómo debía ejercer su función", porque no era su labor ejecutar esas instrucciones con absoluta obediencia.

"Él podría haberse negado a una solicitud de la ministra, si él lo hubiera advertido. No es subordinado de la ministra, sino que de la Presidenta de la República. Sí el creyera que la voluntad de la ministra es ilegal o inconstitucional, no sólo debió haberse negado sino que también haberlo comunicado", argumentó el jurista.

El diputado Fidel Espinoza (PS), presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, destacó la "valentía" de Arias, quien dijo que en la tramitación de la Ley de Pesca hubo "delitos". "Si esto está ocurriendo hoy día es porque efectivamente el fiscal Arias le está enviando un mensaje al país: que detrás del caso de la ley de Pesca hay muchos 'peces gordos' que seguramente están pretendiendo ser protegidos, pero me quedo con la valentía que ha tenido de decir: 'mire señor Abbott, me sacó del caso, pero detrás de sacarme del caso hay situaciones que el país debe conocer'", dijo.

Dos accidentes distintos provocaron la muerte de tres trabajadores de la minería. Uno de ellos se produjo en la mina Chuquicamata, de la empresa estatal Codelco, dejando a dos fallecidos, y el otro en la mina El Abra, de la empresa Freeport-McMoRan (FCX), donde un operario perdió la vida.

El primero de ellos ocurrió cuando un camión de extracción (CAEX) aplastó el transfer de relevo en el que se transportaban.

"De acuerdo a los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió este martes, aproximadamente a las 13:00 horas, cuando se encontraban desarrollando actividades al interior del área mina Chuquicamata", detalló la empresa.

"Con profundo pesar, Codelco División Chuquicamata informa el sensible fallecimiento de los señores Carlos Albanez Peña y Daniel Lino Berna, ambos pertenecientes a la Gerencia Mina Chuquicamata", agregaron.

El accidente en la mina El Abra, en tanto, ocurrió a las 5.10 horas, cuando por una falla mecánica se produjo el choque de una locomotora que transportaba ácido, provocando la muerte de un trabajador y dejando a otros tres heridos, incluido el maquinista.

Producto de ambos accidentes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dispuso la suspensión total de las operaciones y la investigación de estos hechos.