Mabel González

Un proyecto de ley sobre migraciones que se base en derechos y no en restricciones solicita al Gobierno la llamada "bancada por la migración", conformada por diez diputados y coordinado por Claudio Arriagada (DC).

Poco antes de reunirse con el ministro del Interior, Mario Fernández, para abordar la iniciativa que prepara el Ejecutivo, el parlamentario democratacristiano indicó que el grupo de legisladores busca que el texto legal "reúna ciertas convicciones basadas en los derechos de las personas, que es lo que nos importa: que esté basado en derechos y no en restricciones".

"Creemos en todos los elementos de control que sean necesarios para que personas indeseables lleguen a nuestro país, pero que eso no implique menoscabar derechos que están consagrados", sostuvo Arriagada a Emol, en medio del debate que se generó después de que sectores de Chile Vamos instaran a dar mayor regulación al ingreso de migrantes al país.

"prejuicios"

Después de que figuras políticas como el ex Presidente Sebastián Piñera y el senador Manuel José Ossandón señalaran que existiría una relación entre delincuencia y extranjeros, el diputado Arriagada aseveró que "no se puede partir sobre la base del prejuicio, la desconfianza de que todo el mundo viene a delinquir, sino que esas personas sean sujeto de derecho como cualquier ciudadano chileno, en las mismas condiciones, y a partir de eso se regulen otras preocupaciones, pero que no sea ese el centro".

El legislador oficialista detalló que el encuentro que la bancada tenía previsto sostener ayer con el ministro Fernández fue solicitada hace tres semanas, "con anticipación", pero que había sido suspendida a raíz de los dichos que emitió el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Gobierno, Rodrigo Sandoval, quien aseguró que no habría proyecto de ley sobre migraciones durante la administración de la Presidenta Bachelet.

A la discusión se sumó ayer el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien manifestó que "el inmigrante ayuda al desarrollo del país" y que "pueden haber casos puntuales" de extranjeros que delinquen. "Esos casos puntuales tienen que verse de acuerdo a la legislación chilena y, si cometen un delito, tendrán que estar presos como lo está un chileno también", dijo al ser consultado sobre si existía un aumento en la tasa de delincuencia con la llegada de personas de otros países.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo ayer que la Universidad Arcis, "no es sustentable en el tiempo" y que "por lo tanto, hay que poner un administrador no temporal, sino de cierre" en ese plantel. Con respecto a qué ocurrirá con los cerca de 400 estudiantes que aún quedan en ese plantel, la ministra indicó que están analizando la opción de que "puedan terminar todos sus estudios probablemente con la Universidad de Chile". Más tarde, el rector de esa universidad pública, Ennio Vivaldi, aseguró que como institución estarían "disponibles" a recibir a estos alumnos.

La Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición activa a EE.UU. de Armando Fernández Larios y del ciudadano estadounidense Michael Townley Welch, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de la secretaria de Orlando Letelier, Ronnie Moffitt, ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washignton D.C.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm- aprobó la petición elevada por el ministro en visita Mario Carroza, quien procesó en junio pasado a ambos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como autores del homicidio de la secretaria de Orlando Letelier. De acuerdo con el fallo, se cumplen los requisitos para solicitar la extradición de Fernández y Townley establecidos en el tratado suscrito entre Chile y Estados Unidos en 1902. Letelier y su secretaria fueron asesinados mediante una bomba activada por control remoto que se encontraba colocada debajo del auto en que se desplazaban.