El Juzgado de Garantía de Mariquina es el único en el país donde se le asigna un abogado a las víctimas de todos los delitos. Actualmente, el sistema judicial chileno garantiza un abogado para el imputado, mientras que el fiscal se encarga de investigar los delitos y -si el caso lo amerita- llevar ante los tribunales a los imputados. En los juicios, el fiscal defiende los intereses del Estado con un principio de objetividad.

¿Qué pasa con la víctima? Puede no tener abogado o, si lo desea, contratar a uno privado. Sin embargo, desde 2015 el Juzgado de Garantía de Mariquina comenzó a suscribir convenios con diferentes instituciones públicas con el objetivo de que a las víctimas también tengan representación a través de un abogado. Ya se han firmado cuatro convenios, con Sename, Sernameg, el Programa de Igualdad de Género de la Municipalidad de Mariquina y el Programa de Apoyo a las Víctimas de Delitos Violentos, del Ministerio del Interior.

El sistema

Este sistema de trabajo fue propuesto e implementado por la magistrado Isabel Peña, quien relata que la idea nació luego de que llegara al tribunal un complejo caso de abuso sexual. Unas niñas habían sido las víctimas. Ellas eran adoptadas y el presunto culpable era su padre adoptivo.

"Me pareció que teníamos una deficiencia grave, porque no teníamos a un adulto responsable que protegiera a estas niñas o pudiera hablar desde ellas. Uno de los derechos esenciales que establecen las convenciones internacionales, incluso la ley chilena, es que los niños tienen derecho a ser oídos", explica.

En ese momento la jueza recordó que en el año 2011 se creó una ley para proteger a los niños extranjeros que son víctimas de tráfico de personas. Se revisan sus antecedentes y al no existir alguien que ejerza sus derechos, el juez de oficio debe designarle un abogado que los represente.

"Me pareció que si para los niños extranjeros existía esta posibilidad y el juez -además- tenía que tomar medidas en su protección, con mayor razón teníamos que hacer algo similar para los niños chilenos. Me parecía grave lo que ocurría, porque se vulneraba los derechos de los niños en audiencia. El imputado contaba con su abogado defensor pagado por el Estado, lo que me parece excelente; el fiscal representa al Estado pero su objetivo es la sanción penal y no la reparación de la víctima; me faltaba una persona que representara los derechos de las víctimas y sentía que el sistema procesal penal requería igualdad de condiciones", cuenta.

Isabel Peña se contactó con el Sename de Los Ríos, institución que cuenta con abogados para representar los derechos de los niños. A través del programa Reparación y Justicia se coordinó el trabajo. "Esto quedó establecido para todas las causas, para que empiecen con todos en igualdad de condiciones", destaca.

Luego, comenzaron los convenios con otras instituciones que poseen abogados para otro tipo de delitos, como la violencia intrafamiliar, la violencia con grado de parentesco u otro delito violento. "Solo había que coordinar", destaca.

-¿Por qué ha sido importante para las víctimas contar con este apoyo legal?

- Nosotros somos un país que perdió la enseñanza de la educación cívica, entonces la víctima llega a la audiencia sin entender nada. Llega molesta, cansada y sintiéndose vulnerable. Contar con un abogado significa que alguien está ahí para explicarle el proceso. La materia penal es muy técnica y hablamos en un lenguaje que entiende el fiscal, el defensor, el abogado, pero no la víctima. Además, la víctima quiere una solución real y para eso se requiere que ella misma pueda explicarle a un abogado lo que necesita, para que este converse con el otro abogado y se arregle el problema. Realmente se ha notado el cambio, las víctimas sienten que alguien las escuchó, vienen claritas y no tienen otra expectativa que no sea la que de verdad pueden lograr. Lo que estamos haciendo es respetando el derecho básico de las víctimas a la defensa legal, nada más que eso. La gracia de todo esto es que los convenios que tenemos son con instituciones que tienen programas que no solo entregan asesoría legal, también trabajan con psicólogos y asistentes sociales, por lo que también hay reparación para la víctima cuando hay daño emocional.

-¿Por qué piensa que la Reforma Procesal Penal no consideró esto?

- Creo que tiene que ver con un tema de recursos. Crear una institución que represente a las víctimas significa recursos. Esta es mi opinión personal, yo creo que se dijo: el imputado tiene un abogado y el fiscal va a representar al Estado con un principio de objetividad. Por lo tanto, de cierta forma, igual va a beneficiar a la víctima, pero uno se da cuenta con el desarrollo del oficio de que al fiscal no le alcanza el tiempo para explicar todo a la víctima.

-¿La implementación de estos convenios han significado un costo extra?

- El tribunal no ha gastado un peso más en esto. Lo que se ha hecho, simplemente, es coordinar el trabajo de todos los entes públicos para que podamos realizar nuestra labor y las personas sientan que estamos respetando sus derechos. Sí ha significado un trabajo extra, de reuniones de coordinación y también para los funcionarios. Creemos como tribunal que la justicia es más que resolver un caso, es solucionar un problema. Para eso se necesita estar en igualdad de condiciones. Se ha visto que la gente se siente más tranquila y el fiscal y el defensor no han tenido ningún inconveniente por trabajar así. Es importante destacar que las víctimas no han perdido su derecho a contratar un abogado particular, nosotros lo que hacemos es ofrecerle uno gratuito.

-¿Cómo evalúa los resultados a un año de la implementación?

-Yo creo que todos deberíamos hacer esto. Los jueces tenemos obligaciones que van mucho más allá de la ley. No estamos obligados únicamente a dictar sentencias y tomar audiencias. Estamos obligados a hacer justicia, que incluye mucho más que resolver un caso concreto. Incluye preocuparse de todos los intervinientes. Tener un abogado es un derecho esencial de la víctima y cuando lo entregamos, ahí estamos haciendo el trabajo completo. Hay dos formas de ver las cosas, uno es decir que no hay recursos. Ese para mí es el mínimo esfuerzo y lo hay que hacer es el máximo. Coordinarnos requiere trabajo, pero no más recursos.

-¿Existe interés por parte de otros tribunales en replicar este sistema?

-Hace poco estuve en un seminario internacional de implementación jurídica en Santiago, con cien jueces del país. Con algunos de los colegas conversamos este tema y me pidieron que les enviara la información. Además, el ministro de la Corte Suprema estuvo acá y también le enviamos la información. La gente está conociendo lo estamos haciendo y que se requiere solamente voluntad.

4 convenios ha desarrollado el tribunal de Mariquina con organismos públicos como el Sename, el Centro de la Mujer de Mariquina y el Ministerio del Interior.

2015 fue el año en el que comenzaron a implementarse los convenios, todo comenzó con uno firmado con el Servicio Nacional de Menores.

2014 llegó a trabajar hasta el Juzgado de Garantía de Mariquina la magistrado Isabel Peña, quien antes se desempeñaba en el Tribunal de Familia de Paillaco.