Al participar en la ceremonia de entrada en vigencia de la ley de Probidad, la Presidenta Michelle Bachelet destacó ayer las reglas "severas" que establece esta nueva legislación, las que, dijo, contribuirán a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones, tras los casos de corrupción política ocurridos en el país.

"Sabemos que la confianza entre los ciudadanos, las autoridades y las instituciones está debilitada y que la ciudadanía exige más garantías por parte de quienes ejercemos cargos públicos", manifestó la Jefa de Estado.

"Hoy damos un paso importante en materia de generar estas garantías para nuestros compatriotas. Ellos han exigido a sus representantes más transparencia y poner coto a la corrupción y esta es nuestra respuesta", agregó la Mandataria.

Para avanzar en ese objetivo, Bachelet dijo que ahora existen "nuevas reglas del juego, severas, para quienes ejercen cargos de dirección pública y para la relación entre los negocios y la política".

La Presidenta aseguró que esta nueva ley responde a que la sociedad chilena "ya no se conforma con reglas o prácticas que hasta hace poco tal vez imperaban" y que aunque "ha sido difícil" sacarla adelante, era "imprescindible". "La trizadura profunda y riesgosa en la relación entre las élites y la ciudadanía nos obliga a todos a redibujar los mecanismos que nos permitan reconstruir la legitimidad y la confianza", añadió.

Estado de la agenda

Siete son los proyectos de la Agenda de Transparencia y Probidad en la Política y los Negocios que se encuentran promulgados: el de gestión y profesionalización del personal municipal; el de probidad de la función pública; el que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales; el de fortalecimiento y transparencia de la democracia; el de partidos políticos; la reforma que establece cesación de cargos por infracción a las normas de gasto electoral, y la reforma que reconoce la autonomía del Servel.

La Cuarta Corte de Apelaciones de Santiago acogió ayer, de forma unánime, un recurso de protección interpuesto por la defensa del sacerdote John O'Reilly, suspendiendo el decreto de expulsión del país que tenía tras ser condenado por abusos sexuales contra una menor del Colegio Cumbres, donde trabajaba.

El sacerdote de origen irlandés fue condenado hace dos años a cuatro años y un día de libertad vigilada. Posteriormente, en 2015, el Ministerio del Interior le informó sobre el decreto de expulsión, que regiría una vez que O'Reilly terminara la pena. Sin embargo, según consignó radio Bío-Bío, la justicia acogió la tesis de la defensa del sacerdote de los Legionarios de Cristo, la que argumentó que O'Reilly habría sido objeto de un trato desigual, indicando que él era ciudadano chileno cuando cometió los delitos en 2010 y 2012.

El ex ministro Sergio Bitar, un senador PS y otros ex secretarios de Estado, llegaron ayer a la Embajada de Venezuela con el fin de hacer llegar una carta al Presidente Nicolás Maduro en la que pide la liberación del periodista venezolano-chileno Braulio Jatar. El comunicador, quien es director del medio Reporte Confidencial, fue detenido, el fin de semana pasado, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que también allanó la casa de Jatar en la ciudad de Porlamar. El medio que dirige el chileno fue uno de los primeros en dar a conocer las imágenes de una funa realizada contra Maduro el viernes por la noche. "Abogamos por la libertad de expresión y lo que pedimos hoy creo que representa el sentir de la totalidad de los chilenos", afirmó Bitar, al entregar al misiva, acompañado del senador Juan Pablo Letelier (PS) y los ex ministros Mariana Ayl-win, Jorge Burgos y Andrés Velasco. Según contó a La Segunda el economista Ricardo Hausmann, cuñado del periodista, Jatar "simpatizó con el chavismo hasta que (Hugo) Chávez intentó cambiar la Constitución en el 2007".

Luego que la empresa contratista Hyundai solicitara un aumento en el presupuesto para la construcción del Puente Chacao, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó ayer que cualquier costo adicional que se incurra en la realización del proyecto es "responsabilidad del contratista, no responsabilidad del Estado". "El contrato del Puente Chacao es un contrato a suma alzada, no a precio unitario, por lo tanto, cuando hay un problema de aumento de costo de algunos de los componentes es riesgo del contratista, no es riesgo del Estado", expresó el secretario de Estado sobre la iniciativa que unirá la isla de Chiloé con el continente.

Mabel González

Por dos votos a favor y tres en contra, la acusación constitucional presentada por Chile Vamos en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por las altas pensiones de algunos funcionarios de Gendarmería, fue rechazada ayer en la comisión especial que revisó el libelo.

En la sesión de ayer de la instancia, cuyos integrantes fueron elegidos al azar, los diputados oficialistas Jaime Pilowsky (DC), Sergio Ojeda (DC) y Marcelo Schilling (PS), que preside la comisión, determinaron que la acción impulsada por la oposición no procede, por lo que optaron por rechazarla.

Los diputados Marcela Sabat (RN) y René Saffirio (Ind.), en tanto, votaron a favor de la acusación.

El recurso "no cumple con los estándares mínimos de una acusación, por lo que fue refrendada por los abogados constitucionalistas", afirmó Schilling, en referencia a los expertos que recibió la comisión en sus sesiones.

Tras este trámite, el libelo pasará hoy a la Sala de la Cámara, donde será votado por el pleno de los parlamentarios, al igual que la acusación contra la titular de Justicia que fue ingresada por el diputado Saffirio a raíz de la crisis en los centros del Sename.

Con la votación de ayer, ambas acciones llegan a la Sala con informes negativos. La sesión está programada para las 10.30 horas.

Caso sename

En el caso del recurso por las supuestas irregularidades en el Servicio Nacional de Menores (Sename), la discusión se abrirá con la presentación del informe de la comisión especial que se encargó de analizar la acusación, la que fue presidida por la diputada Karol Cariola (PC) e integrada por los diputados Issa Kort (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN), Iván Flores (DC) y Leonardo Soto (PS).

Posteriormente, la parte acusada podrá exponer la llamada "cuestión previa", es decir, los argumentos que la defensa sostiene para impugnar la procedencia de la acusación, porque, a su juicio, no cumple con los requisitos formales establecidos en la Constitución.

Cuestión previa

Después de escuchar a los diputados que conformaron la comisión, la Sala votará si acoge o no la cuestión previa De ser votados favorablemente los argumentos de la defensa, se considerará la acusación como no interpuesta y no podrá renovarse la discusión sobre su procedencia y nadie podrá insistir en ella.

Por el contrario, si la Sala estima que existen elementos constitucionales y, por ende, rechaza la cuestión previa, se pasaría a discutir y votar cada uno de los tres capítulos que se presentan contra Blanco: infringir la Constitución, dejar las leyes sin ejecución y haber comprometido gravemente el honor de la nación.

"(El libelo) no cumple con los estándares mínimos de una acusación, por lo que fue refrendada por los abogados constitucionalistas".

Marcelo Schilling (PS), Pdte. comisión especial"