La Cámara de Diputados dio ayer un paso histórico, al aprobar la elección popular de los intendentes, quienes pasarán a llamarse "gobernadores regionales" y serán la máxima autoridad local, generada por la comunidad. Durarán cuatro años en su cargo, podrán ser electos por mayoría, siempre que esa cifra equivalga al 40% de los sufragios emitidos y serán reelegibles, hasta por un períodos más.
Junto a ellos existirá la figura de representantes de la Presidencia de la República, que se denominarán "secretarios regionales" y "secretarios provinciales", según el territorio en que se desempeñen.
De este modo se dibuja una administración política nacional unitaria, pero más descentralizada que la actual, que podría comenzar a operar desde 2017, si es que el proceso legislativo que ahora sigue (paso al Senado) se desarrolla en los plazos esperados. Sobre todo si la Ley Orgánica respectiva -que permite el mecanismo de elección directa- es despachada antes de marzo próximo.
También se debe aprobar antes el proyecto que transfiere competencias a las nuevas autoridades y frente al cual podría haber una discusión más larga. Actualmente se plantea el traspaso de más 70 atribuciones del Ejecutivo, pero un amplio sector político cree que ellas no son las indicadas, ni las suficientes, para que el gobernador efectivamente lidere los destinos de su región y no se limite a ser una figura honorífica, mientras el "secretario" ejerce el poder real.
Por otra parte, también sería aconsejable una norma que defina con mayor claridad el rol de los consejeros regionales en el nuevo escenario que se desplegará. Este tema no es una condición para que se produzcan las elecciones regionales, pero claramente será importante para el futuro desempeño y convivencia cotidiana de las autoridades.
Así visto, el camino que queda aún es largo. Y es necesario recorrerlo con prudencia, para que el paso de ayer en la Cámara efectivamente sea el primero de muchos para una verdadera descentralización nacional de largo plazo. Porque esa meta no se alcanza con sólo ir a las urnas, sino cuando se pueda decidir el futuro desde cada territorio, de acuerdo a la realidad local y con los recursos adecuados.