Mabel González / Agencias
La justicia argentina determinó ayer el procesamiento de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.
Sin bien la ex Jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.
El caso
El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la ex Jefa de Estado ya declaró como investigada en octubre, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido ex Presidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Ercolini ordenó, además, contra Fernández un embargo de 10 mil millones de pesos argentinos (unos US$ 664 millones) y el procesamiento de, entre otros, Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López.
La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, y vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez. En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
El magistrado señaló que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados- habrían formado parte de una asociación que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
Los argumentos del juez
En el caso de Cristina Fernández, el juez Ercolini señaló en su resolución que "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno". A su salida de los tribunales cuando fue citada a declarar, en octubre, Fernández dijo que se siente víctima de "una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" puesta en marcha por el actual Ejecutivo.
