Una buena noticia nacional sería que este fin de semana llegaran a acuerdo los representantes del gobierno y los trabajadores del sector público, para que el paro de actividades que estos mantienen hace dos semanas finalizara. Hasta el cierre de esta edición anoche, sin embargo, no había señales en esa dirección, lamentablemente.
Muchos son los efectos negativos que este problema laboral ha traído para la comunidad nacional y regional. Entre esos efectos, quizás, el más visible y molesto es la falta de aseo. En Los Ríos, por ejemplo, la ausencia de recolección de basuras, ha obligado a destinar recursos especiales para planes de limpieza de emergencia, pero que no dan abasto para la cantidad de desperdicios acumulados en las calles de las comunas.
Más allá de estas molestias prácticas cotidianas, el paro tiene también otro efecto: recordarnos la situación laboral dispar que enfrentan los trabajadores del área estatal.
La legislación chilena prohíbe expresamente que en el servicio público se realicen huelgas y se negocie colectivamente, también que existan sindicatos. Esto, porque no se rige por el Código del Trabajo, como sí lo hace el sector privado.
Pese a lo anterior, hay organizaciones gremiales, paros y negociaciones de facto cada año, sin regulación alguna. Es decir, la ley no responde a la realidad y no se respeta. Eso indica, claramente, que es necesario hacer cambios y normar las relaciones laborales entre el Estado y sus casi 700 mil empleados en Chile, para que se establezcan mecanismos de negociación y para terminar con problemas como la precariedad del empleo o los sueldos que se consideran bajos, temas que también son parte de la protesta.
Es cierto que ha habido beneficios que se aplican desde 2014 (plan de retiro, bonos, PMG); pero a juzgar por la situación actual, parecen no ser suficientes.
Esta discusión es muy antigua en el país. Pero no se soluciona. Se vuelve a ella cada vez que una protesta hace visible el problema y trae como consecuencia la desatención de la comunidad (en salud, escuelas, servicios varios) convertida en herramienta de presión sobre la autoridad, ante la falta de acuerdos.