Mabel González / Agencias

Cientos de miles de seguidores de la oposición y del Gobierno venezolano midieron ayer fuerzas en multitudinarias marchas en Caracas, a favor y en contra del referendo revocatorio del mandato del Presidente Nicolás Maduro, que enfrenta una creciente tensión política en medio de una devastadora crisis económica.

Maduro, ante una concentración de sus seguidores, aseguró que la marcha de los opositores no superaba las 35 mil personas y que se había derrotado "una intentona golpista". La plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó, sin embargo, que logró reunir a un millón de manifestantes.

"y va a caer..."

Al grito de "Y va a caer, y va a caer, este Gobierno va a caer", los manifestantes opositores con camisas blancas, gorros tricolor y portando banderas venezolanas y carteles que decían "Somos 30 millones de motivos para revocarlo", se agolparon en las principales avenidas del este de la capital en respuesta a la convocatoria de la coalición opositora.

Manifestantes provenientes de diferentes estados como Amazonas, Monagas, Nueva Esparta, Aragua, Carabobo y Guárico se sumaron a la denominada "Toma de Caracas". Algunos admitieron que debieron dejar sus vehículos y sortear a pie los improvisados puestos de control que instalaron las fuerzas de seguridad en las carreteras.

"Nosotros pasamos una hora en una cola por una alcabala (puesto de control) que puso la Guardia Nacional en la carretera y tuvimos que esconder nuestras pancartas y gorras para que nos permitieran pasar", afirmó Isbeida Rodríguez, un ama de casa de 40 años. Añadió que a pesar de los obstáculos decidió viajar más de tres horas desde la localidad central de los Valles del Tuy hasta Caracas "porque queremos salir de esto".

"Los jóvenes se nos están marchando del país. No hay comida, no hay medicinas y la inseguridad nos está arropando", dijo Rodríguez mientras caminaba hacia uno de los puntos de concentración.

La alianza opositora apuesta a realizar este año el referendo, pero el cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de Maduro.

La Constitución establece que de realizarse luego de esa fecha el resto del periodo presidencial deberá ser completado por el Vicepresidente.

Con un apretón de manos, Enrique Peña Nieto, un Presidente mexicano que ya tenía un índice de popularidad en mínimos históricos, pareció sumirse en un foso tras reunirse con Donald Trump.

La reacción en México fue veloz. La perspectiva de que el Mandatario solo saliera perdiendo y de que el aspirante a la Presidencia de EE.UU. se viera reforzado parecía del todo previsible.

"Trump gana poco y Peña Nieto pierde mucho", resumió Javier Urbano, profesor de Estudios Internacionales de la U. Iberoamericana, en México. "Sin duda, mi percepción es que el evento de Trump va a hacer aún más fuerte la baja de aprobación" del Presidente, señaló.

Peña Nieto dijo que los mexicanos se habían sentido agraviados y habían tenido diferencias con Trump, pero en ningún momento logró lo que más quería la población: exigir que Trump se disculpara.

Luego estaba el tema del muro. "Un impenetrable, físico, alto, poderoso, hermoso muro en la frontera sur", como dijo más tarde Trump en Phoenix.

De pie junto a Peña Nieto, el empresario reiteró su promesa de levantar un muro fronterizo, aunque dijo que el tema de quién lo pagaría se comentaría más adelante. Peña Nieto no dijo nada sobre el muro en ese momento. Horas más tarde, Peña Nieto dijo que había dicho de forma clara al comienzo de su encuentro con Trump que México no pagaría la obra.

Su afirmación parecía contradecir las declaraciones del magnate sobre que no se había hablado del pago.

Sin embargo, en su discurso más tarde el miércoles sobre política migratoria, Trump convirtió el muro en la pieza central de su propuesta y reafirmó la promesa que no había repetido en México: "Aún no lo saben, pero van a pagar el muro".

La defensa de la ahora ex Presidenta de Brasil Dilma Rousseff presentó ayer una apelación ante el Tribunal Supremo en la que demanda la anulación de la votación del Senado que la despojó de su mandato y exige la realización de "un nuevo juicio". Rousseff fue condenada con la destitución este miércoles, tras una votación en la que 61 senadores la hallaron culpable de diversas irregularidades fiscales.

La apelación exige de momento la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.

Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la destitución de un Mandatario.

Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que el Estado deberían hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno.

El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga toda violación "de la ley de presupuesto" y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control.

No obstante, en la apelación presentada ayer, la defensa sostiene que esos artículos "no son compatibles" con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, "no incorporó" plenamente el texto legal que los contiene, conocido como "Ley de Impeachment".