Luego de dos días de ponencias y debates, a las 18:00 horas de ayer finalizaron las VIII Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, organizadas por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile.

Un total de seis temáticas fueron abordadas en el encuentro, entre ellas "Daño ambiental: Individuo, sociedad y naturaleza", sobre los derechos de agua, creando una instancia de discusión acerca de la regulación constitucional y legal del agua; y "Aspectos problemáticos de la reparación del daño ambiental". En él participaron Pedro Harris (analista del Área de Análisis Legal de la Biblioteca del Congreso Nacional) con el tema "El daño ambiental sobre cosa propia: ¿Una fuente de solidaridad?" y Felipe Guerra (abogado del observatorio ciudadano) con la ponencia "Reparación del daño ambiental en los territorios de los pueblos indígenas: Una aproximación a partir de los estándares interamericanos de derechos humanos".

Derecho ambiental

Harris, destacó de su exposición que "lo paradójico es que la ley de base del medio ambiente no se refiere a la solidaridad de manera expresa, en materia de daño ambiental, por lo tanto el derecho civil, que regula los derechos comerciales, entre las personas que es un derecho individualista y no solidario, suple al derecho ambiental público y lo transforma en solidario, desde el punto de vista del daño ambiental".

Finalmente, Guerra explicó en profundidad -apoyado en casos ocurridos en Paraguay y Surinam- cómo los estándares interamericanos han jugado un rol fundamental en cuanto a la reparación del daño ambiental en territorios de pueblos indígenas.

"Hay que definir cuáles son los estándares que se han desarrollado para la reparabilidad del daño ambiental en territorio de pueblos indígenas. Los órganos interamericanos han afirmado que los tribunales nacionales juegan un rol importante en garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas y una forma de garantizarlo, es mediante el acceso a recursos efectivos, expeditos, justos y equitativos", dijo.

Las jornadas fueron realizadas por estudiantes de Derecho, con el respaldo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.

Equipo Diarioaustral

La Subsecretaria de Previsión Social Julia Urquieta, participó ayer en una jornada orientada a promover el sistema de pensiones en Chile y difundir la propuesta del Gobierno para concretar un acuerdo nacional sobre un nuevo sistema de pensiones. En la actividad participaron autoridades regionales e invitados. Fue en dependencias del IPS. Además, la autoridad se trasladó hasta un canal de televisión local, hasta donde también llegaron dirigentes de la coordinadora regional NO + AFP para protestar.

Aurora Delgado, vocera de la coordinadora dijo que la visita de la subsecretaria fue una mala señal del Estado. "Nos reafirma no quieren conversar con la coordinadora, porque no cree en lo que nosotros decimos. La subsecretaria dijo en su alocución que en Chile existe un sistema tripartito, mixto, solidario y universal, y eso es una mentira, porque actualmente existe el sistema de administración de fondos de pensiones manejadas por organizaciones con fines de lucro. Nosotros encontramos que efectivamente el gobierno hace oídos sordos a la gran demanda de la ciudadanía. No valida la presentación de la coordinadora que indica que el sistema actual es insuficiente. aquí lo que se hace es montar un escenario para decir que los trabajadores están en una conversación con el gobierno, y no es así, porque establecer un diálogo con la subsecretaria es estéril. La representante del gobierno sigue validando un sistema que empobrece al trabajador chileno".

Subsecretaria

En su visita, Urquieta, señaló que la Presidenta ha planteado pasar a un sistema mixto, tripartito y solidario. "Ese anuncio requiere tiempo para recopilar las propuestas ciudadanas y políticas que nos lleven a mejorar nuestro actual sistema previsional", precisó. Y agregó: "Los esfuerzos por alcanzar este objetivo se comenzaron a ver reflejados en el anuncio presidencial del aumento del 10% del monto de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario, el cual comenzaría a regir desde enero del 2017".